Ana Gómez fue asesinada el 11 de febrero de 2016 en Becerreá (Lugo) por su marido, José Manuel Carballo, conocido como O Chamaco. Le disparó por la espalda con una escopeta delante de sus hijos. Ana Gómez, de 40 años, había pedido ayuda en la Casa de la Mujer, un servicio social que presta atención y apoyo en el Ayuntamiento de Lugo. Sin embargo, la hermana de la víctima, Martina Gómez, denuncia que en su caso no ha sido así. Ana había acudido pidiendo asistencia, pero tardaron 22 días en darle una cita cuando los servicios ya conocían el maltrato y las intenciones de José Manuel Carballo.

Anteriormente, Ana Gómez se puso en contacto con Alar, una asociación financiada por la Xunta de Galicia destinada a proyectos de inserción e integración y que lleva a cabo programas dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Según cuenta Martina a Público, cuando Alar se pone en contacto con la Casa de la Mujer para explicar el alto riesgo que corre su hermana, las funcionarias deciden darle la cita 22 días más tarde. Alar también les explica que su marido ya le había encañonado con el arma, había pegado a su abuela y había matado a su perro, entre otros episodios de maltrato. Le contestaron que no podían adelantar su cita, que tenía que acudir el 11 de enero, porque parte de la plantilla estaba de vacaciones, otra de baja y alegaron que era fiesta por carnaval.

La cruda situación obliga a Ana Gómez a asistir al centro el 5 de enero con su hijo mayor, para explicar el peligro que corren tanto ella como sus hijos y que no puede esperar más. El personal, según el relato de su hermana, le aconsejó que abandonase la vivienda "poco a poco". A día de hoy, las funcionarias que le atendieron "niegan estas visitas", pero como detalla su hermana, están "recogidas judicialmente", además de estar de testigo su hijo mayor, que por aquel entonces tenía 16 años.

En pocos días hizo la mudanza y volvió el 11 de enero a la Casa de la Mujer para preguntar cuál era el próximo paso a seguir, y le notificaron que debía acudir al día siguiente a los servicios sociales para buscar vías económicas. Pero esa tarde, con la misma escopeta con que la había amenazado múltiples veces si se iba de casa, José Manuel Carballo le disparó por detrás.

Martina Gómez no estaba al tanto del maltrato hacia su hermana, y recuerda que es un patrón que se repite entre las víctimas de violencia de género, por vergüenza y por miedo a no ser creídas. Martina ha presentado una reclamación vía registro del Ayuntamiento después de haber recurrido dos veces por vía judicial, ya que el Gobierno local defendió el trabajo de las funcionarias y alegó que siguieron los protocolos habituales, así como que el servicio atiende a "más de 3.000 mujeres con distintas problemáticas", aseguró su alcaldesa, Lara Méndez, del PSOE. A Martina no le salen las cuentas, ya que el servicio funciona solo cuatro horas por la mañana de lunes a viernes, también con festivos cerrados, con una plantilla de entre tres y cinco personas.

"Si me quejo desde hace años es porque han cometido negligencias. A mi hermana no me la van a devolver, pero lo que pretendo es que esto funcione realmente de verdad", sostiene Martina. Entre las soluciones que le podían haber dado a su hermana, señala una casa de acogida para Ana y para sus hijos, o incluso haber avisado a la Guardia Civil para quitarle el arma al maltratador. "Podían haber hecho muchas cosas, no hicieron nada".

Junto con la Plataforma Feminista de Lugo, Martina tiene claro que la Casa de la Mujer no prestó los servicios de atención, ayuda y acompañamiento que Ana necesitaba en su momento. "El caso de Ana no es un caso aislado. La desprotección de las víctimas parece ser la norma. El proceso es lento, los trámites burocráticos interminables", recoge un comunicado con el que piden respaldo a las asociaciones y colectivos feministas gallegos para modificar la gestión de la Casa de la Mujer, y que será remitido al Ayuntamiento de Lugo. Consideran que las víctimas de violencia machista quedan desprotegidas por los "recursos insuficientes y las competencias repartidas entre territorios".

Entre varios puntos, reclaman una atención inmediata de las víctimas con personal de la abogacía y una psicóloga de guardia, y que sean sustituidas las bajas y las vacaciones de las trabajadoras; renovar los puestos cada cuatro años para garantizar la calidad del servicio; hacer públicos los gastos e ingresos del organismo con una transparencia real; aprobar ayudas económicas y de vivienda de forma inmediata para los hijos de la víctima, ya que hasta ahora, según relata su hermana, "han recibido miserias"; poner en marcha lo antes posible el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

Según datos del Ministerio de Igualdad, 41 mujeres han sido asesinadas este año, dos de ellas en Galicia. Además, según ha informado la Delegación del Gobierno, en la comunidad se contabilizan 3.700 casos activos por violencia de género. Para este miércoles 25 de noviembre hay convocadas concentraciones en las principales ciudades gallegas. La Marcha Mundial das Mulleres pone por bandera el trabajo de cuidados, feminizado en su totalidad y por ende, invisibilizado durante la crisis sanitaria del coronavirus: "La vida se posterga, para, se confina, pero la violencia continúa".