La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incorpora un plan de acción para prevenir el riesgo que supone el retorno de los yihadistas desde zonas de conflicto en Siria e Irak y aboga por regular figuras como la del agente encubierto y el testigo protegido, en aras de mejorar la investigación para prevenir la amenaza terrorista.

"Desarrollar programas integrales específicos de tratamiento y seguimiento para combatientes terroristas extranjeros retornados, con especial atención a las perspectivas de género y edad", recoge la estrategia entre sus objetivos. El Gobierno indica que "impedirá la entrada en España de individuos radicales violentos o que inciten a la violencia".

El documento precisa que se han desplazado a zonas de conflicto más de 230 personas de nacionalidad española o residentes en España. La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, precisó el pasado mes de noviembre en unas jornadas del Real Instituto Elcano que eran 234 los desplazados, de los que 57 están ya fallecidos y 44 han retornado a territorio nacional, un 20%, y se mantienen bajo control policial. Fuentes de Interior precisan, además, que no tienen constancia de que haya españoles entre los yihadistas encarcelados tras la caída de DAESH en Siria e Irak.

Control en las penas de libertad vigilada

Las prisiones siguen siendo otro de los ámbitos prioritarios de actuación, al objeto de "impulsar la detección y control" en los centros. Se busca "desarrollar programas y actuaciones que aseguren una aplicación efectiva de las penas de libertad vigilada para penados por terrorismo que sean excarcelados". En Interior cifran en 140 los presos condenados o preventivos por yihadismo, aunque si se incluyen los considerados susceptibles de captar adeptos o ser captados se eleva a 260 el número de reclusos.

La estrategia 2019 se inspira en los documentos aprobados por la Unión Europea y Naciones Unidas y se estructura en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta. Otra de las novedades es que se facilita su conocimiento y divulgación, preservando la confidencialidad en el aspecto operativo.

Contempla asegurar un "adecuado tratamiento normativo que garantice la figura del testigo protegido y la actividad del agente encubierto, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento". También aboga por "fomentar el intercambio de información con las Fuerzas Armadas sobre zonas de despliegue o con representación oficial en el exterior".

Financiación y control de armas y explosivos

Al igual que ocurre en la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, publicada en el BOE el pasado viernes, también se pone el acento en luchar contra la financiación terrorista y "fortalecer las medidas de control y los sistemas de alerta temprana sobre armas y explosivos, sustancias nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ)".

Otra de las novedades de la estrategia elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior es crear un comité especializado en materia de terrorismo que se integre en el Sistema de Seguridad Nacional.

El documento, con una vigencia de cuatro años, menciona los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 y apuesta por incrementar la coordinación con las Policías Locales y Autonómicas. También tiene a las víctimas como "eje prioritario y referencia de la acción del Estado" y busca mejorar los sistemas de alerta y la comunicación con los ciudadanos.

Desde 2012, con la primera estrategia contra el terrorismo vigente, se han practicado más de 400 detenciones relacionadas con terrorismo, de las que el 70% estaban relacionadas con terrorismo yihadista, un 20% con ETA y el restante 10% con otras organizaciones. Con información española se han arrestado a más de 100 personas en una docena de países.

Sólo en los últimos tres años, el CITCO ha canalizado a través de campañas como Stop Radicalismos cerca de 7.000 comunicaciones ciudadanas, de las que un 34% han sido catalogadas de interés policial, abriendo 150 investigaciones. 14 estaban relacionadas con combatientes extranjeros.