El Salvador se convirtió el año pasado en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Una ley aprobada por amplia mayoría vetó las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo. Pero para llegar a este estadio, el movimiento de oposición a la minería planteado desde las comunidades del país centroamericano y encabezado por mujeres, ha tenido que hacer frente a amenazas, intimidaciones y asesinatos de los líderes ambientales por parte de la empresa extractiva canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales y Manuela Morales pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) y son parte integrante de la resistencia a la minería en el departamento de Cabañas. Hablamos con ellas de su lucha, del derecho al agua y a la tierra y de los derechos humanos.

Han sido 12 de años de oposición a un megaproyecto minero que ponía en peligro vuestros bienes. ¿Cuáles son los perjuicios que causa la minería en un país como El Salvador?

Vivimos en un país pequeño, con apenas 21.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 7 millones de habitantes. Somos prácticamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado y las comunidades rurales no tenemos acceso al agua, carecemos de ese vitalicio. Muchas de nuestras comunidades, de hecho, se sostienen de las fuentes naturales, de ir a acarrear el agua a pozos o ríos. La minería, aquí o en cualquier parte del planeta, utiliza cantidades muy elevadas de agua. Era muy injusto que una empresa minera pudiera tener agua las 24 horas del día cuando las comunidades no contábamos aún con ese vitalicio indispensable para la vida. La necesitamos y la necesitamos limpia. Y es que, aparte de utilizar grandes cantidades de agua, las empresas mineras dejan el agua contaminada. Es otro factor de riesgo: se profundizan los mantos acuíferos subterráneos para que el agua se contamine de productos químicos y así quede inservible.

Y esto se agrava con el hecho de que, sorprendentemente, en un país tropical como El Salvador se hable ya de déficit hídrico…

Los países más empobrecidos nos estamos llevando la peor parte del cambio climático; las acciones que cometen otros países más desarrollados traen consecuencias. El Salvador no se queda atrás: estamos a punto de convertirnos en un país con estrés hídrico. Somos un país tropical con dos temporadas, una de invierno y otra de verano, pero ahora los inviernos ya no sabemos si serán efectivos, o si lloverá mucho o poco. Los países que ahora viven en un pleno desarrollo como los países europeos o Estados Unidos lo hacen a costa de todo el sacrificio, la deforestación y la riqueza que nos han podido arrebatar. Además del agua, la expansión de la minería también ha supuesto un peligro para el acceso a la tierra. El acaparamiento de tierras por parte de las empresas que implementan sus proyectos ha provocado que en Honduras, Guatemala o Nicaragua muchas poblaciones hayan sido desalojadas.

Suena muy bonito eso de 'Minería verde', la carta de presentación de algunos de estos proyectos transfronterizos instalados en vuestro continente. Pero no es así.

Es una mentira de las más descaradas. De minería verde no se sabe nada. Lo único que se puede ver verde son los dólares que ellos se llevan. Ellos se llevan una abundante ganancia y a nosotros nos dejan la contaminación y la destrucción de nuestros ecosistemas.

El camino de lucha hasta la ley que prohíbe las extracciones no ha estado exento de violencia, tampoco.

A partir de la resistencia en las comunidades, se genera un ambiente de intimidaciones, amenazas e incluso asesinatos. En 2007 hubieron muchos conflictos comunitarios entre grupos que pertenecían a la empresa y grupos de personas que estaban en contra de que se desarrollara la explotación minera. Hubieron enjuiciamientos injustos y encarcelamientos en el departamento de Cabañas. En junio de 2009 asesinaron a Marcelo Rivera y en diciembre de 2009 asesinaron a Ramiro Rivero y a Dora Sorto. El asesinato de Dora Sorto fue un brutal y cobarde asesinato porque Dora estaba embarazada de 8 meses y llevaba en sus brazos a un niño de dos años, que fue herido de bala también. Fue un asesinato que conmovió mucho las comunidades y el país en general. Fue una muerte inhumana. En el 2012 las empresas cambiaron la estrategia y empezaron a arremeter contra los hijos de los líderes ambientalistas. Fue ese año cuando asesinaron de manera vengativa a un hijo de una compañera, un estudiante de apenas 19 años de edad. En esos mismos años, también la empresa denunció al estado salvadoreño en el CIADI, instancia del Banco Mundial Se vino enfrentando desde 2008 porque estaban molestos con las comunidades que no les dejaron entrar en sus territorios.

Precisamente decía Berta Cáceres que es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente. Según Global Witness, más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio.

América Latina se ha convertido en el continente donde hay más criminalización a los defensores y las defensoras de sus bienes comunes. Hay grandes violaciones a los derechos humanos. La historia se repite. Hace 500 años la gente entregaba sus vidas por defender sus territorios y hoy, con una situación más tecnologizada o más sofisticada, pasa lo mismo. Las grandes empresas entran con sus grandes maquinarias y son capaces de cambiar gobiernos. Compran las voluntades de los políticos —a eso lo llamamos “contaminación institucional”— pero no compran la conciencia de las comunidades. A veces nos toca desplazarnos forzosamente. Pero los centroamericanos y los latinoamericanos muy pocas veces tenemos el sueño de emigrar. Nuestro sueño es cuidar, proteger y vivir en armonía con nuestro entorno. Muchos emigran porque las diferencias son abismales pero en su mayoría hemos nacido y crecido en nuestros lugares, y queremos morir también.

El vuestro es también un movimiento contra el patriarcado.

De hecho, somos las mujeres las que salimos más fuertemente afectadas con la implementación de estos proyectos. Hemos podido ver en el pasado cercano de lucha como se afecta al cuerpo de las mujeres, empezando por la separación del hogar, por la sobrecarga de trabajo, por la falta de los bienes como el agua y la tierra. El extractivismo es parte de esta gran figura del patriarcado que ronda por todo nuestro continente, que ha estado presente durante muchos siglos y que seguirá estando presente si no abrimos los ojos.

¿Existe el temor a que la ley pueda ser revertida?

Las leyes pasan por las manos de los congresistas y los diputados y cuando hay mayoría pueden revertirlas. Existe ese temor más aún cuando el candidato presidenciable del partido de extrema derecha de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), es un prominente minero. Lo hemos visto de la mano de Frank Giustra, magnate minero canadiense con muchas inversiones, o de Carlos Slim, multimillonario mexicano, o del ex-presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Nos preocupa porque los intereses de estas personas son extractivistas y quieren corregir la ley que hemos conseguido. Somos conscientes de que la ley es frágil, es un logro temporal. Por eso seguimos organizadas en El Salvador más aún cuando la derecha es mayoría en el congreso legislativo. Nos mantenemos vigilantes de lo que pueda suceder. Nuestra petición en la coyuntura actual es elevar la lucha para que la eliminación de la explotación minera quede reflejada en nuestra constitución.

Vuestro logro puede iluminar el camino de otras luchas en el continente

Tratamos de compartir nuestras experiencias y nuestras estrategias en las luchas de nuestros países vecinos. Hemos tratado de articular esfuerzos a nivel centroamericano. De hecho tenemos un espacio compartido que llamamos la Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica. También tenemos una coalición internacional de amigos en Estados Unidos, Canadá y Australia que están trasladando nuestra voz en sus países y nos han ayudado a realizar estudios sobre los impactos de la minería en el agua que han servido para desenmascarar estos megaproyectos. Con el esfuerzo compartido podemos llegar a tejer la defensa del territorio y de las personas que viven en él.