Andrea fue asesinada por su padre en abril de 2003 cuando tenía siete años, durante una visita no vigilada con su progenitor maltratador. La suya puede considerarse la crónica de una muerte anunciada, porque a pesar de las 51 denuncias presentadas por su madre, Ángela González Carreño, desde que se separó de su marido en 1999, nadie tomó las medidas necesarias para impedir su asesinato.

Ni las amenazas, ni las denuncias, ni las entrevistas con psicólogos y psiquiatras, ni los servicios sociales, ni la negativa de la niña a ver a su padre pusieron fin entonces a esas visitas no supervisadas. Pero la cosa no mejoró desde entonces. Ángela lleva desde entonces demandando justicia y reparación y, sobre todo, medidas que impidan que casos como el suyo vuelvan a repetirse.

Hoy, 14 años después de iniciar esta lucha, Ángela González vuelve al punto de partida. "Al punto cero", como lo denomina. Ningún tribunal español reconoció fallos en los organismos del Estado que debían proteger a su hija. El caso llegó en 2011 al Tribunal Constitucional, que dictaminó que no cabía un recurso de amparo ante ese tribunal. Tuvo que ser un organismo internacional de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), quien le diese la razón condenando a España en julio de 2014 por el asesinato de Andrea.

La ONU dictaminó que el Estado español había fallado en este caso; recomendó al poder judicial, al ejecutivo y al legislativo tomar medidas concretas para evitar que un caso como el de Andrea volviera a producirse y exigió a España a que indemnizara a Angela González como medida de reparación y reconociminento de un gran error.

El Gobierno, sin embargo, lejos de aceptar las recomendaciones, se limitó a afirmar que las resoluciones de los organismos de Naciones Unidas no son vinculantes. Desde entonces, Ángela ha vuelto al punto de partida. Ha comenzado nuevamente su periplo por los juzgados Españoles que le niegan una indemnización y el reconocimiento de que el Estado ha cometido fallos en la defensa de la vida de su hija Andrea.

Ahora Ángela concede a Público la primera entrevista extensa.

Tu drama estaba llamado a ser un caso emblemático que marcara un antes y un después. ¿Crees que ha cambiado algo en las leyes o en la manera de abordar el problema?

No. En absoluto. Porque sigue pasando lo mismo. Es más, están aumentando los asesinatos de mujeres y sobre todo de los hijos y esto es lo que más me impacta. Cada nuevo caso lo vivo con mucha indignación. Siento muchísima pena porque sigue pasando lo mismo y después de 14 años, cada vez que sucede el asesinato de un hijo es como si me trasladara al pasado. Como si me volviera a suceder de nuevo.

El motivo sigue siendo el mismo. La justicia sigue entregando hijos a padres maltratadores. La Ley de 2004 [la Ley Integral contra la Violencia de Género] ya establece que no se puede entregar a un hijo a un padre maltratador. Entonces, ¿porqué no nos preguntamos todos porqué se sigue haciendo?

¿Por qué crees que se sigue haciendo?

Porque no hay justicia, porque no hay castigo. Es como un rechazo. Como si hubiera interés por tapar este tema. Como si hubiera alguien interesado en que toda esta lacra no se sepa. Como si fuera algo vergonzoso. No hablo sólo de las instituciones, sino de la sociedad en general, que no se involucra, que no participa, que parece que le da lo mismo.

Por algún motivo a las mujeres no nos hacen caso o no nos creen. Yo siempre pensé que me estaban creyendo. Porque si llego a pensar que no me creían, no hubiera vuelto. Mi confianza estaba en ir a denunciar todo lo que estaba pasando, a la espera de que en algún momento me hicieran caso y tomaran medidas. Algo que no pasó. Creo que gran parte de esto se debe a ser mujer. Si esto estuviera pasando con los hombres, estoy convencida de que se habrían tomado medidas hace muchos años.

¿Que tendría que pasar?

Lo primordial, es que no se le entregue un hijo a un padre maltratador. A ningún padre maltratador.

¿Qué falla? ¿Que falló en tu caso?

Falló todo. Fallaron jueces, fiscales, psicólogos, servicios sociales... Todo. Mi hija estuvo con visitas vigiladas cerca de tres años, pero finalmente decidieron que éstas debían ser abiertas, sin vigilancia y aquí los servicios sociales no hicieron bien su trabajo y el fiscal les hizo caso. Tampoco conté con el apoyo del colegio de mi hija, que tenía miedo de entregar a Andrea a su padre por miedo a que la secuestrara y me recomendaban que la niña no fuera a las excursiones que organizaban por temor, pero que se negaron a hacer un informe sobre esto.

Ángela González Carreño / Christian González-Público

Yo me empeñé en estar presente en las valoraciones que los servicios sociales hacían de la relación de Andrea con su padre, porque no me fiaba de nada. Pero tenía prohibido hablar. En ellas él le preguntaba a la niña "¿a ti quién te ducha?, ¿el novio de mamá? ¿te seca él? ¿te toca?" Y yo miraba con impotencia a la persona de los servicios sociales que anotaba todo sin decir nada y yo pensaba ¿cómo puede estar permitiendo esto?

Cuando decidieron concederle las visitas sin protección todos los jueves por la tarde, mi tarea cada viernes fue ir a denunciar todo lo que me contaba mi hija, que era horroroso. Lo que recibía de los servicios sociales era "bueno, no te preocupes que ya se empezará a normalizar".

