Según fuentes de la subcomisión del Congreso que están negociando un Pacto de Estado contra la violencia de género, el presupuesto que está sobre la mesa para llevar a cabo las acciones que acaben con esta lacra en los próximos cinco años es de mil millones de euros. Pero ¿Es poco, mucho o suficiente?

Es una tarea casi imposible calcular cuánto dinero ha destinado efectivamente el Gobierno a combatir la violencia de género en los últimos cinco años. Las partidas económicas para luchar contra esta lacra están ampliamente repartidas entre distintos ministerios e instituciones y no se sistematizan ni publicitan de forma que sea posible calcular cuánto se destina realmente año a año. 

Los datos que se conocen y por los que se miden los incrementos o las bajadas de presupuesto en esta materia, son los que dedica el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un organismo que vive dentro del ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad o los que recibe el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades. Pero éstos son el chocolate del loro. 

Los presupuestos de 2017 destinaron a esta Delegación 31,7 millones de euros, una cifra que supuso un incremento cercano al 11% con respecto al año anterior, pero que son aún un 9% inferiores a los dedicados en 2010. Estas cifras fueron ampliamente criticadas tanto por los partidos políticos de la oposición, como por los movimientos sociales que salieron a la calle para presionar al Gobierno.

Las organizaciones feministas reclamaban que se incrementaran en 120 millones de euros el presupuesto que destina el Gobierno a las Comunidades Autónomas para luchar contra esta violencia. El partido Socialista había calculado este incremento en 109 millones de euros.

En su defensa de los PGE para luchar contra la violencia machista, la ministra Dolors Montserrat afirmó en el Congreso que el Gobierno dedicará este año 266 millones de euros a esta causa, repartidos en distintos ministerios (justicia, interior, trabajo..) a los que hay que sumar lo aportado a las Comunidades Autónomas, cifra que no especificó. Es decir, el Gobierno hacía público que la inversión total contra la violencia de género está por encima de los 266 millones de euros tan sólo en un año.

Tanto las organizaciones de la sociedad civil, como los partidos de la oposición política manifiestan que es imposible hacer un seguimiento de estos fondos, a qué se dedican y qué eficacia tienen. La última Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer acabó en 2016 y siete meses después aún no existe una evaluación de sus resultados, ni tampoco un nuevo plan para el próximo trienio.

Lo que sí está claro es que tanto las recomendaciones de Naciones Unidas (a las que España ha hecho oídos sordos), como la ratificación en 2014 del Convenio de Estambul, obligan a nuestro país a hacer más en materia de protección de las mujeres y lucha contra al violencia machista. 

De hecho el Convenio de Estambul, acordado en el marco del Consejo de Europa, obliga a los Estados a proteger, prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y amplía el número de violencias que los Estados deben considerar y legislar.

Más violencias y más mecanismos de prevención

La subconisión del Congreso que está negociando un Pacto de Estado contra las violencias machistas ha llegado a varios acuerdos de consenso para acabar con esta lacra. Entre ellos figura el de ampliar el número y tipología de las violencias (en consonancia con los acuerdos internacionales) y no limitarlo, como hasta ahora, a la violencia que se produce en el seno de las relaciones de pareja, tal y como marca la actual ley.

Otro de los acuerdos alcanzado es el de devolver a las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entes locales el grueso de las medidas de prevención y protección a las víctimas, porque son las únicas que pueden asumir esta tarea en el ámbito local. Esto obligará a modificar la ley de racionalización de la Administración Locales aprobada por el Partido Popular en 2013, por la que se les quitaba estas competencias. Estos dos acuerdos requerirán una inversión importante de fondos

Las organizaciones feministas advierten de que, hoy por hoy, los fondos para luchar por la erradicación de la violencia de género son escasos, lo que hace difícil pensar que los mismo fondos alcancen para atender un catálogo más amplio de violencias, hacer mucho más para la prevención y una atención más detallada a las víctimas.

Según sus cálculos, la Delegación del Gobierno para la violencia de género destina un 53,3% de su presupuesto a subvenciones (13,4 millones) de los que seis millones van destinados a los convenios con las Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica de las víctimas en todo el territorio del Estado. "Una cantidad insuficiente, pues equivale al salario de unas 150 profesionales para más de 7.000 municipios", afirman.

El acuerdo que están negociando los distintos grupos políticos en el Congreso incluye, ademas, la creación de lo que se denominan "unidades de apoyo" que vivirían en el ámbito local y que constituirían un sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones que eviten la desprotección de las mujeres víctimas de violencia y garantizaría su derecho a la asistencia social integral. Estas unidades estarían integradas por personales de servicios sociales, sanitarios y de las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica.

Este sistema de protección deberá contar con recursos suficientes para generar una red de protección y ser financiada a largo plazo para ser efectiva. 

Los asesinatos de mujeres, siendo tremendos porque representan la manifestación más extrema de esta violencia, son, según muchos expertos, la punta del iceberg. Debajo se esconde una enorme masa de desigualdades que es necesario atajar para que los asesinatos dejen de producirse. Esto supondrá, tal como estipulaba la ley de violencia de género de 2004, implementar planes de igualdad en el ámbito educativo, tal como reconoce el borrador de Pacto que se está negociando. Es decir, trabajar en una amplia batería de medidas de prevención en la educación y la formación que, aunque están recogidas en la ley de 2004, nunca se llevaron a cabo.

Algunas fuentes consultadas por este periódico y conocedoras de las negociaciones en el seno de la subcomisión del Congreso, afirman que aún el documento para un Pacto de Estado no está cerrado y que falta por negociar algunos "flecos", por lo cual se hace difícil hacer una estimación más concreta de los fondos que efectivamente se van a necesitar para asegurar que el pacto se implemente con todas las garantías.

Lo que sí parece evidente, a la luz de los datos que se conocen, es que los 266 millones en un año anunciados por la ministra Montserrat en mayo pasado para 2017 no podrán sufragar estos gastos. Lo que se desconoce hasta el momento es si los mil millones puestos encima de la mesa serán distribuidos equitativamente en cada ejercicio (es decir, 200 millones por año durante cinco ejercicios) o si serán adicionales a los presupuestos del estado u otras partidas.