El coste que el Estado afrontará por el rescate de las nueve autopistas en quiebra aún no está cuantificado y, por ello, no se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, si bien se costeará a cargo del Fondo de Contingencia y tendrá impacto en el déficit público de 2018.

Así lo indicaron el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, durante la presentación de las cuentas públicas en el Congreso. "Es un proceso consecuencia de sentencias judiciales, que genera un crédito que ha de atender el Estado en su momento, y por eso no figura en el programa de gasto de los Presupuestos", detalló Montoro sobre el rescate de las autopistas.

"Cuando el crédito tenga que afrontarse, el Estado debe tener capacidad para pagarlo y tendrá un impacto determinado en el déficit de 2018", reconoció el titular de Hacienda.

De su lado, Nadal añadió que se trata de un importe que aún no está determinado, pero que se sufragará con el Fondo de Contingencia, que en las cuestas del Estado para 2018 está dotado con 2.397 millones (un 1,2% más que en 2017).

Además, secretario de Estado de Presupuestos recordó que la cuantía en que se calcule el coste del rescate es preciso descontar lo que Fomento espera obtener con la relicitación de las nueve vías quebradas, un concurso en el que espera obtener hasta 1.000 millones de euros.

En virtud del rescate de las autopistas quebradas que actualmente aborda el Ministerio de Fomento, el Estado tendrá que pagar a las actuales sociedades concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que aún no han amortizado por el cobro del peaje.

El Ejecutivo cifró en unos 2.000 millones este coste en el último plan de estabilidad remitido el pasado año a Bruselas, si bien los acreedores de las vías lo elevan hasta 4.500 millones.

El Ministerio de Fomento está comenzando a asumir las autopistas que están alcanzando la fase de liquidación en los procesos concursales que están inmersas desde 2012, cuando quebrados por el desplome de los tráficos y los sobrecostes de las explotaciones.

Una vez que se rescindan los actuales contratos de concesión, el Estado contará con un plazo de seis meses para determinar y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, el referido pago por las inversiones que supusieron la construcción de las vías. No obstante, dado que parte de las vías no se han liquidado aún y, por ello, no se ha calculado esta RPA, la factura del rescate aún no se ha incluido en los Presupuestos.

Además, Fomento prevé sacar a concurso en la segunda mitad del año las autopistas para volver a ceder su explotación a empresas privadas. Con este proceso espera obtener entre 700 y 1.000 millones de euros, cuantía que destinará a amortiguar el impacto del pago de la RPA.