La Audiencia Provincial de Murcia ha invalidado la sentencia que absolvía a los hermanos Carrasco, dueños de la granja de El Pozo Alimentación grabada por Jordi Évole junto a la Fundación Igualdad Animal, y ha dispuesto que se celebre un nuevo juicio. El tribunal ha respaldado los argumentos y ha admitido el recurso interpuesto por Igualdad Animal, en su rol de acusación popular, ordenando que el nuevo juicio sea dirigido por un juez o jueza distinto.

El recurso presentado por Igualdad Animal pedía la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio, argumentando que el razonamiento de la jueza se apartaba de la razonabilidad y del conocimiento científico. Además, señalaba que no se valoraron las conclusiones de los peritos, quienes advertían de un maltrato animal continuado por omisión, ni se tuvo en cuenta el testimonio de varios testigos, como Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, o el cámara del programa Salvados.

"En Igualdad Animal celebramos la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia, ya que nos da la razón al anular la sentencia absolutoria y ordenar la repetición del juicio. Estamos frente al mayor escándalo de maltrato animal en granjas industriales en la historia de España, y los responsables no pueden quedar impunes", ha declarado el cofundador de Igualdad Animal.

La prolongada batalla judicial por el mayor escándalo de maltrato animal en granjas de España, iniciado tras la emisión del programa Stranger Pigs de Salvados en febrero de 2018, seguirá adelante con la celebración de un nuevo juicio.

La relación entre El Pozo y la granja Hermanos Carrasco

Las imágenes de animales enfermos y deformes emitidas en el programa tuvieron repercusión internacional, lo que llevó a varios supermercados belgas a retirar los productos de El Pozo de sus estanterías. Ante el temor de que otros países reaccionaran de la misma manera, El Pozo emitió un comunicado en el que anunciaba la ruptura de relaciones con la granja investigada, reconociendo así el vínculo que había negado al inicio de la crisis.

Durante la fase de instrucción, los acusados negaron cualquier tipo de relación comercial con El Pozo, afirmando que eran los únicos responsables de la explotación. No obstante, la empresa cárnica admitió públicamente esa conexión al emitir un comunicado en el que anunciaba la ruptura de la relación comercial con la granja.

El reportaje también conmocionó a la sociedad española y marcó un punto de inflexión, llevando el maltrato animal que ocurre a diario en las granjas industriales a los medios y a la agenda pública.