La Audiencia Provincial de Castelló ha concluido el juicio del caso Castor absolviendo a los que fueron directivos de la compañía Escal UGS en el momento en el que se produjeron los seísmos a causa de las inyecciones de gas. 

Los acusados eran José Luis Martínez Dalmau, Recaredo del Potro Gómez y la empresa, por un delito contra el medio ambiente y recursos naturales del que han quedado absueltos.

A ello se suma la idea que actuaron, además de ocultando información a la Administración, poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas, así como atentando contra el deterioro de la zona. 

Si bien, el pasado 15 de noviembre, la fiscal ya se reafirmó en su acusación por los delitos ya mencionados, este martes, la sentencia, ha apuntado que "la conducta de los acusados tenía por finalidad el desarrollo de una actividad industrial y no la pura intención de causar terremotos (eventos sísmicos) capaces de producir efectos lesivos o dañosos". 

En este sentido, señala que los acusados desconocían que su actuar "pudiera generar un riesgo cierto de perjudicar el medio ambiente y, no obstante ello, ejecutaran la acción (dolo eventual)". 

Y, "ante el aumento de la sismicidad", "los acusados no permanecieron impasibles", apunta el tribunal, "sino que, por el contrario, fueron adoptando medidas correctoras". Por lo tanto, aprecian que analizaran "detalladamente" la evolución sísmica y redujeran la inyección de gas. 

Por lo tanto, concluyen que tanto la empresa como sus representantes legales "han observado la normativa vigente en el momento de los hechos, respetando los términos de las autorizaciones administrativas y los parámetros operativos preestablecidos".