El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la constructora FCC, controlada por el millonario mexicano Carlos Slim, por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015, por el pago de 82 millones en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.

El magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, dirige el procedimiento el procedimiento contra las filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, que formaban parte de  un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, que solicitó en junio la protección por bancarrota tras años sumida en una amplia investigación por corrupción.

Según detalla el auto del juez, entre 2009 y 2015, altos directivos de FCC, ahora cesados, y personal de Odebrecht presuntamente diseñaron "un esquema de corrupción repetido": generar "sobrecostes" en los contratos del suministro de acero para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton, que facturaron al doble de su precio, obteniendo fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

Así, estos fondos "fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".

En cuanto a las sociedades pantalla presuntamente utilizadas, las mismas para las obras del metro y para el hospital, son Global Quality Steel y Scees Steel, cuyos administradores, Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Arsic han declarado ya como investigados.

El juez ha dado cinco días a las filiales de FCC para designar un representante, un abogado y un procurador.

La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015. Esta mercantil se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

Denuncias de FCC ante la Fiscalía

A mediados de año, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con estos hechos, y aportó 38 facturas y transferencias emitidas entre los años 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros, por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

En sus denuncias, FCC señalaba que ninguno de estos servicios se prestó, ya que no se ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Mauricio Cort, ciudadano español y panameño que sólo habría facturado para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de contratos de obra civil.

En su auto, el juez recuerda que la responsable de la asesoría jurídica de FCC aseguró en julio de este año ante la Fiscalía que los documentos que adjuntaba a su denuncia mostraban la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort, testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Responsabilidad de la constructora

El juez argumenta que,  sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a las personas implicadas,  la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

Las personas que actuaron bajo el paraguas de las sociedades pantalla mencionadas, apunta el auto, eran "altos ejecutivos de la cúpula directiva" de las filiales de FCC, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, que "actuaron desviadamente" durante cuatro años.

Para el juez, todo ello revela indiciariamente que "no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente". "Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional", asevera.