El inspector que investigó los "papeles de Bárcenas", ha declarado este lunes que aunque se le "intentó instar" a que pidiese al juez el registro de la casa del extesorero del PP en 2013, cuando se conoció el dinero que tenía en Suiza, no lo vio necesario porque primero debían analizar toda la documentación. 

El juicio sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja B ha estado marcado este lunes por los interrogatorios de las defensas al inspector jefe Manuel Morocho y a su equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al frente de las pesquisas del caso. 

Unos interrogatorios en los que las defensas han tratado de cuestionar las decisiones de los investigadores, como cuando el representante legal del PP ha querido saber por qué no pidieron el registro de la casa del principal acusado, Luis Bárcenas, cuando se conoció la fortuna que ocultaba en Suiza. 

No lo hicieron, ha justificado el inspector Morocho, porque consideró que primero debían analizar la documentación que llegó de las autoridades suizas "antes de adoptar ninguna medida suplementaria" para "consolidar la prueba que existía". "Sí es cierto que a mí se me intentó instar a que solicitara una entrada y registro, lo cual no hice", ha reconocido después sin especificar quién se le pidió. 

Y ante la insistencia del letrado Jesús Santos de si no vieron "lógico o racional", ha contestado: "Mire, en el año 2013, para ser más precisos, cuando vinieron las cuentas de Suiza y a nosotros en febrero se nos da traslado para que las analicemos, ya estaba en marcha lo que se está investigando en las diligencias 96/2017, pieza séptima. Por lo tanto, cualquier acción que yo hiciera estaba monitorizada desde la Dirección General de la Policía. Por lo tanto, era imposible que yo intentara hacer algo porque era inviable". 

Las diligencias 96/2017 corresponden a la investigación del caso Tándem, sobre las actividades del excomisario José Villarejo, y la pieza séptima se centra en las pesquisas sobre la presunta operación Kitchen, orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraer, supuestamente, a Bárcenas documentos comprometedores para el PP. Una operación de la que, según dijo el inspector recientemente en el Congreso, tuvo "indicadores" en agosto de 2015.

Especialmente tenso ha sido el interrogatorio al que le ha sometido el abogado Luis Jordana de Pozas, defensa del arquitecto Gonzalo Urquijo, uno de los socios de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede del PP. 

El mutismo de Morocho a preguntas de este letrado ha llevado al presidente del tribunal, José Antonio Mora, a intervenir para conminar al inspector a responder las cuestiones relativas a los cálculos empleados para determinar la irregularidad de ciertas operaciones que se le estaban planteando.

 "Ya van varias contestaciones que usted omite", le ha afeado el presidente y, tras recordarle que había "prestado un juramento" como testigo que debía cumplir, le ha dicho: "la cosa es muy sencilla, conteste".

"Le tengo que llamar al orden, le están preguntando que si ve la firma y tiene que contestar", le ha vuelto a advertir el presidente tras permanecer callado ante las dudas que suscitaba un documento utilizado en la investigación y sobre el que el abogado cuestionaba si no le parecía más bien un borrador. Morocho ha terminado contestando no lo evaluó. 

En otro momento, cuando el inspector se ha quejado de que se le estaba induciendo a contestar de una determinada manera, el presidente le ha cortado: "No, señor testigo. No se le está induciendo a nada (...) Usted tiene que contestar, la pregunta es muy clara". 

Morocho ha tratado entonces de dar explicaciones, con las que el abogado ha seguido sin estar conforme, de modo que el presidente le ha recordado que tenía que "aclarar las cosas al tribunal", que es el que juzga estos hechos.

El abogado ha tratado de desmontar los indicios de la Policía sobre la supuesta connivencia de Unifica para recibir pagos en b por la reforma de la sede del PP y ha intentado desacreditar el origen de la investigación con respecto a la empresa, que partió de una información del servicio ejecutivo del Banco de España aportada por la entidad bancaria de Urquijo y que aludía a una extracción de 163.000 euros en efectivo sin el preceptivo justificante.

Morocho ha admitido que no investigó ni la operación ni el origen de esos fondos, mientras que el abogado ha aportado documentación que acreditaría que ese dinero, que salió vía cheque, retornó de nuevo a la cuenta después de que la empresa intentase concurrir a una subasta judicial, que finalmente no se celebró, y ha lamentado que se haya relacionado con un supuesto blanqueo.