Un total de 29 empresas acumularon, entre 2017 y 2018, 261.776 contratos menores ofrecidos por la Comunidad de Madrid y su Consejería de Sanidad. Estas licitaciones, a cargo de un puñado de compañías, tienen un valor acumulado que supera los 600 millones de euros y se dieron durante los Gobiernos de Cristina Cifuentes y su sucesor Ángel Garrido. 

Estas son las conclusiones que salen a la luz gracias a la investigación realizada por Auditas Sanidad, una plataforma dedicada a analizar los movimientos del dinero público y realizar una auditoría sobre la gestión de la Consejería de Sanidad de Madrid. 

Este tipo de informaciones ha llevado a que la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en defensa de la sanidad pública denuncie ante el Tribunal de Cuentas a la Consejería de Sanidad. Durante estos dos años, la Consejería ejecutó 1,5 millones de contratos menores, que en total superan los 2.300 millones de euros, tal y como asegura la plataforma que ha realizado estos documentos.

En 2017, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid formalizó un total de 570.031 contratos menores, de los cuales 120.446 fueron a parar a un total de 20 empresas. Se firmaron un total de 540.627 contratos de suministros valorados en 720 millones de euros, 28.529c contratos de servicios por 41 millones y 287 por gestión de servicios públicos que apenas superaron el millón de euros. 

En total, fueron 3.620 empresas las beneficiarias de contratos menores, donde las 20 primeras suponen el 31% de dichos contratos y el 42,3% del importe total de contratos menores.

Respecto a 2018, los datos se mantienen estables y un pequeño conglomerado de empresas aglutina la mayoría de contratos. Ese año se formalizaron 456.292 contratos menores que costaron 793 millones. 438.202 contratos para cuestiones en torno a suministros (737 millones), 17.201 contratos de servicios (41 millones), 882 contratos de obras (casi 15 millones de euros) y 7 de gestión de servicios públicos, que costaron 44.000 euros. 

Tal y como reza el informe de Auditas Sanidad para el ejercicio de 2018, el total de contratos menores adjudicados representa más del 99% del número total de contratos totales publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La plataforma que analiza los contratos pone el foco en estos fraccionamientos y relata en el informe su forma de identificarlos o al menos sospechar la actividad: "Si se presentan varias facturas de un mismo proveedor y por el mismo o similar concepto cuyo importe por separado cumple el límite marcado por la Ley para un contrato menor, pero acumulado supera este importe previsto por la Ley, puede existir un fraccionamiento de contrato. Así como en el caso de contratos renovados periódicamente con el mismo o similar objeto y el mismo proveedor", escriben.

Por tanto, las conclusiones lanzadas en el informe son duras y críticas con la gestión de la Consejería de Madrid durante estos años: "En la mayoría de los Centros de Gasto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hemos detectado sospecha de fraccionamiento de contratos, infringiendo lo que marcaba tanto la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011 en vigor hasta el 7 de marzo de 2018, como la Ley 9/2017 en vigor a partir del 8 de marzo de 2018. En muchos casos, ciertamente, se puede argumentar que el importe de la suma de los contratos realizados para la compra de un mismo producto aun estando por encima del límite marcado por la ley no lo es en demasía. Pero es la excepción, pues hay casos flagrantes donde la compra de un mismo producto, a lo largo de todo un año, alcanza cifras disparatadamente por encima del límite marcado por la ley".