Tres semanas es el plazo que tiene Juana Rivas para que el Gobierno le otorgue un indulto si quiere seguir teniendo opciones para que la corte de apelaciones de Cagliari (Cerdeña, Italia) le otorgue la custodia de sus hijos. El próximo 9 de julio se celebrará en el juzgado italiano la última vista antes de que el tribunal tome una decisión final sobre cuál de los progenitores es el más adecuado para tener la custodia de los menores. Si en ese plazo no se le hubiese concedido un indulto total, es decir, que no sólo anule los dos años y medio de prisión, sino también la pena por la que se le ha retirado la patria potestad de los menores por un período de seis años, el tribunal italiano no podrá decidir a su favor para obtener la custodia de sus hijos.

Son muchos los obstáculos a salvar. Por una parte un trámite farragoso y laborioso de una ley que data del año 1870; la necesidad de que el tribunal sentenciador haga un informe favorable, lo que posibilitaría un indulto total (no parcial) y una carrera contrarreloj para llegar a tiempo para que el Consejo de Ministros del 6 de julio pueda aprobar la medida de gracia. Plazos muy justos pero que podrían ser suficientes, tal como afirma la defensa de esta madre granadina.

La petición de indulto para Juana Rivas se presentó ante el Ministerio de Justicia el pasado cuatro de mayo, tan sólo una semana después de que el Tribunal Supremo le rebajara la pena de prisión a la mitad (de los cinco años impuestos por el juzgado Penal nº 1 de Granada, a los dos años y medio) y decidiera mantener intacta la pena de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, así como una indemnización a su expareja, Francesco Arcuri, de 12.000 euros. El pasado 28 de mayo, el Ministerio de Justicia afirmó que ya había comenzado a tramitar el indulto y el Tribunal Supremo ha confirmado este mismo martes que ya había recibido el expediente de Justicia con la petición de indulto y que será el encargado de elaborar el informe necesario, así como pedir el informe al ministerio fiscal y a la parte contraria. 

Todos los requisitos necesarios para el tercer grado

El pasado 11 de junio Juana Rivas ingresaba en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada voluntariamente, un día antes de que se cumpliera el plazo de 15 días que había dado el juez Manuel Piñero para que fuera detenida por la Policía. Este martes, sólo cuatro días después de su ingreso, Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado para que pudiera cumplir la condena en su domicilio. Una pulsera telemática y la obligación de firmar todos los miércoles en el CIS garantizarán que Rivas no salga de la provincia. 

Instituciones Penitenciarias ha tenido en cuenta para la concesión del tercer grado que Rivas había ingresado voluntariamente el CIS, que había satisfecho los 12.000 euros de responsabilidad civil, que la condena que se le impuso no era superior a cinco años, que se trata de su primer delito y que su causa tiene una antigüedad superior a tres años. A todo ello se añade su adaptación social y el apoyo familiar del que goza, otros requisitos que la normativa penitenciaria establece para poder conceder un tercer grado en régimen abierto. Todos los requisitos necesarios para su concesión. La defensa de Rivas agradece al Instituciones Penitenciarias su buena disposición y buen hacer, y sobre todo la celeridad en los trámites para que Rivas pueda cumplir la condena en tercer grado.

Un proceso juzgado en dos países que no cooperan

Tal como han afirmado a lo largo de los últimos años diversas juristas, Rivas no debería haber entrado en prisión. Ni siquiera ser condenada por un delito que aún está abierto instancias judiciales italianas. Tal como afirma Rivas desde el inicio, desde el momento en el que permaneció en paradero desconocido por un mes en agosto de 2017, su huida y su desobediencia a la Justicia estaba motivada por la voluntad de proteger a sus hijos contra su expareja, que había sido condenado por malos tratos en 2009 y a la que volvió a denunciar en 2016 en Granada. 

La falta de coordinación entre las Administraciones judiciales Italia y España han propiciado un monstruo jurídico que ha permitido que mientras en Italia se avanza a paso de tortuga sobre la custodia y la investigación de los posibles malos tratos de Arcuri a sus hijos, en nuestro país ya se la haya condenado por dichos sustracción de menores. Una falta de coordinación que contradice tratados internacionales firmados por los dos países (Convenio de Estambul) que establece que los países deben transmitir información con agilidad sobre el riesgo de una persona y asegurarse de que sean adoptadas las medidas de protección apropiadas en el país donde se encuentra la víctima. Una cooperación que en este caso ha brillado por su ausencia. 

En ningún momento del largo periplo judicial los tribunales de España e Italia entraron en la cuestión de los malos tratos. La denuncia interpuesta por Rivas contra Arcuri en Granada fue archivada por el juzgado que le retiró la custodia de los menores y se la entregó al padre en virtud del Convenio de la Haya y tardó más de un año en remitirla a Italia. Allí también fue archivada sin investigación. La realidad es que el caso de Rivas nunca fue juzgado como un asunto de violencia de género, a pesar de que tanto Rivas como sus hijos tenían reconocida esta condición por organismos oficiales especializados. Una incongruencia que va contra las leyes de protección hacia este tipo de violencias con las que nuestro país se ha dotado en las últimas décadas. 

En la actualidad la corte de apelaciones de Cagliari, un tribunal de segunda instancia, inició una nueva pericia para determinar cuál de los dos progenitores es el más apto para tener la custodia de los niños, tras anular las actuaciones del tribunal civil. 

Paralelamente, la fiscalía italiana tiene aún que decidir si investiga las seis denuncias interpuestas entre 2019 y 2020 por Rivas contra su expareja por maltrato hacia sus hijos y que no han sido archivadas. Existen documentos que acreditan que dicho maltrato de Arcuri hacia los menores se puede haber producido e incluso que puede ser calificado como "grave". Entre los documentos que tiene el tribunal italiano figuran informes médicos de los servicios de urgencia hospitalaria italiana que exploraron a los menores y advierten de "posibles malos tratos". También están en poder de este tribunal los informes psicológicos de los hijos de Rivas emitidos por la Unidad de Salud Mental de Artafe (Granada) en julio de 2019, en diciembre de ese mismo año y un tercero en agosto de 2020, en los que se advierte de que los menores pueden estar sufriendo "maltrato grave". 

En el caso del hijo mayor, los últimos informes emitidos por esta unidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), advierten de un "empeoramiento importante de su estado psicológico". Todos estos informes, tal como manda la ley, fueron remitidos a la Fiscalía de Menores y a los servicios sociales de la Junta de Andalucía, sin que hayan motivado ninguna actuación ni investigación. Cuando estos casos han llegado los juzgados de Granada, se han limitado a replicar que las actuaciones sobre este caso se están viendo en la Justicia italiana, y que se remitirán los informes a Cagliari, sin que las abogadas de Rivas en Italia tengan constancia de si efectivamente se han enviado.

En diversas manifestaciones en los últimos días, miembros del Gobierno se han mostrado favorables a conceder el indulto a Rivas, aunque no confirman si se están llevando a cabo actuaciones concretas ni si existe la posibilidad de acordarlo en las escasas tres semanas que quedan antes de que el juicio por la custodia de los menores quede vista para sentencia el próximo nueve de julio en Italia. En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros de este martes, la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, evitó pronunciarse sobre el indulto y se limitó a afirmar que "se trata de un tema enormemente complicado. Ustedes saben bien cuál es el sentir de este Gobierno con respecto a las cuestiones que tiene que ver con el feminismo, pero me van a permitir ser prudente hasta que sea visto por los servicios jurídicos", y lamentó no poder decir nada más.