Abengoa ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores debido a que no ha logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración acordado en agosto del año pasado.

Así lo ha notificado la firma sevillana en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ha afirmado que la decisión es "la más adecuada para salvaguardar los intereses de la sociedad y de todos los acreedores".

Hasta el pasado 19 de febrero, se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas.

Aunque en agosto de 2020 los acreedores accedieron a inyectar 230 millones de euros a cambio de la toma de control de gran parte de los activos, quedaban en el aire 20 millones que debía poner la Junta de Andalucía alegando que carecía de "mecanismos jurídicos" para realizar esa aportación.

Sin esa aportación, el Ministerio de Economía no autorizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía de Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a avalar el rescate.
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El consejo de administración de la empresa (integrado en la actualidad por sólo dos consejeros: Juan Pablo López-Bravo como presidente y Margarida de la Riva Smith) ha señalado que cada vez existen "mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas".

En este sentido, ha subrayado su compromiso de "buscar alternativas" que eviten la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor.

Para dicho objetivo, Abengoa ha solicitado "a todos aquellos que tienen interés en la sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos".

El consejo de administración de la compañía informó este mismo lunes que se iba a reunir de forma inmediata al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto, de modo que la operación de financiación no puede ser ya ejecutada.

Ya por la mañana, tras conocerse que el Consejo de Administración se reuniría con carácter de urgencia para estudiar la situación, los sindicatos temían este desenlace.

El secretario general del mayoritario UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, se ha mostrado confiado en que la declaración de concurso de acreedores de Abengoa "se gestione bien", ya que "si se hacen las cosas bien nadie tiene que ir a la calle". Con anterioridad había expresado su temor de que el futuro de Abengoa quedara en manos de un juez mercantil y, con ello, diera al traste el plan de viabilidad para salvar la empresa, al tiempo que censó que las trabas actuales procedieran de los accionistas minoritarios.

Una situación que logró esquivar en 2016

La matriz de Abengoa, que es la sociedad que cotiza (aunque lleva suspendida de cotización desde julio), está en causa de disolución desde el pasado 19 de mayo, al arrojar un patrimonio negativo de 388 millones de euros.

Abengoa ya se vio en 2015 al borde la quiebra y anunció un preconcurso de acreedores, que de haber pasado a concurso le habría llevado a protagonizar la mayor quiebra en la historia de España, con 9.000 millones de deuda bruta financiera y deudas a proveedores superiores a 5.000 millones.

En octubre de 2016, dos días antes de que cumpliera la prórroga del preconcurso, lograba suficientes adhesiones al primer acuerdo de reestructuración, que preveía la inyección de 1.170 millones. Los accionistas de entonces vieron diluida su participación al 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedaron con el 95% restante. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas quedó en alrededor del 1,5%.

La antigua Abengoa facturaba anualmente unos 7.000 millones y empleaba a 32.000 personas, pero tras vender activos, reducir estructura y volver a centrarse en el negocio de construcción e ingeniería, mueve 1.500 millones y cuenta con unos 14.000 trabajadores.