El Tribunal Supremo condena al Estado español a pagar a Ángela González, cuya hija fue asesina en 2003 por su padre condenado por maltrato, aprovechando una visita sin supervisión. Tras la negativa del Ministerio de Justicia y después de que la mujer acudiese a la ONU, el alto tribunal considera que debe ser indemnizada por daños morales.

Se trata de la primera vez que se reconoce la responsabilidad del Estado en un caso de asesinato de los hijos de una víctima de violencia de género y se cumple así, con las recomendaciones del comité antidiscriminación de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), que ya condenó a España por este caso en 2014. Ángela González lleva 15 años "luchando" para que se reconozca que en el caso del asesinato de su hija hubo "negligencia" por parte de la Justicia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia en la que obliga a la Administración a cumplir el dictamen del Comité contra la discriminación contra la mujer de la ONU a otorgar una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional, ya que se han vulnerado sus derechos fundamentales de la mujer a la igualdad a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral y a la tutela judicial efectiva.

Ángela González había interpuesto 51 denuncias exigiendo que se prohibieran las visitas no supervisadas de su hija Andrea con su padre, condenado por malos tratos. Ninguna de ellas tuvo efecto, hasta que en una de estas visitas el padre la asesinó y posteriormente se quitó la vida con el mismo arma. Tras el asesinato de su hija, González presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En este escrito alegó que la muerte de su hija se podría haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia, inicialmente establecido y modificado por un juzgado de Navalcarnero (Madrid) para regular la separación matrimonial.

Después de que el Ministerio de Justicia rechazase la reclamación, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la madre acudió a la ONU, del que obtuvo el amparo. Así, regresó al Ministerio de Justicia con la resolución del CEDAW dictada en febrero de 2015 para solicitar de nuevo la indemnización.

Tras una nueva denegación, Ángela González interpuso recursos ante la Audiencia Nacional y, posteriormente, ante el Supremo solicitando una indemnización de 1,2 millones de euros. El alto tribunal finalmente ha estimado parcialmente su solicitud y concede la indemnización de 600.000 euros y condena al Estado a pagar 10.000 euros por las costas de las instancia debido a la especial vulneración de derechos producida.

El Gobierno: "Es un ejemplo de reparación de derechos"

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha asegurado que el Gobierno va a acatar la sentencia del Supremo y considera que este dictamen es "un ejemplo de reparación de derechos" y "pone en evidencia la necesidad de mejorar la formación de los operadores jurídicos en términos de eficiencia".

"Nosotros somos un Gobierno en el que estamos reparando derechos y este es un ejemplo de reparación de derechos. Las reparaciones se tienen que hacer en términos de una cuantía, como en este caso, y nosotros en este sentido vamos a tener, como es nuestra pauta de actuación, una atención especial con este caso, y nos felicitamos por que haya sido resuelto a favor de los derechos de las mujeres", ha asegurado Murillo en declaraciones a Europa Press, para afirmar que "sí" van a acatar la sentencia del TS.

A su juicio, este dictamen del Alto Tribunal supone "una nueva fórmula para repensar hasta qué punto están protegidos los derechos de las mujeres" en los temas de separaciones, custodias de los hijos y violencia de género.