La actividad económica creció el año pasado a un histórico ritmo del 5,5% que en todo el periodo democrático únicamente se había dado en 1987 y en 2021, según el avance del PIB del cuarto trimestre de 2022 que este viernes difundió el INE (Instituto Nacional de Estadística); de hecho, habría que retroceder al periodo 1972-1974, también en plena crisis energética e inflacionista, para hallar avances superiores, según los registros de DatosMacro.

Esas estimaciones (que pueden verse revisadas al alza o a la baja dentro de unos meses conforme el INE vaya cerrando la recogida de datos definitivos del ejercicio) en un procedimiento tan poco conspiranoico que figura en su plan de trabajo, sitúan el 'volumen de negocio' del país, es decir, la valoración económica de su actividad a precios corrientes, en 1,33 billones de euros, con un avance de algo más de diez puntos sobre el año anterior.

Sin embargo, cada vez resultan más numerosas las voces de expertos en economía y en estadística que señalan la existencia de errores en las estimaciones del PIB, principalmente a partir de 2021, por su divergencia con otros indicadores, como los de empleo y los de recaudación tributaria.

Algunos trabajos apuntan a la existencia de un desfase de hasta cinco puntos porcentuales, lo que, de confirmarse, supondría que actividades económicas legales por un valor superior a los 60.000 millones de euros, sin incluir las delictivas ni las sumergidas, quedan fuera del radar del INE, una subvaloración que tiene efectos directos en tres relaciones clave para medir la economía y cuya evolución desata con relativa frecuencia las tradicionales alharacas del debate político español: el déficit público, la deuda y la presión fiscal.

"Son muchas las evidencias que apuntan a que el PIB está subvalorado y que choca con las estadísticas fiscales. Los datos muestran contradicciones, y el INE debería hacer algo al respecto", indica Julio Rodríguez López, estadístico, miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC) y expresidente del Banco Hipotecario, que anota que "es posible que esa subvaloración del PIB haga que la presión fiscal resulte sobrevalorada".

"Cada vez hay más indicadores que confirman que el INE no registró del todo bien la recuperación de la pandemia, y eso ha dado lugar a la paradoja de que España aparezca como el único país de la UE que no ha recuperado los niveles previos" cuando, en realidad, sí lo habría hecho, explica Miguel Artola, profesor de Historia de la Economía en la Universidad Carlos III, y, junto con el estadístico Francisco Melis, uno de los expertos que han estudiado esas divergencias con mayor profundidad.

Sus conclusiones indican que "en 2021 el PIB sería un 5% superior a lo que detectó el INE", ya que en las fuentes tributarias "obtenemos más gasto y más actividad declarada de la que detecta el INE", explica.

La opción b consistiría en que eso se debiera a una prodigiosa afloración del fraude fiscal, que organizaciones como Gestha, el sindicato de los técnicos de la Agencia Tributaria, cifran en un volumen similar, aunque "es difícil de creer que en dos años se haya esfumado", apunta.

La confirmación oficial de la existencia de ese desfase de en torno a cinco puntos elevaría el PIB de 2021 a 1,26 billones, una cifra que, de manera automática, recortaría tres décimas en el déficit del Estado, reduciría cerca de seis puntos en el peso de la deuda y restaría casi dos a la presión fiscal.

La corrección tendría efectos similares tanto para el ejercicio de 2022 como para la configuración de las previsiones económicas de este 2023, aunque no está tan claro que fuera a aportar un punto balsámico a la intensidad del debate partidista sobre asuntos económicos.

Aunque quizá resulte más gráfico para comprender la magnitud de un limbo de esas dimensiones ponerlo en relación con los PIB regionales: dejar de contabilizar ese 5% del estatal equivaldría a desdeñar la actividad económica de Aragón (37.964 millones en 2021) y Asturias (23.441) juntas, la de dos motores turísticos como Baleares (32.321) y Murcia (32.205) al mismo tiempo o, por separado, las de la sexta y la séptima comunidades por aportación, que son Galicia (63.230) y Castilla y León (58.119).

