La Audiencia Nacional ha absuelto a la compañía Iberdrola y a cuatro de sus directivos, que habían sido acusados de inflar el precio de la luz a finales de 2013. El Ministerio Público sostenía que se habían encargado de idear un plan para conseguir que los consumidores pagasen más.

La defensa de los encausados siempre ha mantenido que las alteraciones económicas se produjeron a raíz de los cambios en el propio sistema de oferta y demanda de la energía, sin que ellos hubiesen trazado ningún plan. 

La decisión del juez

Por su parte, el magistrado encargado del caso, José Manuel Fernández, ha recordado que el departamento de gestión de la energía dentro de la empresa "gozaba de autonomía en la toma de las decisiones que afectaban a su competencia", y que "no estaba sujeta al jefe del Departamento de Negociado Liberalizado, del que dependía, ni al Consejo de Administración, a los que no daba cuenta de sus gestiones".

El juez ha añadido que ese mismo departamento aprobó los estudios y las propuestas de los diferentes traders que fijaron las ofertas de las centrales en los ríos Duero, Sil y Tajo. Además, ha señalado que, según han corroborado testigos en el plenario, Iberdrola "puso en el mercado toda la energía hidroeléctrica de la que disponía".

El delito se refería, de manera exclusiva, a los precios que la empresa ofertó y que eran "excesivos e injustificados", lo que "dio lugar a un alza de los precios de la energía eléctrica cuando entraron en funcionamiento los ciclos combinados".

En definitiva, el delito "se revela incongruente según los principios de intervención y legalidad regulados en el derecho penal" para el juez, quien ha concluido apuntando que "la energía hidroeléctrica es, y era, de libre mercado".

Precios legales

Añade la sentencia que, dado que el tope al que se podía ofrecer la energía en ese momento estaba fijado en 180 euros el megawatio por hora y, además, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 no se alcanzó ese precio en ningún momento, "resulta complicado apreciar la existencia de un delito por hacer algo que no estaba prohibido".

Por otro lado, el juez critica severamente a los peritos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC). Les acusa de haber realizado su juicio de valor "en base a un procedimiento poco claro".

Supuesta represalia contra el Gobierno

En cuanto a la tesis de que Iberdrola actuó con la intención de desabastecer un sector del mercado, o de perjudicar gravemente a los consumidores como forma de "represalia" contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que retiró la partida 3.600 millones destinada a paliar el déficit eléctrico, el magistrado recuerda que no hay pruebas que lo acrediten.