La Fiscalía ha rebajado de siete a seis años su petición de prisión a los cuatro miembros de la Manada juzgados por presuntos abusos sexuales en Pozoblanco (Córdoba), al considerar que no existe la condición de agravante en el delito que les imputa.

La causa ha quedado este jueves vista para sentencia después de que el fiscal mantuviera su petición de cuatro años de prisión para cada uno de ellos —ya fueron condenados a 15 años de prisión por la violación en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016 en Pamplona— por un delito contra la intimidad, pero ha rebajado de tres a dos la pena de cárcel que solicitaba por abuso sexual.

Por su parte, la acusación particular mantiene su petición de dos años y medio a cada uno por un delito continuado de abusos y de cuatro años por el delito contra la intimidad.

La misma petición que mantiene la acusación popular para tres de los acusados, aunque para el cuarto, Alfonso Jesús Cabezuelo, ha elevado su solicitud de cárcel a cinco años (más cuatro por delito contra la intimidad) al entender que en su caso hubo agresión sexual y no abusos.

En sus conclusiones finales, el abogado defensor de Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero ha pedido la absolución de todos ellos, si bien ha ofrecido penas alternativas si el juez admite como prueba los vídeos que mostrarían los supuestos abusos.

La defensa insiste en anular como prueba el vídeo

La defensa ha pedido durante la causa la inadmisión de ese vídeo, hallado por la Policía Foral de Navarra durante la investigación a los acusados en el caso de la violación grupal en Sanfermines 2016 y en el que se constatan los hechos de unos meses antes en la Feria de Torrecampo, el 1 de mayo de ese mismo año.

De admitirse el vídeo, el abogado ha pedido como alternativa a la absolución dos años de prisión para José Ángel Prenda por un delito contra la intimidad y multas por un delito de maltrato.

Además, ha pedido una pena de seis meses de prisión para Cabezuelo y Guerrero por delitos contra la integridad moral, mientras que para Escudero ha reclamado una multa de un mes a razón de seis euros diarios por un delito de maltrato.

El letrado Agustín Martínez ha defendido en su conclusión final que los vídeos fueron obtenidos "de forma ilícita" por la policía foral de Navarra porque "carecían de autorización judicial" para ello.

Ha añadido que los agentes forales, que a su juicio "han mentido" durante la vista oral, visionaron los vídeos "a la vista de sospechas" de la "comisión de otros delitos" e hicieron una "investigación prospectiva de manual", que carecía de interés para el estudio pericial de la causa de Pamplona.

Además, ha cuestionado que se pueda haber dictado un "auto verbal" para iniciar la investigación de Pozoblanco "sin dar traslado a las partes", ha rechazo el "hallazgo casual" de los vídeos y ha denunciado la "vulneración del secreto de las comunicaciones".

Finalmente, Prenda, en su derecho a la última palabra, ha reconocido "haber grabado" las imágenes con "el móvil de Antonio", otro de los encausados, y "haberlo pasado sin el conocimiento de ninguno de ellos", que han declinado hablar antes de acabar el juicio que ha quedado visto para sentencia.