La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han condenado "tajantemente" y "sin paliativos" el veto impuesto por Vox a La Sexta y Ctxt (Revista Contexto), medios de comunicación a los que la formación ultraderechista impidió el acceso a su sede tras conocerse los resultados de las elecciones andaluzas el pasado domingo, pese a estar debidamente acreditados.

Las organizaciones en defensa de la prensa reclaman al partido una "política de transparencia" al afirmar que las formaciones políticas deben de ser los primeros interesados en defender el artículo 20 de la Constitución Española, que protege y ampara la libertad de expresión y opinión libre de las ideas.

El veto que denuncian ambas asociaciones se produjo este pasado 2 de diciembre cuando Vox prohibió a los periodistas de La Sexta y Ctxt acceder a la zona del hotel de Sevilla donde dicha formación política seguía los resultados de los comicios andaluces, a pesar de estar los periodistas acreditados para cubrir el acto.

En un comunicado, la FAPE considera que el veto supone "una intolerable discriminación y una grave vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión, que ampara a su vez los derechos de prensa y de información", pilares fundamentales de la democracia.

La FAPE recuerda a Vox que "sin libertad de información desaparece el resto de libertades y se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión" por lo que insta a la formación a levantar el veto y apostar por "una política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque esta no sea de su agrado", según concluye la asociación.

Por su parte, desde la Asociación de la Prensa de Madrid indican que la dirección de Ctxt y numerosos asociados de la APM se han dirigido a esta organización para mostrar su preocupación por lo ocurrido en Sevilla y, por ello, además de sumarse a la condena realizada por la FAPE, la APM insta a Vox a levantar dicho veto y no repetir este tipo de acciones.

Según la APM, estas acciones suponen "una grave limitación de los derechos a la libertad de expresión y de información", pilares fundamentales de la democracia y cuya defensa compete de forma especial a los partidos políticos, que deben someterse al escrutinio de la opinión pública, un ejercicio que se facilita a través del trabajo de los medios de comunicación en un marco de libertad de expresión y de respeto al derecho a la información.