La noche en que asesinó a Andrea, yo la tenía que recoger en la sede de los servicios sociales a las ocho. Pero no llegó. A las diez de la noche, la trabajadora social me dijo que ella se tenía que marchar porque acababa su jornada. Así, sin saber qué había pasado con la chiquilla. Me dejó en la Guardia Civil y se marchó. Horroroso.

¿Qué pasó con las 51 denuncias que presentaste a lo largo de esos cinco años?

Ninguna de ellas tuvo efecto. De ningún tipo. Tres medidas de alejamiento que se saltaron a la torera también. Él había dejado de pasar la pensión a su hija, a la que estaba obligado, pero no pasó nada. Por ello, en el último juicio yo pedí la casa familiar. Si no iba a estar protegida y no le pasaba a Andrea lo que debía, prefería estar en la casa. Me la concedieron. Esto fue un miércoles. Al día siguiente en la visita no vigilada la asesinó.

¿Los informes psicológicos no apoyaron tu relato?

Si, totalmente. Mi informe y el de la niña fueron perfectos, pero el de él demostraba que estaba falseado. Le detectaron doble personalidad y una celotipia tremenda [transtorno patológico delirante provocado por los celos] . Pero el informe, encargado por los servicios sociales recomendó favorecer la conviviencia con su hija para que aflorara la parte positiva de su personalidad. El informe psicológico sirvió para el bien superior de él y no el de Andrea.

Antes de separarnos él me sometía a una persecucion tremenda. En el trabajo, en casa, en todos los sitios. En mi casa empecé a ver que los suelos estaban como con manchas y es que echaba productos para saber si había ido gente o no. Empezó a decir que tenía un montón de amantes por todos los sitios. Dijo que me había visto con su hermano, con su padre, con su sobrino… A todos los amenazó de muerte, pero nunca lo denunciaron o me apoyaron. Esto me hizo recapacitar. Hasta que un día en mi casa me cogió con un cuchillo delante de mi hija y me dijo que le dijera con quién me estaba acostando, que me mataba. Mi hija tenía tres años. Y entonces me marché. Cogí a mi hija y me fui.
Todo esto está en el informe pericial. Mis denuncias y los informes psicológicos.

¿Qué pasó cuando la resolución del CEDAW de Naciones Unidas te dio la razón? ¿Qué pensaste que iba a pasar?

Lloré, grité, me fui del centro de trabajo. Yo lloraba y gritaba: ¡por fin! Por fin alguien me ha dado la razón. Después de 10 años de litigio, casi no me lo creía. Cuando la CEDAW nos dio la razón y reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato de mi hija, la sensación fue que por primera vez alguien se había leído todo el expediente. Porque en los más de 10 años que estuvimos litigando en España, hasta llegar al Constitucional, yo le decía a mi abogada que no era posible que me negaran el derecho a una reparación, a reconocer que el Estado le había fallado a Andrea y a mí si se hubieran leído el expediente.

Sentí mucha alegría que alguien, aunque haya sido fuera, hubiera reconocido todo el trabajo, todo el sufrimiento de estos años. Después, esta alegría se fue convirtiendo en desesperación e impotencia, al ver que a este Gobierno le daba igual. Que no creía que esa resolución de Naciones Unidad tuviera que ser tenida en cuenta, que no estaba por la labor de responder. Concluyó que las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas no son vinculantes y que no tenía nada que hacer.

¿Qué decía el Comité?

Reconocía expresamente la responsabilidad del Estado en el asesinato de mi hija. Detectó áreas de mejora e hizo recomendaciones muy concretas al poder ejecutivo, al judicial y al legislativo, para que aseguraran que un caso como el mío no volviera a suceder. Pedía que se se hicieran legislaciones específicas que impidieran que los padres acusados de maltrato pudieran tener visitas no vigiladas con sus hijos.

Pedía que se me recompensara como forma de reconocer los errores y que España investigara los fallos en el sistema judicial. Pero nada de esto fue tenido en cuenta. Cosa que no entiendo. No entendemos ni yo, ni las abogadas que me apoyan.

¿En qué punto está tu caso ahora?

He vuelto al punto de partida. Al punto cero, sin saber si algún día terminará. Con mis abogadas [la letrada y consitucionalista Ana María Ruiz-Tagle y la organización Women´s Link Worldwide] hemos reclamado a la Audiencia Nacional la indemnización que pedía Naciones Unidas. Sin embargo, me la negaron porque consideran que es un caso ya juzgado, sin tener en cuenta la resolución de la CEDAW. Ahora el trámite se encuentra en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Me están obligando a padecer todo de nuevo. Volver a pasar por lo mismo. Me siento maltratada por la justicia. Lo que tengo claro es que no dejaré de luchar hasta que se reconozca que el Estado me falló a mi y a mi hija y estoy dispuesta a seguir esta lucha para que ninguna madre ni ningún hijo tengan que volver a pasar por esto.

¿Qué aconsejarías a una mujer que sea obligada a permitir visitas no vigiladas con un padre maltratador?

Que se vaya de España. Yo hoy me iría de España lo más lejos posible, sin pensarlo. De hecho, muchísimas veces me arrepiento de no haberlo hecho. En aquella época no lo pensé. Pensé algo peor, y también me arrepiento.