Hace casi una década, 16 personas murieron tratando de cruzar a nado desde la playa marroquí de Castillejos hasta la El Tarajal, en Ceuta. Mientras todavía se encontraban en el agua, la Guardia Civil respondió con gases lacrimógenos, pelotas de goma y golpes con palos a los migrantes, provocando una de las mayores tragedias fronterizas de los últimos años. Asimismo, 23 de los supervivientes que lograron llegar a tierra fueron expulsadas mediante las llamadas "devoluciones en caliente". Ahora, el caso llegará a la ONU.

Las víctimas y sus familias siguen buscando justicia. Tras una decisión provisional de iniciar un proceso penal contra 16 agentes de la Guardia Civil, el juez de instrucción de Ceuta cerró el proceso en tres ocasiones. En julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz ratificó esta decisión y también el Tribunal Supremo desestimó los recursos posteriores y archivó el caso en 2022. 

Ludovic N., uno de los supervivientes, ha denunciado lo ocurrido ante el Comité de la ONU contra la Tortura, en colaboración con la asociación alemana European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y el abogado Carsten Gericke. Con esta denuncia, Ludovic N. aspira a que el caso no caiga en el olvido, ante la visible falta de investigación. 

"Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos", ha afirmado Ludovic N., que ahora vive en Alemania.

Cuando todo ocurrió, él apenas tenía 15 años. El 6 de febrero de 2014 se unió a un grupo de unos 400 refugiados y migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y España. "Mientras él luchaba por mantenerse a flote, aferrándose al muro marítimo, otros estaban en el agua mientras miembros de la Guardia Civil disparaban balas de goma. Ludovic N. fue golpeado en el brazo, luego detenido y devuelto a Marruecos a través de una puerta situada en la valla, sin ningún examen de sus derechos de asilo", explica la ONG European Center for Constitutional and Human Rights.

Durante las investigaciones, las autoridades sostuvieron que la Guardia Civil disparó al agua y que no hubo heridos. Sólo después de la aparición de extensas imágenes de vídeo y testimonios de testigos presenciales el Gobierno estatal admitió que se habían utilizado balas de goma.

"En marzo de 2019, uno de los supervivientes pudo testificar por primera vez mediante videoconferencia desde Berlín. Más tarde, a Ludovic N., representado por el abogado socio del ECCHR, Carsten Gericke, se le impidió presentar testimonio. Nunca ha sido escuchado", denuncia la organización alemana.

"Las muertes en la playa del Tarajal son un reflejo de las políticas fronterizas racistas y letales de Europa, y del absoluto desprecio por las vidas de las personas negras en particular", ha afirmado Hanaa Hakiki, miembro del ECCHR, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid. A su juicio, Ceuta y Melilla "son el laboratorio europeo de la falta de derechos en las fronteras".

En este sentido, la queja de Ludovic N. "forma parte de una serie de acciones legales que tratan de hacer frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos inherentes a las devoluciones en caliente en las fronteras exteriores de la Unión Europea", ha afirmado la organización. 

En la misma línea, Elena Muñoz, de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha lamentado que siga "sin saberse la verdad", que no se haya "hecho justicia", ni "reparado a las familias". "Como acusación popular en el proceso penal, seguiremos exigiendo que se respete el derecho a la vida de las personas migrantes en nuestras fronteras", ha declarado.