MADRID.- Si en algo se ha puesto de acuerdo la comunidad educativa en los últimos años es en el rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Profesores, padres, alumnos y todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se oponen a la llamada ley Wert por su carácter segregador y autoritario. Aun así, la norma ha echado a andar y el primer escollo ha surgido con las evaluaciones externas en sexto de Primaria que deben hacer los alumnos de 11 y 12 años durante este mes. Doce comunidades autónomas han decidido no hacerla y la confederación que representa a los padres y madres de la escuela pública (CEAPA) ha pedido a las familias que no lleven a sus hijos al colegio el día de las evaluaciones.

Xavier Bonal, profesor de Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en sociología de la educación y política educativa, cuestiona la "bondad y la neutralidad" de unas pruebas que sólo harán las cinco comunidades gobernadas por el PP (Madrid, País Valencià, Galicia, La Rioja y Murcia). Consultor y evaluador de proyectos de la Dirección General de Educación de la UE y de programas nacionales de investigación educativa de diversos países, Bonal advierte de que estas evaluaciones pueden suponer "una jerarquización educativa" y provocar "mayores niveles de segregación escolar".

¿Está justificado el rechazo de la comunidad educativa a las reválidas?

La comunidad educativa entiende que estas pruebas no sólo son consultivas, como dice el ministerio, sino que resultarán decisivas para la orientación de los estudios posteriores de los niños. De ahí nace la resistencia. Por otro lado, las reválidas suponen una forma de homogeneizar currículos, de recentralizar la educación y conducen, como apuntan varios estudios, al teaching to the test. Es decir, cuando se empieza con este tipo de evaluaciones, es muy probable que la enseñanza se oriente a estos exámenes y no a responder a las necesidades de los alumnos. Hay un segundo elemento: ¿hasta qué punto este tipo de pruebas se pretenden hacer públicas? Podríamos llegar a una mayor jerarquización de las escuelas, a que la información sea fundamental para la elección de centros por parte de las familias, y por tanto, a mayores niveles de segregación escolar.

¿Quiere decir que lo que se está evaluando no es el nivel del alumno sino el del centro escolar?

Ahí está la duda. Aducir parte de la responsabilidad de los resultados a cómo trabaja el centro puede ser muy injusto. Es verdad que, normalmente, estas evaluaciones intentan tener en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos pero, aun así, es muy difícil ponderar adecuadamente. Mi gran sospecha es que detrás de esto hay una voluntad de crear un sistema de evaluación homogéneo que ayude a los grandes objetivos que ha tenido el PP con la LOMCE: la recentralización educativa y la creación de una especie de mercado educativo en la elección de escuelas, es decir, aumentar la libertad de elección por parte de los padres y madres. Además, el hecho de que existan resultados públicos y publicados hará que las familias tengan indicios claros de qué escuelas son las mejores. A partir de ahí, la Administración puede desarrollar pautas de intervención sobre los centros que están peor, ya sea cerrándolos o interviniéndolos, como ha hecho la Generalitat de Catalunya con las auditorías, por ejemplo.

¿A qué se refiere?

La Generalitat ha hecho auditorías pedagógicas a los centros educativos que gozan de recursos extraordinarios por parte de la Administración porque tienen altos niveles de autonomía y se supone que son más responsables. El gobierno catalán los audita para ver si están funcionando bien y a los que no lo están haciendo les interviene quitándoles autonomía. 

¿Cree entonces que estas pruebas sólo sirven para elaborar ránkings competitivos?

En parte, sí. Aunque estas pruebas no sean formalmente vinculantes para la trayectoria del alumno, sí acaban teniendo incidencia en la vida del centro porque nadie quiere salir mal en la foto. Poco a poco, puede aumentar el nivel de presión a los colegios para la preparación de estas pruebas, que tienen una tendencia claramente homogeneizadora entre lo que hacen las distintas escuelas. La Administración se apresura a buscar mecanismos de sumisión y diferenciación y todo ello puede constituir un nuevo capítulo de selectividad en un modelo, el del PP, que considera que la enseñanza comprensiva no es la buena y que dar un currículo común a los alumnos hasta los 16 años es perjudicial y genera mediocridad. Yo, sin embargo, creo que es fundamental para la igualdad de oportunidades. 

En la Comunidad de Madrid, una empresa privada cobrará 330.000 euros por hacer las pruebas, según la Cadena SER. ¿No deberían ser sufragadas por el ministerio?

Me parece que la externalización de este tipo de procesos puede generar muchas dudas sobre su bondad, sobre su neutralidad y puede generar incentivos para que determinadas consultoras tengan allí un posible afán de lucro. Si uno observa este mismo proceso a escala internacional, puede identificar grandes consultoras, como Pearson, con un gran interés en el desarrollo de proyectos como el PISA. Detrás de esto, puede haber grandes intereses económicos, por lo que el ministerio haría bien en intentar que estos procesos fuesen controlados por la propia administración pública.

Algunas comunidades que se han negado a hacer la prueba arguyen que los centros ya hacen un seguimiento de sus alumnos. ¿Es necesaria una evaluación externa?

Es bueno que exista, pero tenemos que buscar mecanismos para encontrar el equilibrio entre la no-generación de presión excesiva sobre las escuelas y la obtención, por parte de la Administración, de indicadores sobre cómo están funcionando las escuelas. El conocimiento sólo se adquiere, a veces, a través de estos mecanismos. Pretender que las escuelas agoten todas las formas de evaluación de forma interna me parece un error.

Según la ley Wert, estas reválidas buscan “detectar los desajustes” que pudieran producirse en el progreso académico de los alumnos. Sin embargo, se hacen en el último curso de Primaria, cuando no hay margen de corrección. 

Efectivamente, no hay posibilidad de rectificación y no se tiene en cuenta cuál es la evolución del alumno. Creo que es un contrasentido tener una ley que regule el sistema educativo a niveles de estructura y currículos con una vocación clara de evaluación continua y que diferencia entre evaluación inicial y final, y a la vez tener pruebas de diagnóstico que no permiten comparar la evolución porque se hacen al final del curso. Sería bueno buscar sistemas que permitiesen observar no solamente el resultado, sino la evolución. Es complejo y caro, pero ya que se van a hacer pruebas en otros niveles, por ejemplo en 3º de primaria, se podrían comparar estos resultados con los de sexto de Primaria.

Teniendo en cuenta el clima de tensión actual, ¿qué cree que debería hacer el ministerio?

El Ministerio de Educación debería reflexionar y no denunciar la no-aplicación de la ley porque eso añadiría más tensión política a la ya existente. El caso de las reválidas demuestra que intentar impulsar una ley sin consenso en un tema tan sensible como la Educación es un absoluto desastre. En mi opinión, la LOMCE debería ser modificada o derogada.