Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido hace diez años en Santiago reclamaron este jueves en el Parlamento Europeo a las instituciones comunitarias que obliguen al Estado español a iniciar una investigación independiente sobre las causas del siniestro. La Comisión Europea, por su parte, se ha comprometido a auditar este mismo año la ejecución del plan prometido por España para mejorar los sistemas de seguridad ferroviaria y adaptar a la legislación comunitaria los protocolos de las investigaciones de accidentes de ese tipo.

Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España al considerar que el informe sobre las causas del accidente elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue imparcial ni tuvo en cuenta aspectos sustanciales del accidente que fueron pasado por alto sin justificación alguna.

El 24 de julio de 2013, en la víspera del Día Nacional de Galicia, el Alvia 1455 que cubría la línea Madrid-Ferrol se estrelló en la curva de Angrois, a escasos kilómetros de Santiago, cuando por un despiste del maquinista circulaba a 191 kilómetros por hora en un tramo con la velocidad limitada a 80. Murieron 81 personas y otras 144 resultaron heridas. El tramo donde ocurrió la tragedia no contaba con sistema de frenado automático, y el de balizas, que habría advertido al conductor de que superaba la velocidad máxima permitida, había sido desactivado meses antes con permiso de los responsables de seguridad de Adif ante las quejas de Renfe por su mal funcionamiento.

Una década sin indemnización

Diez años después, las víctimas, la mayoría de las cuales no han cobrado ni un euro de indemnización por los daños físicos y psíquicos que padecieron y todavía padecen, siguen sosteniendo que el tren y la infraestructura que se levantó para ponerlo en circulación adolecía de severos defectos de diseño y construcción, que las administraciones, tanto del PP como del PSOE, les han engañado y ninguneado, que ningún cargo político ha asumido responsabilidades e incluso que varios ministros, tanto socialistas como populares, las han despreciado negándose a recibirlas.

En todo este tiempo tampoco lo ha hecho el expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien impidió, con la abstención del PSOE, que el Parlamento de Galicia pusiera en marcha una comisión de investigación sobre el accidente a propuesta del BNG y de Alternativa Galega de Esquerdas. Su sucesor, Alfonso Rueda, tampoco ha tenido gesto alguno hacia los afectados. La cabeza de lista del PP por Pontevedra en las elecciones del 28J es Ana Pastor, exministra de Fomento a quien las víctimas acusan de haber diseñado una investigación adulterada para impedir que salieran a la luz las irregularidades cometidas tanto por ella como por su predecesor, el socialista José Blanco, cuando estuvieron al frente de Transportes.

"Pido verdad, justicia y sobre todo responsabilidades, seguiremos trabajando e insistiendo, no me voy a cansar hasta que haya luz y verdad", Ana Miranda durante la conferencia celebrada en la sede de la Eurocámara en la capital belga. Desde 2015, Miranda ha registrado en docena de iniciativas instando a la Comisión a que obligue a España a cumplir la legislación europea para iniciar una investigación independiente, amparar a las víctimas y garantizar el cumplimiento de los protocolos europeos de seguridad.

Expediente abierto

Josef Doppelbauer, director Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, el organismo cuyo informe alertó de las irregularidades de la investigación española, aseguró que la normativa comunitaria sobre seguridad es "muy clara" y que al margen del exceso de velocidad del tren, en el caso de Angrois existían otros factores que "agravaron" las posibilidades de que el tren descarrilara.

Por su parte, el director de Transporte Terrestre de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, recordó que el expediente contra España sigue abierto, y que no se cerrará hasta que el Estado español demuestre que las irregularidades que advirtió Bruselas han sido subsanadas.

En cuanto a las víctimas, Silvia Buitrago, cuya hermana Olga falleció en el accidente, consideró "indignante" que la única responsabilidad del mismo la haya asumido el maquinista, y lamentó el "maltrato inhumano" al que han sido sometidas por la Administración española durante los últimos 10 años.

Esperanza Fernández, que perdió en el siniestro a su padre y a su cuñada y cuyo hermano resultó gravemente herido, reiteró que sin una investigación independiente las víctimas no podrán recibir amparo y que cualquier decisión judicial tomada en base a un informe parcial e incompleto será injusta y no reparará su sufrimiento

En las jornadas, el único acto institucional en recuerdo a lo sucedido y en homenaje a las víctimas, participaron también eurodiputados y otros altos cargos de las instituciones europeas, expertos en seguridad, representantes del sindicato de maquinistas y portavoces de las asociaciones europeas de pasajeros.

Por el contrario, ni Renfe, ni el Ministerio de Transportes, ni Adif, ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aceptaron la invitación que se les cursó para participar en el evento. La declinaron alegando motivos de agenda o la supuesta incompatibilidad de su presencia mientras dure la vista oral por el accidente que se desarrolla desde el pasado otoño en la Cidade da Cultura de Santiago.