El 2022 cerró con un total de 600 condenas firmes por delitos contra los derechos de los trabajadores, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Ministerio de Justicia.

Se trata de delitos penales por imponer condiciones de empleo o de Seguridad Social que perjudiquen a los trabajadores o que supriman o restrinjan sus derechos reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores o por los convenios colectivos o contratos individuales.

También se considera así cualquier vulneración de la libertad sindical o de las normas de seguridad en el trabajo.

La cifra de 2022 supone un aumento del 6,6% respecto a 2021, cuando se contabilizaron 563 condenas a empresarios por este tipo penal. Sin embargo, el número de sentencias firmes por vulnerar los derechos de los trabajadores del año pasado es el tercero más bajo de la década y sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En 2019 hubo 686 condenas por este motivo, algo más de la mitad que en 2016, cuando se contabilizaron 1.050.

Las estadísticas actualizadas por el INE solo corresponden a los delitos de este tipo especificados en el Código Penal, entre sus artículo 311 al 314. Quedan fuera las faltas administrativas y las sentencias de juzgados de lo social, como despidos nulos.

No incluye la última reforma

Las condenas por delitos contra los derechos de las y los trabajadores son variadas, incluyendo multas y penas de prisión que pueden llegar a los dos años –salvo en el caso de ilícitos de contratación ilegal de ciudadanos extranjeros, que pueden llegar a cinco años–. Las condenas a prisión no son las más habituales, lo que plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las sanciones existentes.

Estas cifras del INE aún no incorporan la reciente reforma del Código Penal que tipifica explícitamente el empleo de falsos autónomos como delito, lo que podría tener implicaciones significativas en futuras condenas y en el enfoque jurídico.

Algunas plataformas de riders o de taxistas, así como el Ministerio de Trabajo, están tomando medidas legales y preparando informes contra empresas específicas por la vulneración de derechos laborales.