Doce casos de malos tratos a ancianos a manos de sus familiares o sus cuidadores llegan cada día a las comisarías policiales y los cuarteles de la Guardia Civil: se registra una denuncia cada dos horas, una cadencia que pone de manifiesto la intensidad de este tipo de victimizaciones, oculta en la mayoría de las ocasiones por una elevada cifra negra de agresiones que no salen del domicilio o el geriátrico

El Ministerio del Interior reconoce, en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que el volumen de denuncias por agresiones a mayores de 65 años en sus entornos familiares encadena tres años por encima de las 4.000, con un aumento del 22% en los últimos seis años, en los que pasó de las 3.603 de 2011 a las 4.398 de 2017.

Los datos, que incluyen las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado y de algunas policías autonómicas y cuerpos locales, revelan cómo algo más de la cuarta parte de los episodios denunciados tienen lugar en Andalucía (1.146 en 2017) y que este fenómeno tiene una presencia elevada en Madrid (739) y la Comunitat Valenciana (725). Las bajas cifras de Catalunya (3) y Euskadi (1) se deben a que ni los Mossos d’Esquadra ni la Ertzaintza facilitan cifras.

Interior considera que ese incremento de las denuncias, que califica de “relevante”, no se puede “imputar sólo a un aumento de casos, sino más bien a una disminución de la cifra negra de este tipo de violencia, y que ahora comienza a tener mayor visibilidad”. La cifra negra es un término criminológico que se refiere al volumen de infracciones y/o de delincuentes que no llegan a ser detectados por las fuerzas de seguridad y los tribunales.

“Supone una buena noticia el que precisamente se puedan perseguir estos delitos, que hasta ahora permanecían ocultos”, añade Interior, que apunta uno de los motivos clave por los que existe esa elevada cifra negra: “las personas mayores son un colectivo que por su vulnerabilidad y en muchos casos dependencia de las personas de las que precisamente sufren esos malos tratos, no pueden o no tienen la fortaleza suficiente como para poder denunciar su situación”.

“A veces temen perder el cuidado de quien les maltrata”

“Los malos tratos en el hogar suponen un tema muy delicado para los mayores”, explica Daniel Moreno, alférez del Emume (Equipo Mujer-Menor) Central de la Guardia Civil, “porque tienen poca independencia de quien les agrede: temen perder a quien les cuida si lo denuncian”. "Y no se trata solo de tenerlos en casa, necesitan cuidados que no pueden darse ellos mismos, no se puede tener a una persona mayor sola todo el día en casa”, anota.

Esas agresiones ocultas abren en ocasiones una espiral negativa para la víctima. “A veces se lanzan mensajes negativos, del tipo de ‘no sirvo para nada’, ‘soy un estorbo’ o ‘debería estar agradecido porque me acogen en su casa’, con lo que acaban normalizando la situación”, explica. “Se trata de un tipo de victimización muy específica que, en ocasiones, normalizan y minimizan”, añade.

Eso dificulta que las agresiones salgan a la luz, como suele ocurrir, también, cuando quienes las cometen son los cuidadores que atienden a los ancianos en sus casas. “Resultan muy difíciles de detectar –señala Moreno- salvo que colaboren otros actores, como vecinos que puedan ver alguna conducta sospechosa, como empujones, vejaciones o humillaciones cuando les acompañan fuera de casa”.

No obstante, las actuaciones del Plan Mayor, que incluyen charlas en residencias y centros de día y contactos con los servicios sociales para abrir canales de información, han permitido que las denuncias comiencen a fluir, en ocasiones gracias al personal de esos centros.

Declaraciones de incapacidad para vender la vivienda

Heredia, por su parte, considera “fundamental trabajar en la prevención de este grave problema a través de la formación de cuidadores, familiares y de los propios mayores”.

“Los fiscales han detectado, por ejemplo, que se ha tratado de inhabilitar a ancianos con el único objetivo de poder vender su vivienda, para tratar de evitar que tengan voz para oponerse a perderla”, explica. Eso ha hecho que algunas fiscalías provinciales hayan creado servicios específicos para supervisar esos procesos de incapacitación relacionados con ventas de casas.

El aumento de las denuncias, que considera “probablemente subestimado” cuando organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud) estiman que 23 de cada 24 casos se quedan en la ‘cifra negra’, añade, “se produce en un país en el que más de la sexta parte de la población, 8,7 millones de 46,5, han superado la edad de jubilación y en el que, como consecuencia del progresivo envejecimiento, más de una cuarta parte la habrá alcanzado en los próximos veinte años”.

“No saben cómo denunciar, porque temen las consecuencias que esa denuncia tendrá sobre su situación personal y, en la mayoría de los casos, desconocen que están siendo víctima de abuso o maltrato –anota-. Muchas de estas personas no están en las mejores condiciones para llegar a quejarse”.

“La prioridad es proteger al mayor”

La actuación policial en los casos de maltrato a mayores es similar a la que se aplica en la violencia machista o en las agresiones a menores, en las que, junto a la detención del denunciado, hay un tratamiento especial para la víctima.

“La prioridad es proteger al mayor y garantizarle el bienestar”, señala, por lo que una de las primeras gestiones consiste en contactar con los servicios sociales para ver quién puede hacerse cargo de la víctima, ya sea en el ámbito público o con otros familiares.

El agresor, por su parte, es puesto a disposición del juzgado, de donde a menudo sale con una orden de alejamiento. En el caso de los cuidadores, las residencias han comenzado a pedir certificados de antecedentes “para proteger a las potenciales víctimas y evitar la reincidencia”, indica.

“No esperan que nadie se aproveche de ellos”

Para el Ministerio del Interior, “la conclusión que arroja este aumento de denuncias es que la sensibilización y concienciación a través de campañas y formación de los profesionales en general, ha derivado en una mayor disposición de las personas mayores para denunciar”, algo que permite poner en marcha “una actuación integral por parte de todos los actores implicados en la protección de nuestros mayores”.

Paralelamente, la Estrategia Nacional de Personas Mayores, que se encuentra en periodo de consultas, prevé, entre otras medidas, “la realización de campañas dirigidas a los medios de comunicación para impulsar que promuevan una imagen positiva de la vejez, eliminando estereotipos y mitos discriminatorios”; formar a profesionales, cuidadores, familiares y personas mayores “sobre las patologías con efecto en la conducta” y, también, poner en marcha una Comisión Nacional de Vigilancia e Implantación del Buen Trato a las Personas Mayores que incluirá la elaboración de estadísticas.

Las charlas en residencias y centros de día incluyen contenidos sobre hurtos, estafas y ciberdelincuencia. "Los delincuentes aprovechan el perfil de los mayores como víctimas. Suelen tener menos reflejos y estar más distraídos que personas más jóvenes, por lo que pueden ser un objetivo más fácil. Los eligen para delitos relacionados con el engaño, como los timos. No esperan que alguien se aproveche de ellos, y por eso tienen las defensas bajas”.