En el Día mundial contra la Trata, que se celebra este viernes, la Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en pisos de A Coruña y Denia (Alicante). Allí las las mantenían encerradas con candados en la puerta de entrada de la vivienda y a las que obligaban a consumir cocaína para que dependieran más de sus captores.

En el Día mundial contra la trata, que se celebra este viernes, la Dirección General de instituto armado ha informado de la operación Chacao, por la que han sido liberadas cinco mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana.

Diez personas -cinco hombres y cinco mujeres —cuatro de nacionalidad dominicana, tres venezolanas, dos españolas y una colombiana— han sido arrestadas en las provincias de A Coruña, Toledo y Alicante como presuntos integrantes de la organización delictiva y con labores concretas de captación, traslado y control de las víctimas.

Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública.

Ademas de documentación y otros efectos de interés, los agentes se incautaron en los registros de 200 gramos de cocaína y han precisado que la red obligaba a las mujeres a consumir esta droga para hacerlas más dependientes de la organización.

En los registros fueron hallados numerosos comprobantes de envíos de dinero a terceros países que evidenciaban, por un lado, el ingente montante económico que a través de las víctimas ganaba la organización criminal, y por otro, el modus operandi que utilizaban para blanquear estos beneficios.

La importancia de que las víctimas denuncien

El temor de las afectadas a denunciar porque se sienten amenazadas por sus tratantes, sumado a que en muchas ocasiones, cuando denuncian, no sienten el respaldo de la Policía, ocasiona que estas víctimas vivan en una casi completa invisibilización.

Esta operación en concreto comenzó por otra anterior desarrollada en Toledo, en un piso donde fue localizada, entre otras, una víctima venezolana a la que los agentes de la UCO intentaron convencer de que impusiera una denuncia.

Pero la mujer, con un pasado "muy duro", según las fuentes, desconfiaba de los agentes y tenía mucho miedo a la organización, que, como suele ocurrir en los delitos de trata, amenaza a la víctima con represalias para sus familiares en el país de origen.

Finalmente, los agentes lograron convencerla con un argumento: su denuncia podía ayudar a otras mujeres a salir de esa situación de explotación. Y dio el paso.

Era octubre de 2019 y la Guardia Civil comenzó a investigar a esa red. La pandemia de la covid-19 estalló y la organización dejó que volvieran a su país algunas víctimas de las que controlaba.

Pese al confinamiento, algunos pisos donde se obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución siguieron funcionado, como pudieron constatar los agentes.

Gracias a la denuncia de la venezolana, la UCO pudo desentrañar toda la trama, desde la captación hasta la explotación, y encajar todas las piezas del puzzle, y descubrir también cómo vivían las mujeres en condiciones muy duras.

Para llevar a cabo la explotación, los tratantes publicaban anuncios en diferentes páginas de internet —más de 3.000 han cuantificado los investigadores—, para lo que utilizaban números de teléfono que obligaban a comprar a las propias víctimas. La publicación de parte de estos anuncios se realizaba desde la República Dominicana.

El número total de víctimas detectadas y controladas por la red desmantelada asciende a más de treinta mujeres de distintas nacionalidades de Sudamérica, todas ellas en clara situación de necesidad y vulnerabilidad.