El Ministerio de Universidades está ultimando el documento base del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), uno de cuyos objetivos será acabar con la precarización del profesorado asociado, que representa cerca de la cuarta parte de la docencia universitaria pública en España. Según han informado a Público fuentes del ministerio, el documento se presentará en julio a rectores, sindicatos y otras organizaciones del sector con el fin de que incorporen propuestas, para luego, tras el verano, someterlo a consulta pública.

La finalización del borrador del Estatuto del PDI coincide con la carta firmada por un millar de docentes de 39 universidades públicas, más del 50% de ellos profesores titulares y catedráticos, que ha sido enviada al ministro, Manuel Castells, y a los gobiernos de las comunidades autónomas, para pedir estabilidad laboral, una remuneración salarial "justa y digna" y la renovación "automática" de los contratos del profesorado asociado para el próximo curso debido a la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias en el trabajo.

Esta carta forma parte de la movilización que ha emprendido la Asociación Estatal del Profesorado Asociado, muy preocupada por las consecuencias que el estado de alarma ha generado en su colectivo, docentes contratados que ven peligrar su renovación porque han perdido el trabajo en una empresa o como autónomos que se les exige por ley para poder dar clases en la universidad, y que, al mismo tiempo, se han quedado sin las ayudas que concede el Gobierno en esas circunstancias porque ellos sí mantienen el trabajo como docentes, pero por un salario que en muchos casos no supera ni los 500 euros.

En una asamblea por videoconferencia, los integrantes de esta asociación acordaron,según su presidenta, Isabel de la Cruz, iniciar en septiembre unas movilizaciones que podrían derivar en la convocatoria de una huelga en el sector, si no se atienden sus reivindicaciones. En concreto, reclaman estabilidad laboral y el cumplimiento de  las sentencias del Tribunal Supremo que "obligan a convertir en indefinidos a tiempo parcial los contratos anuales que se renuevan por tercera vez", y una remuneración que contemple las "múltiples tareas" que ha de realizar el profesorado asociado para desarrollar su labor "con solvencia". Ahora, -dicen- con el mejor de los contratos posibles al que pueden acceder, perciben por cada hora poco más de 5 euros por impartir 18 créditos, es decir, 180 horas lectivas más otras tantas de tutoría, aparte de la preparación de clases y otras tareas burocráticas.

Según ha informado a este periódico el Ministerio de Universidades, el borrador del Estatuto del PDI que estará rematado dentro de dos semanas, tras haberse consensuado algunos aspectos con el Ministerio de Trabajo, tiene en cuenta las demandas del sector, aunque sin precisar cuáles serán incluidas y de qué manera reflejadas en el documento. En su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas principales de su departamento, antes de la declaración del estado de alarma, el ministro anunció que el Estatuto del PDI suprimirá los "falsos asociados", en referencia a los docentes que se dan de alta como autónomos para ser contratados en la Universidad y poder hacer carrera.

"Vamos a acabar gradualmente en esta legislatura con la precariedad del profesorado universitario y de investigadores, mejorando sus condiciones de trabajo y salario y, sobretodo, estabilizando su trabajo. La bolsa de precariedad en la universidad es de las más grandes en el país. Es un escándalo, además de un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración para jóvenes investigadores sin perspectivas. Los asociados no se hicieron para esto", dijo entonces Castells.

Quejas por no haber sido consultados

Los representantes de estos docentes se lamentan, sin embargo, de que el Ministerio de Universidades no haya contado aún con ellos para la elaboración del documento del nuevo Estatuto que les presentarán en las próximas semanas. La Asociación Estatal del Profesorado Asociado le reprocha que no les hayan consultado para "reformular la política" sobre su figura, a pesar de ser un colectivo formado por más de 23.000 profesionales. Y la sección de Universidad de CCOO critica que no les hayan comunicado nada sobre el documento que están elaborando ni hayan contado todavía con los sindicatos para abordar la nueva regulación del personal docente e investigador.

Los sindicatos solicitaron al Ministerio de Universidades que tomase medidas más allá dela disposición adicional del decreto ley 11/2020 que prorroga al profesorado asociado los contratos que terminen durante la vigencia del estado de alarma y amplía su vigencia hasta tres meses en casos excepcionales y debidamente justificados. CCOO, UGT y CSIF han pedido que esos contratos se renueven de forma automática durante un año, hasta julio de 2021, y se flexibilicen los criterios exigidos en la ley, como por ejemplo el de trabajar fuera del ámbito universitario, empleo que muchos de estos docentes han perdido con la crisis de la pandemia.

"Si se prorrogan los ERTEs por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, porqué razón no se va a poder ampliar también la prórroga de los contratos del profesorado asociado de las universidades", se pregunta la responsable de Universidad de CCOO, Encina González. A juicio de los sindicatos, de esta forma se evitarían los graves problemas que causarían al comienzo del próximo curso todos los trámites de convocatoria de concursos públicos y renovación de contrato de estos docentes en un periodo de mucha sobrecarga de trabajo en las universidades debido a la pandemia.

La figura del profesor asociado fue impulsada en la Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU) con el objetivo de incorporar a profesionales de reconocida competencia a la docencia universitaria para que aportasen sus conocimientos al alumnado. En virtud de esa norma, profesionales del ámbito público o privado ajenos al ámbito universitario pueden ser contratados para una dedicación a tiempo parcial y renovarles su contrato "siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario", un requisito que ahora muchos no pueden cumplir porque han sido despedidos de su otro trabajo o han cesado la actividad que realizaban como autónomos a causa de la crisis de la pandemia.

Fue precisamente otra crisis económica, la que se inició en 2008 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la que acabó pervirtiendo el uso de esta figura docente. El obligado cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de no aumentar el déficit público, la nula reposición del personal docente jubilado, de convocatoria de nuevas plazas, llevaron a muchas universidades españolas a tirar de los contratos de profesores asociados para cubrir la necesidad de docentes a fin atender a todo su alumnado con un coste bastante inferior.

Como resultado ,y según el último dato oficial publicado por el Gobierno, referido al curso 2017-18, la figura del profesor asociado representa ya en algunas universidades el 50%, lo que vulnera el artículo 48 de la LOU,que dispone que "el personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49% del total de personal docente e investigador de la universidad".