La aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia ha sido celebrada por diferentes ONG especializadas en el maltrato a menores, aunque han pedido que la norma vaya acompañada de financiación y de enfoque de género.

En sendos comunicados, Unicef, Save The Children y Plan Internacional han aplaudido un texto que quiere prevenir, detectar y tratar los casos de violencia contra los niños y niñas.

"La responsabilidad colectiva es fundamental para poder erradicar la violencia contra la infancia, que a menudo se produce en entornos privados", ha destacado Unicef, que ha destacado que las medidas de la ley afectarán a los ámbitos cotidianos de la vida de los niños: familia, medios de comunicación y redes sociales, entornos de ocio y deportivos, y la escuela.

Save The Children ha considerado que "el anuncio de una estrategia integral para erradicar la violencia es muy positivo", aunque esta ONG espera además que vaya acompañada de la dotación presupuestaria necesaria.

Justicia frente a la impunidad

Sobre el hecho de que la prescripción en los delitos relativos a tentativa de homicidio, delitos sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de menores de edad, comience a contar desde que la víctima cumpla 30 años, y no a los 50 como planteaba Save the Children, la ONG cree que, en la práctica ayudará a que las víctimas de delitos como los abusos sexuales puedan conseguir justicia.

Por su parte, Plan ha explicado que estamos hablando de una "norma clave" para garantizar el derecho de los menores a vivir libres de violencia y que puede convertirse, una vez aprobada, en "la más ambiciosa de los países de nuestro entorno en lo que respecta a los derechos de la infancia".

No obstante, ha confiado en que el texto normativo siga mejorando para transversalizar el enfoque de género en toda la ley y así responder a las formas específicas de violencia que afectan a las niñas.

El anteproyecto aprobado por el Gobierno propone, entre otras medidas, que se amplíe el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores hasta que la víctima cumpla 30 años.