Los planes de pensiones no acaban de arrancar en España y, en algunos aspectos, incluso han retrocedido. Su patrimonio a 30 de septiembre rondaba el 10% del PIB, muy por debajo de los porcentajes registrados en otros países de nuestro entorno. El modesto nivel de los salarios y la tendencia a concentrar el ahorro para la jubilación en activos inmobiliarios explican este fenómeno.

Al término de los nueve primeros meses del año había en España ocho millones de personas con al menos un plan de pensiones, según los últimos datos proporcionados por la patronal que agrupa a las sociedades de inversión colectiva, Inverco. El dinero acumulado ascendía entonces a un total de 109.244 millones de euros.

La mayor parte de ese patrimonio correspondía al planes individuales, que son los que ofrecen las entidades financieras a sus clientes (72.530 millones). Más modesta era la dotación de los planes de empleo, constituidos por las empresas para sus trabajadores (35.811). A gran distancia de los otros dos se encontraban los planes del sistema asociado, que promueven sindicatos y otras organizaciones (903).

Uno de los atractivos de esta fórmula de ahorro es la posibilidad de desgravar en el Impuesto sobre la Renta las aportaciones realizadas, aunque eso no ha impedido que el número de partícipes vaya retrocediendo. De ahí que, en los últimos meses de cada año, los promotores (en su mayoría bancos) redoblen su actividad de captación, apoyada tradicionalmente en fuertes campañas publicitarias.

En paralelo a ellas, suelen menudear mensajes no tan comerciales, pero que contribuyen al mismo objetivo de predisponer a la opinión pública en favor de los planes de pensiones. Su denominador común es subrayar los problemas por los que atraviesa el sistema público y las ventajas de la alternativa privada.
En tal sentido se han manifestado durante los últimos días destacados dirigentes de la patronal de seguros, Unespa, y de la propia Inverco, aprovechando los foros en los que han intervenido.

Una idea en la que vienen insistiendo es en la conveniencia de adoptar en España una fórmula similar a la vigente en países como Reino Unido o Alemania, donde a los trabajadores -salvo que digan lo contrario- se les retiene un porcentaje de su salario bruto para productos de ahorro complementarios de la Seguridad Social (planes de pensiones, fondos de inversión, seguros de jubilación) y la empresa aporta otra cantidad igual, a cambio de beneficios fiscales.

A esta fórmula semiobligatoria están acogidos actualmente unos 16 millones de alemanes. Si se aplicara en España, con una retención del 2% sobre los salarios, el patrimonio de los planes de pensiones prácticamente se duplicaría, hasta superar el 20% del PIB.

Para la banca se trata de un apetitoso pastel, no sólo por las comisiones que generaría, sino también por las oportunidades de negocio que le abriría el manejo de tan significativo volumen de recursos. Los trabajadores, en cambio, pagarían por partida doble: al sistema público (de reparto) y al privado (de capitalización).