Las tres autopistas de peaje en las que el Gobierno ha anunciado que quitará el peaje una vez que este año y el que viene concluyan su plazo de concesión registran un tráfico de 16.825 usuarios al día y generan ingresos de 370 millones de euros al año.

Se trata de la AP-1 Burgos Armiñón, una vía que actualmente explota el grupo Itínere, participado por Sacyr, así como de la AP-4 Sevilla-Cádiz y del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, en ambos casos titularidad de Abertis.

Esta decisión, puede sentar un precedente para las tres que terminan su concesión en 2021, el tramo de la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

En el caso de la AP-1, se trata de una vía abierta al tráfico en 1984, de 84,3 kilómetros de longitud, que forma parte del eje de comunicaciones entre el centro del país y Europa a través de Francia. La autopista registra actualmente una intensidad media diaria de tráfico de 16.321 vehículos, según los últimos datos de la estadística del Ministerio de Fomento, la de cierre del pasado mes de abril.

Según la patronal del ramo Seopan, los extranjeros llegan a suponer en los meses de verano hasta el 50% del total de usuarios de la autopista, que requiere una ampliación estimada en 327 millones de euros.

De su lado, la AP-4 Sevilla-Cádiz, de 93,82 kilómetros de longitud, es la que más tráfico registra, unos 18.343 usuarios diarios, mientras que la AP-7 cuenta con 16.814 vehículos al día en el trazado entre Tarragona y Valencia, de 225,3 kilómetros de longitud, y con otros 15.824 tránsitos diarios entre la ciudad del Turia y Alicante, de 148,5 kilómetros. Abertis agrupa a través de la sociedad filial Aumar estas dos concesiones, con las que ingresa unos 302 millones de euros al año, según datos del grupo.

Precisamente, esta compañía es la que más se va a ver afectada por el vencimiento de plazo de explotación de autopistas en los próximos años, cuando afronta la conclusión de 1.008 kilómetros de vías. Estos vencimientos representan casi las dos terceras partes del total de 1.559 kilómetros de vías que la compañía gestiona en España

Además de los tramos mencionados, Abertis afronta la conclusión en 2021 de Acesa, filial que explota 479 kilómetros de pago en Cataluña (la AP-7 La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona), la AP-7 Montmeló-El Papiol y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo). Asimismo, en ese año, el grupo ve concluir la concesión de 66 kilómetros de autopistas regionales, la C-31/C-32 Montgat-Palafolls y la C-33 Barcelona-Granollers.

Impacto en las cuentas públicas

La supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las arcas públicas sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.

El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos.

El anterior Gobierno decidió no prorrogar los plazos de concesión de su explotación de cincuenta años con que contaron las empresas que las construyeron y que las vías revertieran al Estado. No obstante, emplazó a un debate entre los principales partidos para determinar si las vías volvían a sacarse a concurso para que de nuevo fueran explotadas por empresas privadas o bien pasaban a formar parte de la red de carreteras del Estado.