El nuevo curso ha comenzado en alguna universidad española sin que se haya solventado la precariedad del profesorado asociado, que representa más de la cuarta parte de su personal docente y en muchas universidades públicas supera el máximo del 40% permitido por la ley. El Ministerio de Universidades mantiene abierta la negociación con todos los sectores implicados para aprobar cuanto antes un nuevo proyecto de ley y un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), pero los sindicatos y la asociación que representa a este profesorado temporal ven aún muy lejos un acuerdo e, incluso, temen un incremento de la precarización con el segundo borrador que les ha presentado el Gobierno.

En las universidades públicas españolas dan clases más de 25.000 profesores asociados, según el estudio realizado por el Observatorio del Sistema Universitario, que refleja que en el curso 2018-19 había aumentado un 25,6% esta figura docente temporal con respecto al 2013-14. El informe de esta plataforma de investigación revela, además, que las universidades de 12 comunidades autónomas superan el tope del 40% fijado para el profesorado temporal por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y siete de ellas rebasan el 50%, es decir, que tienen más docentes contratados que funcionarios.

Los autores del estudio titulado 'Profesorado asociado, ¿experiencia profesional o precarización?' atribuyen ese notable incremento a tres causas principales: los límites establecidos por la tasa de reposición de personal tras la crisis económica, las dificultades financieras de las universidades que redujeron sus ingresos un 18,4% entre 2009 y 2016, y el bajo coste por hora de clase del profesorado asociado en comparación con el del permanente a tiempo completo. Y como consecuencia, según el Observatorio, se ha producido una situación de "ilegalidad" en la mayoría de las universidades públicas españolas por el "exceso del uso de la figura del profesorado asociado", implantada por la LOU con el objetivo de incorporar a la docencia universitaria a profesionales de reconocida competencia del ámbito público o privado, a quienes se contrata para una dedicación a tiempo parcial, siempre que acrediten el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico de la universidad.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, en su primera comparecencia en el Congreso para detallar las líneas generales de su mandato, consideró un "escándalo" la situación de este profesorado y se comprometió a acabar con su precariedad. En julio, presentó un primer borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador y en agosto otro de un proyecto de ley que modifica la parte de la LOU que afecta al PDI. Su ministerio ha mantenido ya dos reuniones con los sindicatos y la Asociación Estatal del Profesorado Asociado, y también con rectores y responsables de comunidades autónomas para analizar esos borradores. Y tras el último encuentro que el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, mantuvo el pasado jueves con las organizaciones sindicales por la convalecencia del ministro, el departamento llegó incluso a expresar su satisfacción por el avance de las negociaciones y la coincidencia de ambas partes en la necesidad de rejuvenecer plantillas y acabar con su precarización.

Sin embargo, sindicatos y la asociación del profesorado asociado no lo ven así. Es más, hablan de "posturas bastante alejadas" en torno a la regulación del PDI e, incluso, de un retroceso entre el primer y el segundo borrador presentado a las negociaciones que podría derivar en una "mayor precarización" de este personal docente contratado. Alegan en general que en el articulado del proyecto de ley no se sustancia de manera clara lo que sí se enuncia con contundencia en el preámbulo de ese cambio normativo y que, por tanto, todo podría quedar en papel mojado.

Un preámbulo de la ley en el que, entre otras cosas, se subraya: "No es posible que la Universidad desempeñe con dignidad y eficacia sus funciones cuando una parte del personal docente e investigador está afectado por un grado alarmante de precariedad laboral. Precariedad que se manifiesta en varias figuras contractuales, y de manera muy significativa en un sector de docentes empleados como profesorado asociado sin que sus condiciones laborales respondan a la definición legal de dicha figura, a menudo con bajos salarios". Y en el que se añade a continuación: "un porcentaje importante de este profesorado asociado, pese a su tipo de contrato, ha realizado tareas investigadoras y de gestión y aspira legítimamente a desarrollar su carrera profesional en la Universidad, pero con escasas perspectivas de poder hacerlo en su situación actual. Se trata en realidad de un uso inadecuado de una figura contractual creada para otros fines y a la que algunas Universidades se han visto obligadas a acudir como forma de supervivencia para cubrir las necesidades docentes ante la desinversión pública de los últimos años".

Manuel Ortega, responsable de Universidades de FeSP-UGT, sindicato que ve prioritario aprobar el Estatuto del PDI antes que emprender una reforma de una ley orgánica con incierto recorrido político en el Congreso, habla de "decepción" y "desencuentro" tras dos reuniones con el ministerio, entre otras razones porque no aprecian en el articulado del proyecto de ley lo que se establece en un preámbulo que, de esa manera, podría quedar como mera declaración de intenciones, y porque creen que el ministerio está haciendo más caso a los intereses de rectores y comunidades autónomas que a la representación de los trabajadores.

Según Ortega, a las diferencias que mantienen los sindicatos con la propuesta del ministerio de crear una carrera docente paralela a la funcionaria con la implantación de nuevas figuras como la del catedrático contratado, se une la complicación de los requisitos para la acreditación del profesorado doctor, la reducción del número de créditos del asociado o la falta de una memoria económica que especifique cuánto costarán estas reformas en unos momentos en los que el Gobierno está hablando, además, de congelación del salario de los funcionarios.

"Nuestra postura está ahora bastante alejada" de lo que propone el ministerio, advierte por su parte la responsable de Universidad de CCOO, Encina González. Este sindicato mayoritario en el sector ve detrás del anteproyecto de ley un "modelo neoliberal y utilitario", porque, a su juicio, asume una tasa de temporalidad en el profesorado de hasta el 40% de la plantilla en equivalencia a tiempo completo, que sería más elevada si se computasen los puestos a tiempo parcial y los docentes de Ciencias de la Salud no incluidos. A juicio de González, los cambios y las nuevas figuras de profesorado que contempla el articulado del proyecto no arreglan los problemas actuales y, en algunos casos, los llega a empeorar.

"No acaba de cumplir nuestras expectativas"

La Asociación Estatal del Profesorado Asociado, que amenazó en junio con iniciar movilizaciones en septiembre si no se atendían sus reivindicaciones, tampoco está de acuerdo con la nueva propuesta del Gobierno. "No acaba de cumplir nuestras expectativas", señala su presidenta, Isabel de la Cruz. Ni siquiera les convence el artículo que establece un régimen retributivo para el personal docente e investigador contratado "como mínimo equivalente al que corresponda al personal docente e investigador funcionario que realice idénticas o análogas actividades". A su entender, ese enunciado vinculado a la "normativa laboral correspondiente", además de dejar la decisión final en manos de universidades y comunidades autónomas, no garantiza que el profesorado asociado siga cobrando mucho menos que el funcionario por la misma cantidad de trabajo.

"La intención es buena, pero la redacción es mala, porque da pie a muchas interpretaciones diferentes. Y lo que tienen que hacer es dar una solución al problema que ellos han creado con una contratación fraudulenta de miles de profesores", recalca la portavoz de este colectivo.

El sindicato CSIF también emitió un comunicado muy crítico a raíz de la reunión con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, en el que denunció que la reforma emprendida por el Gobierno "no introduce medidas para acabar con la precariedad de los docentes e investigadores laborales".

El informe especial del Observatorio del Sistema Universitario refleja que son los centros de Ciencias Sociales y Jurídicas donde hay un mayor porcentaje de profesorado asociado, un 32%, seguidos de los de Ingeniería y Arquitectura (23%), Artes y Humanidades (21%) y Ciencias de la Salud (20%), mientras que los de Ciencias son los que registran el menor índice, un 9%.