El termómetro tributario sube el triple que el PIB

Con los datos oficiales de PIB y de recaudación, "España sería el país en el que más ha subido la presión fiscal, aunque no ha habido cambios legislativos de calado", señala Artola, quien añade que "la recaudación está subiendo porque está aumentando mucho la actividad, pero no porque estén subiendo los tipos impositivos".

En ese sentido, los informes de recaudación de la Agencia Tributaria resultan diáfanos: en 2021, los ingresos del fisco crecieron 29.334 millones para llegar a los 223.385, aunque las medidas legales acabaron restando 501 en lugar de sumar nada, ya que las ayudas al suministro eléctrico (-1.605) y una serie de devoluciones extraordinarias (-824) se comieron con creces la recuperación de pagos aplazados por la pandemia (+466) y la leve reforma fiscal de ese año (1.462).

Y los resultados eran similares el año pasado, al menos hasta noviembre, el último mes con datos disponibles: 6.436 millones de euros de merma por el contrapeso de las medidas de ayuda del Gobierno por los precios de la energía (-6.149), las rebajas fiscales y algunas decisiones judiciales (-1.807) sobre el saldo de la pandemia (+265) y las nuevas figuras fiscales (+1.255), mientras la recaudación aumentaba en 32.919.

Los crecimientos de la recaudación del 15,1% y el 15,9% en esos dos años, con avances del 14,5% y 19% en figuras como el IVA (indicador de la evolución del consumo), el 7,5% y el 16,3% en el IRPF (sensor del mercado laboral) y del 24,1% en 2022 en Sociedades (reflejo de las ganancias empresariales) quedan muy alejadas de los dos 5,5% consecutivos que registra el PIB, con una relación prácticamente de tres a uno.

La economía digital, la sumergida y la delictiva

"No sabemos si se trata de un error de 2021 o si viene ya de 2020", anota Artola, que recuerda cómo "el INE nunca ha publicado la receta de la 'cocina' del PIB con detalle, aunque se sabe que únicamente aplica métodos ya testados".

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que la Contabilidad Nacional es una encuesta, con las ventajas de inmediatez y las desventajas de inexactitud que ello comporta, y que quedan fuera de su radar tanto la economía sumergida, a la que distintos estudios atribuyen un peso del 10% al 25% del PIB, como el grueso de las actividades delictivas, pese al truco del Gobierno de Rajoy en 2014, cuando incluyó una estimación del narcotráfico, el proxenetismo y el contrabando, a los que atribuyó un volumen de negocio de casi 10.000 millones de euros, para elevar sus márgenes de déficit y endeudamiento.

A esas circunstancias se les suman las dificultades para medir lo que ocurre en los cauces digitales, por los que ya transita entre el 10% y el 22% de la actividad económica del país, según la fuente, y cuyos representantes reclaman nuevos sistemas de medición más actualizados.

Solo el comercio digital, es decir, la compraventa de bienes y servicios, mueve casi 200 millones al día en España, 60 en operaciones de mercado interior, 30 en ventas de España al extranjero y 107 en compras de españoles a productores de otros países, unas magnitudes que dificultan el cómputo de las aportaciones del creciente número de sectores en los que las ofertas locales conviven con las de plataformas que facturan en otros Estados.

"Más allá de los datos existentes, consideramos que se hace necesario una métrica común y pública, que cuantifique el impacto de la digitalización en la economía", explica César Tello, director general de ADigital, la Asociación Española de la Economía Digital, entidad que estima que "sumando al sector puramente digital a la parte digitalizada del resto de sectores, en 2030 el 40% de nuestro PIB debe estar digitalizado".

"Ningún sector de la economía es ajeno a estos cambios y necesitamos conocer su impacto", señala Tello, que reclama herramientas para "medir y monitorizar los diferentes aspectos de la digitalización, saliendo del sector estrictamente digital para medir el impacto real de la digitalización sobre el conjunto de sectores de la economía".

En este sentido, la entidad propone crear una "cuenta satélite de la economía digital" similar a la que elabora el INE para medir la actividad turística "que nos permita conocer y medir correctamente qué efectos está teniendo la digitalización sobre la economía" con "una imagen lo más cercana posible a la nueva realidad económica digital y tecnológica en expansión".