"Lo último que uno espera durante la realización de unas pruebas preoperatorias, simples y rutinarias, es el diagnóstico de una enfermedad maligna e incurable". Habla Agustín Medina sobre la dolencia que le va a costar la vida. Sus palabras transpiran entereza y no rehúyen la devastación del mesotelioma, un tipo de cáncer de pulmón que suele acortar la vida a menos de un año y que solo el polvo de amianto provoca.

Agustín vivió y trabajó hasta los 25 años junto a la fábrica de Uralita de Cerdanyola del Vallès, donde se produjeron placas de fibrocemento hasta que cerró en 1997, 90 años después de abrir. Durante décadas, los alrededores de la nave quedaron cubiertos de una fina capa blanca. "Los niños construíamos nuestros propios juguetes con recortes de uralita. En ningún momento nadie nos comentó que aquello que hacíamos fuera peligroso", recalca Agustín, a quien este medio no ha llegado a tiempo a entrevistar: falleció en julio de 2016 a los 59 años. Sin embargo, la carta que escribió medio año antes de morir habla por él.

"Es muy sencilla, pero expresa cómo se sentía por no haber sabido nada del daño que Uralita causaba", comenta su esposa, María García. Recuerda que su marido se sobrepuso al dolor para redactarla: al igual que a otros afectados terminales, los abogados del Col·lectiu Ronda le sugirieron que escribiera para que la muerte no arrebatara a los jueces su testimonio acusatorio contra la compañía que esparció las fibras tóxicas sin control. "Sabía que se leería cuando él ya no estuviera. Tenía claro que no llegaría a ver el juicio", añade su viuda, una de las demandantes que se han enfrentado a la antigua Uralita y que, sin embargo, aún no han percibido una indemnización que, como ella dice, no reparará la pérdida.

Del mismo modo que otras firmas, Coemac –el nombre actual de Uralita– dilata los pleitos en su contra durante años. Por norma, apela contra las sentencias que obligan a pagar por la contaminación que hizo enfermar a empleados y también a vecinos de la factoría, como el Supremo acreditó en marzo, al ratificar que se transfieran 2,3 millones de euros a los herederos de 43 fallecidos. Sin embargo, otro obstáculo se interpone para los perjudicados: Coemac cayó en 2020 en concurso de acreedores alegando incapacidad para generar ingresos con los que atender a todas las demandas. El Col·lectiu Ronda ha promovido 594 procesos judiciales por las secuelas del amianto y se ha personado en el procedimiento concursal para solicitar unos 25 millones de euros que se adeudan a sus clientes por resoluciones contrarias a Coemac.

"No tenemos garantía de que se cobrará parte o la totalidad de la cuantía", alerta Esther Costa, abogada que representa a afectados pasivos ambientales, quienes han desarrollado afecciones por convivir con trabajadores que manipularon el material nocivo o por aspirar sus partículas al afincarse cerca de las fábricas. "Las sentencias reconocen un derecho, pero eso no equivale a que lo que establecen vaya a cumplirse –dice Costa–. Es un crédito más de los que pueda haber y constantemente surgen nuevos acreedores en el proceso concursal".

Coemac se declaró insolvente tres meses después de encajar una condena de 3,4 millones, el mayor varapalo judicial dictado por el amianto en España. El fallo trata los casos de ocho personas, incluidos Agustín Medina y familiares de empleados de Uralita, que contrajeron trastornos décadas más tarde por gestos en apariencia inofensivos como lavar a mano monos de trabajo, sin saber que estaban impregnados de restos insalubres. Murieron antes de que se impartiera justicia. "Es lo habitual –comenta Costa–. La esperanza de vida con un mesotelioma no llega a dos años y apenas tenemos la primera sentencia en ese tiempo".

