Las tres principales organizaciones agrarias y ganaderas de España, COAG, ASAJA y UPA, han convocado este lunes movilizaciones y se suman a la ola de protestas que arrancaron en Francia y que se han extendido ya por Bélgica y Francia.

Las organizaciones informan de que las primeras movilizaciones empezarán en las Comunidades Autónomas, para extenderlas más adelante a escala nacional. Los agricultores buscan presionar para que la Unión Europea y el Gobierno de España diseñen un plan de choque que sirva para atajar la crisis del campo.

Aunque el calendario de movilizaciones no ha trascendido, las tres organizaciones informan que en las próximas semanas habrá protestas en el ámbito regional español. 

Los jornaleros españoles ponen el foco de su protesta en las políticas económicas de la UE y en los acuerdos de libre comercio que Bruselas ha cerrado en los últimos años con terceros países.

Este tipo de tratados "agudizan" los problemas del campo e imposibilitan que los agricultores y ganaderos puedan competir con los precios de productos cosechados con mano de obra barata y sin cumplir con los estándares ambientales europeos.

"Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa", denuncian en un comunicado conjunto las tres organizaciones. 

Piden así la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. "Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria", apuntan.

También hay presiones para el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura de Luis Planas, a quien exigen la modificación y la ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las "prácticas desleales" que impiden que los agricultores no puedan asumir los costes de producción y trabajen en pérdidas.