Sólo dos de cada tres empleadas del hogar están dadas de alta en la Seguridad Social, una situación que aunque se ha dado la vuelta en los últimos nueve años denota aún un alto porcentaje de fraude laboral existente.

El pasado mes de junio había 424.395 personas cotizando en el sistema especial de empleados del hogar dentro del régimen general de la Seguridad Social, según los datos del Ministerio de Empleo consultados.

No obstante, eran 617.400 las personas que aseguraban estar ocupadas en actividades del hogar como personal doméstico, según la Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al segundo trimestre del año, de las que su mayor parte (541.300) eran mujeres.

Estos datos revelan que sólo el 68,7% de estos empleados está dado de alta en la Seguridad Social, una tasa que ha mejorado respecto a los cinco últimos trimestres, aunque la más alta se alcanzó hace exactamente dos años, cuando el 70% de estos empleados cotizaban.

El número de trabajadores domésticos cotizantes a la Seguridad Social se ha mantenido prácticamente estable desde que en 2012 se integró el antiguo régimen especial de empleados del hogar dentro del régimen general, aunque como un sistema especial.

Ese año, la afiliación en este sector se incrementó en más de 130.000 personas, debido a la afloración de empleo sumergido, pero también a que la norma introdujo la obligación de dar de alta y cotizar desde la primera hora, ya que hasta entonces no era necesario hacerlo por un trabajo inferior a 72 horas mensuales.

Entre las medidas que se pusieron en marcha en ese momento para "animar" a las familias a dar de alta a los empleados de hogar estuvo la reducción del 20 % en las cuotas a la Seguridad Social que, de forma imprevista, el Gobierno dejó de aplicar hace un mes al no incluir una prórroga expresa en los Presupuestos de 2017. Sí se mantiene la bonificación del 45 % para las familias numerosas.

Control del fraude

Desde el PDeCAT ya han avanzado que pedirán al Gobierno que recupere esa reducción y han advertido que eliminarla puede favorecer el incremento de la economía sumergida en este sector donde el fraude laboral sigue siendo elevado.

Entre los motivos de ese fraude, están las dificultades de control por parte de la Inspección de Trabajo, tal y como ha asegurado la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.

Y es que, en la actualidad, los inspectores de trabajo no pueden acceder a un domicilio particular, por lo que el sindicato ha pedido que se modifique el real decreto de la Inspección de Trabajo para regular su actuación en los casos en los que se lleva a cabo una labor remunerada en un hogar.

"Hay muy pocas mujeres que realizan trabajos domésticos y están dadas de alta a la Seguridad Social", ha explicado Antoñanzas.

Este es uno de los asuntos que, a su juicio, deben implementarse de cara al fin del periodo de aplicación del sistema especial, el próximo 1 de enero de 2019, momento a partir del cual el tipo de cotización y la distribución entre empleador y empleado serán las establecidas para el régimen general.

Desde el PDeCAT también piden más medidas sobre este tema como que la contratación de servicios domésticos desgrave en el IRPF, en línea con el modelo francés.

En 2017, el tipo de cotización por contingencias comunes del sistema especial de empleados del hogar es del 26,50 % (22,10 % a cargo del empleador y 4,40 % a cargo del empleado), una cuantía que se incrementa a razón de 0,90 puntos porcentuales cada año.

El régimen general tiene un tipo de cotización del 28,30 % (23,60 % a cargo de la empresa y 4,70 a cargo del trabajador), de forma que para 2019 la cotización del sistema habrá alcanzado la del régimen general.

En cuanto a las bases de cotización, éstas se determinan en función de la retribución percibida por el empleado del hogar y oscilan entre los 161,29 y los 826,44 euros mensuales, unas cifras que se actualizan anualmente en función del incremento del salario mínimo y que en 2019 no podrán ser inferiores a la base mínima del régimen general (actualmente en 825,60 euros).

Para Antoñanzas, es injusto que a partir de 2019 únicamente se equiparen las bases de cotización, ya que esos trabajadores también deberían tener derechos como la prestación por desempleo y otros en materia de riesgos laborales.

De cara a la extinción del sistema especial, Antoñanzas ha pedido al Gobierno que cree una mesa de trabajo con los agentes sociales.