La afección indujo un deterioro "radical" a Agustín, que le restó fuerzas "incluso para caminar", precisa en su misiva. "Mi marido quiso denunciar porque padecía por cómo iba a dejar a la familia. He seguido con esto porque él así lo quería", da fe su viuda, quien tendrá que esperar con probabilidad dos años más a que el Supremo se pronuncie. Aunque los demandantes tienen las de ganar, Coemac no ha retirado el recurso. El litigio podría demorarse más de siete años en finalizar desde que se inició. "Agustín nunca hubiese creído que tardase tanto", presiente María. "La empresa siempre obstaculiza el cobro de indemnizaciones", reprocha Costa.

Coemac cerró el último ejercicio con 10,3 millones de pérdidas. Si bien lleva años manifestando una situación incierta y resultados deficitarios que vincula a las resoluciones desfavorables, la firma se alzó con 8,6 millones de beneficios en 2017, cuando vendió sus acciones en una marca de placas de yeso por 90,4 millones de euros. El Col·lectiu Ronda sospecha que Coemac se ha deshecho con premeditación de sus unidades más rentables para eludir el pago de las condenas avaladas por el Supremo. "Tenemos indicios de una operación planeada para despatrimonializar la empresa con antelación y dejarla prácticamente inactiva", apunta Costa. El juez ha autorizado vender la unidad productiva de Coemac y una filial suya, que en 2019 se quiso traspasar por 11 millones de euros. El importe no alcanza ni la mitad del débito con los demandantes.

Coemac contabiliza 29,3 millones de euros en reserva por unos litigios en que alberga malas perspectivas. "Son previsiones contables, no quiere decir que sea dinero en efectivo que tenga en el banco", aclara Costa, que agrega que el Col·lectiu Ronda estudia si el concurso es fraudulento y si podría exigir responsabilidades a los administradores de la sociedad.

De las provisiones, la empresa extrajo 1,3 millones en 2020 para sufragar obligaciones derivadas de los pleitos. "No sabemos de nadie que haya cobrado la indemnización en el último año", asegura José Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Catalunya, que cree que la supuesta insolvencia de Coemac es una "triquiñuela" para zafarse de resarcir a las víctimas. Junto a otras entidades, promueve un fondo de indemnización estatal que el Congreso ha empezado a diseñar. "Es la única forma de garantizar que cobren al menos una parte. La paradoja será que financiaremos con nuestros impuestos lo que debería haber pagado una empresa que se enriqueció", constata Costa.

Pese a que se prohibió comercializar hace 19 años en España, se siguen diagnosticando dolencias debidas al amianto, que se expandió como material de obra. El doctor emérito Josep Tarrés registró 220 mesoteliomas en Cerdanyola, Ripollet y el conjunto del Vallès Occidental entre 1975 y 2018, con un crecimiento disparado en el último tramo de examen. "Estamos en rampa ascendente. La curva de casos de trabajadores ha hecho meseta, pero crece a expensas de los diagnósticos de convivientes con empleados y afectados ambientales. Hay de 12 a 15 casos nuevos por año", concreta Tarrés. De hecho, al Col·lectiu Ronda acuden más víctimas que no trabajaron en las fábricas que exoperarios.

La otra cara del problema es el fibrocemento que permanece instalado. La Unión Europea obliga a erradicarlo antes de 2032, y Tarrés clama desde hace años por retirarlo para frenar una "pandemia evitable": "Aunque todo el amianto desapareciera, seguirían detectándose mesoteliomas durante unos 40 años, que es el periodo de latencia hasta que la patología se manifiesta. Ahora hay millones de microfocos en tejados y construcciones deterioradas que expulsan amianto a la atmósfera, con lo que toda la población está expuesta".

María siente que los damnificados del amianto cargan con "una injusticia muy grande": "Se sabía que esto era mortal desde los años 40, y lo dejaron pasar". "Me pregunto si una simple advertencia en el pasado podría haber cambiado mi presente", anotó Agustín hace cinco años, antes de morir. Coemac se ha excusado en el proceso concursal para no responder a este medio.