Los vecinos de la Cañada Real se han movilizado hasta el juzgado para denunciar a la Comunidad de Madrid por vulnerar los Derechos Humanos: llevan 70 días sin luz. Desde octubre, 4.000 personas, de las cuales más de 1.200 son menores de edad, viven en la penumbra. En plena pandemia, las autoridades sanitarias aconsejan pasar el mayor tiempo posible en casa, aunque para estos vecinos es una tarea complicada por el frío que hace dentro de sus casas.

Más 900 familias que viven en la Cañada sufren un problema de vulneración de Derechos Humanos. Los niños se ven obligados a estudiar bajo la luz de una vela y jugar en la calle por la noche para entrar en calor, tal y como informa La Sexta. Los menores del vecindario han optado por escribirle una carta a la ONU en vez de a los reyes magos este año. Más de cincuenta correspondencias piden una solución ya. "No somos animales", denuncia en las declaraciones un niño. "Me da miedo no poder estudiar y quiero ser veterinaria", argumenta otra pequeña. El frío de la noche se hace insoportable para algunos, tanto que hace dos días tuvieron que atender a dos menores: un niño por síntomas de congelación y otra por intoxicación por monóxido de carbono.

La Cañada Real cuenta con unos 7.500 habitantes que ocupan una quincena de kilómetros de varios municipios. A lo largo de sus calles se pueden apreciar chabolas rodeadas de nuevas construcciones que amenazan con la destrucción de sus viviendas. La Cañada hace tiempo que reclama dignidad para sus vecinos, pero la situación ha empeorado por los continuos cortes de luz que se realizan por sectores. Empezó en Villa de Vallecas, un distrito de la capital que acoge al sector seis; a este se sumó el sector cinco, correspondiente a la ciudad de Vicálvaro. Los daños a la salud física y psíquica de los habitantes empiezan a ser evidentes, así manifiestan los informes del Servicio Madrileño de Salud. Los vecinos tienen problemas para cocinar, para asearse, para entrar en calor, una situación que parece no ver la luz al final del túnel.

Es por ello que los vecinos de la Cañada han decidido trasladarse hasta el juzgado de instrucción para denunciar delitos por omisión y la vulneración de los Derechos Humanos contra la Comunidad de Madrid. El abogado que defiende la causa, Javier Rubio, miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, ha contado a Público la situación que están viviendo estos vecinos: "En lo que llevamos sin luz 40 personas se han intoxicado, si no lo impedimos y ningún juez interviene es posible que aumente el frío y las desgracias. Cualquier día va a pasar algo que vamos a lamentar todos". La situación parece una crónica anunciada de lo que se podría haber evitado hace semanas en el incendio de Badalona.

Pagar justos por pecadores

El abogado opina que las autoridades "se están parapetando detrás de la imagen de los narcotraficantes para meter a todo el mundo en el mismo saco y no poner medios necesarios para frenar lo que está sucediendo". Con esta palabras hace referencia a las declaraciones que hace unos días realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al llamar a los vecinos "delincuentes". "Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no", argumentaba Ayuso para añadir: "No me hables de temas sociales porque esto tiene que ver con la delincuencia".

"La gente quiere pagar la luz desde hace mucho tiempo pero los ayuntamientos consideran que no puede dar permisos porque dicen que la Cañada es un asentamiento ilegal. Los vecinos quieren pagar las facturas. Son gente humilde y trabajadora que quiere vivir en orden para su familia", añade Javier Rubio.

El Pacto Regional obliga a establecer el suministro eléctrico en todos los sectores de la Cañada Real Galiana y a adoptar medidas urgentes para salvaguardar la salud y la integridad de la población, pero desde la Comunidad de Madrid y su Comisionado para la Cañada Real no se ha dado ningún paso en los tres años desde que se firmó el pacto. "Ahora tenemos encima una pandemia y un duro invierno", se quejan los vecinos.

Asimismo, en el comunicado dicen que también deben responsabilizar a Naturgy – Unión Fenosa, la cual "lleva prestando servicio de luz a toda la Cañada Real desde hace décadas y que sin previo aviso, en medio de una pandemia, han cesado el suministro arbitrariamente".  Por su parte, la empresa energética informó anteriormente a este periódico sobre esta situación: "Nosotros trabajamos en coordinación con el Comisionado y la Policía. Las interrupciones se producen por la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados que se están registrando en los últimos meses". Con estas declaraciones hacía referencia a las plantaciones de Marihuana que han sido desmanteladas con anterioridad en este lugar.

Luces para unos y para otros

En el comunicado de prensa rechazan que la culpa del corte de luz sea de la marihuana:  "El cruel sufrimiento que padecemos más de 4.000 personas del sector cinco y del sector seis no tiene nada que ver con la marihuana. Los posibles delitos de un número contado de personas no justifican la crisis humanitaria que se ha provocado sobre el resto". 

De igual modo, achacan las dos caras con las que las autoridades de Madrid están manejando el tema: "No tienen ningún problema en encender millones de bombillas en el centro (de la ciudad) pero no quieren restablecer un corte de luz arbitrario que incumple sus compromisos y lesiona gravemente los derechos humanos de una población laboriosa y honrada que quiere cumplir con todas sus obligaciones como ciudadanos".

Por ahora, a solo una semana de Navidad, la lucha de los vecinos sigue en pie y pelearán para no pasar el día de Noche Buena entre las luces tenues de un par de velas.