Los tribunales militares de Zaragoza y de León han respaldado a dos suboficiales del ejército del Aire represaliados por los mandos desde que, hace unos años, comenzaron a reivindicar derechos laborales: ambos han descartado que existan los delitos contra la disciplina por los que estaban siendo investigados por haber presentado escritos en los que reclamaban una serie de mejoras laborales.

El inicio del calvario, en el que se encuentran otros militares aunque no actúan de manera coordinada, se encuentra la reclamación del adelanto del dinero necesario para la manutención y el alojamiento cuando participan en misiones internacionales. A partir de ahí, comenzaron a encadenar bajas, expedientes disciplinarios, arrestos y, en algunos casos, procesos penales en la justicia militar.

El hecho de haber consultado la posibilidad de obtener un adelanto para las dietas en la embajada de Gabón fue, en uno de esos casos, motivo suficiente para una sanción de diez días de arresto por saltarse el conducto reglamentario.

Las exigencias del servicio les obligan a alojarse en hoteles con coberturas amplias de datos de telefonía, por ejemplo, lo que en algunos países en vías de desarrollo solo es posible en los de cinco estrellas. Y eso hace que la factura se dispare, con la obligación de tener que poner dinero de su bolsillo, ya que los adelantos no llegan a cubrir ni la tercera parte de ese coste pese a que la normativa obliga a avanzar el 80%. El gasto puede alcanzar los mil euros en una semana, y el cobro puede atrasarse hasta seis meses después de regresar.

“Comentarios desabridos”

En cabo primero R. M. S. tiene abiertos cuatro procedimientos sancionadores por faltas, en los que se enfrenta a 37 días de arresto, 27 de ellos con sanción económica, y una causa penal por injurias y calumnias al general que dirige la base aérea de Zaragoza, derivada de un escrito en el que encuadraba la negativa de este a facilitarle una información relacionada con su baja en un aparente caso de acoso laboral por “lo que parecen ser decisiones corporativistas”.

El juez togado militar de Zaragoza, no obstante, ha ordenado el sobreseimiento de esa causa al estimar que R. M.S. “no ha efectuado una denuncia con vocación penal ni disciplinaria contra el general”, sino que se limitó a incluir en su escrito una “mayor tensión” retórica con esa apelación al acoso laboral.

“La cuestión es depurar si verdaderamente el carácter al menos insolente de las aseveraciones” merece algún tipo de castigo. Y, en este sentido, señala que la “falta de fundamento” en la referencia al acoso “mengua el carácter presuntamente criminal de los comentarios, que plenamente pierden entidad y acaban siendo irrelevantes”.

“No parece que alcance más allá de ser un recurso dialéctico de dudosa criminalidad”, añade el juez, que, no obstante, apunta que esos “comentarios desabridos” sí pueden ser calificados como falta grave en el ámbito disciplinario.
El Código Penal Militar  castiga con hasta tres años de prisión las calumnias y las injurias por escrito contra un superior.

El Gobierno no contesta

En una situación similar se encuentra J. M. S., en Santiago y en cuya causa por otro escrito la descartado la acusación por delito el jurídico militar del tribunal castrense de León.

Ambos se encuentran cesados en sus destinos después de tres décadas de servicio, por inadaptación laboral derivada de una supuesta pérdida de aptitudes psicofísicas y de baja laboral por motivos psicológicos, en ambos casos por contingencias comunes en lugar de profesionales. Sus escritos al Ministerio de Defensa no han obtenido respuestas hasta ahora, ni en la etapa de Pedro Morenés ni en la de Dolores de Cospedal.

Unidos Podemos, y antes IU, han efectuado varia preguntas parlamentarias sobre el pago de las dietas en misiones internacionales, aunque solo han obtenido escuetas respuestas en las que el Gobierno afirma que se efectúan de manera correcta.

“No tenemos pretensiones económicas, queremos seguir en el ejército”
“No es que no haya más casos, es que no nos conocemos entre nosotros”, explica R. M. S., que matiza que “ninguno de nosotros tiene una pretensión económica, nuestro objetivo es continuar en el ejército”.

Los Presupuestos Generales del Estado asignan este año una partida de 1.114 millones de euros, tras los 1.078 de 2017, para financiar la participación de militares españoles en misiones internacionales, principalmente de la OTAN y la ONU.

Actualmente hay destinados en esas misiones casi 3.000 soldados, con los principales contingentes en Líbano (600) e Irak (450).