ZARAGOZA .- El ayuntamiento de Zaragoza rindió este viernes, en uno de los actos centrales del VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica Democrática, su homenaje pendiente a los 15 alcaldes y concejales republicanos y a los 30 trabajadores municipales asesinados durante la guerra civil.

“Se trata de un acto de reparación y justicia con los demócratas, concejales y trabajadores, asesinados por la sublevación fascista”, señaló el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que descubrió la placa en un acto en el que participaron representantes de todos los grupos municipales y al que asistieron varios centenares de personas.

El alcalde anunció en la recepción anterior a los participantes en el encuentro que la magistrada argentina María Servini, instructora de la querella contra el franquismo, tiene previsto mantener en las próximas semanas un encuentro con representantes de los ayuntamientos que han aprobado iniciar acciones legales para esclarecer lo sucedido durante la sublevación militar de 1936, entre los que se encuentra Zaragoza.

En la capital aragonesa murieron víctimas de la represión franquista 3.544 personas, lo que supone más de la tercera parte de las 8.523 que perdieron la vida en toda la comunidad, según recoge el historiador Julián Casanova en su libro Pasado Oculto.

Diez asesinados, cuatro desaparecidos y cuatro exiliados

Al menos diez concejales republicanos fueron fusilados por los sublevados en Zaragoza en los primeros meses de la guerra, según recoge el historiador Héctor Vicente Sánchez, que narra cómo en agosto de 1936 perdieron la vida Bernardo Aladrén, Manuel Pérez-Lizano, Antonio Ruiz, Jenaro Sánchez Remiro y Alfonso Sarría Almenara; un mes después corrían la misma suerte Antonio Aramendia y Mariano Serra Valero, en octubre eran asesinados Mariano Augusto Muniesa y Casimiro Sarría y, tras estos, Joaquín Uriarte Osés.
A esos nombres se les añaden los de cinco alcaldes pedáneos: Pablo Gabasa (San Juan de Mozarrífar), Felipe Hernández (Movera), Mariano Lozano (Casetas), Vicente Martín (La Cartuja) y Paulino Navarro (Garrapinillos).

El estudio, que recoge cómo haber representado al PSOE, a Izquierda Republicana o a Unión Republicana, e incluso la mera sintonía con esas formaciones, se convertía en una acusación inapelable, señala cómo ediles de otros partidos, como Juan Burillo, Francisco Cavero, José María Monterde, Carlos Navarro y Agustín Sama, actuaban como testigos de cargo en esos juicios.

Cuatro ediles republicanos fueron dados por desaparecidos, otros tantos lograron exiliarse y diez más fueron sometidos a expedientes de responsabilidad política. Algunos como Eduardo Castillo o Gumersindo Sánchez Guisande salvaron la vida, aunque con una sanción económica inasumible para sus economías que, en el caso del primero, iba acompañada de un destierro a 250 kilómetros de Zaragoza durante doce años. Otro edil, Federico Martínez, murió antes de haber saldado la multa que le impusieron tras un expediente de responsabilidades políticas posterior a su paso por la cárcel.

La represión de los sublevados segó la vida de alrededor de 800 concejales de partidos de izquierda y demócratas en todo Aragón.

La Ley de Memoria autonómica

La placa de recuerdo a los concejales y trabajadores municipales asesinados por los sublevados en la capital aragonesa es uno de los actos centrales del VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica que se celebra en Zaragoza, y cuya organización coincide con un impulso decisivo a la Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno de Aragón.

Zaragoza acoge desde este viernes el VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica Democrática.

Tras la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar para elaborarla, las previsiones del ejecutivo apuntan a someter el anteproyecto a información pública antes de que termine el año para poder realizar la tramitación parlamentaria en el primer semestre de 2017. Apenas han trascendido detalles sobre su contenido, aunque sí se sabe que, además de contemplar una dotación económica y habilitar medios para exhumaciones, será multidisciplinar.

De hecho, la incorporación de contenidos memorialistas a los planes de estudios de Secundaria y Bachiller en Aragón, una comunidad escenario de sangrientos episodios como el bombardeo de Alcañiz -provocó más muerte y destrucción que el de Gernika-, incluye temas como “el retroceso de la situación de la mujer” durante el franquismo y el tratamiento de “los argumentos religiosos y políticos bajo los que se legitima su subordinación jurídica, económica y social al varón”.

Exposiciones: Acín, Azorín y los niños de la guerra

Las jornadas, por último, coinciden con tres exposiciones relacionadas con la guerra civil. Una de ellas, titulada “El arte contra la violencia” y que lleva ya unas semanas abierta en el museo Pablo Serrano, se centra en la obra del anarquista oscense Ramón Acín y su hija Katia.

El primero, fusilado el 9 de agosto de 1936 en Huesca, fue un pedagogo y artista vanguardista que ya sufrió el exilio por su apoyo a la sublevación de Jaca en 1930. Dos años después, utilizaría el premio de la lotería de navidad que le tocó para financiar el rodaje de “Tierra sin pan” de Luis Buñuel, sobre Las Hurdes.

Este mismo fin de semana abría sus puertas en el Museo de Zaragoza la exposición “Francisco Azorín de vuelta a casa”, sobre el arquitecto turolense y socialista que murió exiliado en México, mientras la sala El Cuarto Espacio acoge la muestra “Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan su historia”, centrada en los menores que se vieron obligados a abandonar el país durante la guerra civil.

Martín Pallín: “en España inventamos los campos de concentración y los desaparecidos”

“En España inventamos los campos de concentración y los desaparecidos antes que los alemanes y los argentinos”, asegura el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, que este viernes pronunció la conferencia inaugural de las jornadas.

Martín Pallín, que habló sobre “la internacionalización de las acciones judiciales memorialistas”, se refirió a las “serias reticencias en la justicia española” para revisar la guerra civil –puso como ejemplo el rechazo a anular los consejos de guerra y sus sentencias- y puso sobre la mesa dos incongruencias de ámbito internacional.

Una es el incumplimiento de la resolución del Consejo de Europa que desde 2006 obliga al Estado a instalar en el Valle de los Caídos una exposición que recuerde que fue construido con el trabajo forzado de presos republicanos y la otra, el hecho de que las Cortes aprobaran la ley de Amnistía en octubre de 1977, después de que en abril del año anterior el Gobierno hubiera suscrito –sin reservas- el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 15 prohíbe expresamente a sus firmantes aprobar promulgar amnistías que afecten a quienes hayan cometido delitos contra los Derechos Humanos.

Para el magistrado, que considera que alguno de los bandos que emitió el general golpista Queipo de Llano durante la guerra “podría ser considerado genocidio en un tribunal penal internacional”, tanto el exterminio de izquierdistas y demócratas como la supresión de derechos cívicos como los de asociación y reunión durante el franquismo entran en esa categoría.

La brecha de la jueza Servini

“El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido ya dos veces la anulación de esa ley” de Amnistía, explicó, que afecta a los delitos cometidos entre 1936 y 1975 y que, desde hace casi una década, se ha convertido en “la principal excusa que se pone para no desarrollar la ley de Memoria Histórica”.

Martín Pallín destacó que, pese a estar vigente desde 1914 la persecución internacional de los delitos contra los derechos humanos, ninguna de las oportunidades de promover una acción judicial internacional sobre el franquismo ha salido adelante. Ahora, la jueza argentina María Servini ha logrado que el Gobierno español tramite, tras haber rechazado la extradición de varios de ellos, las órdenes para interrogar a 19 exaltos cargos y policías franquistas -entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José utrera Molina, el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño-. “No soy optimista en cuanto al resultado –dijo- pero sí en cuanto a que se abre una brecha”.

El magistrado emérito, por último, recordó a los políticos que “tienen la obligación de devolver al país la dignidad que perdió con el golpe de Estado. Todas esas personas murieron por defender unos ideales que hoy disfrutamos”.