Seis días después de que la peor DANA en décadas arrasara una quincena de poblaciones de la provincia de València, el debate nacional empieza a centrarse en dirimir las responsabilidades políticas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central en la gestión de una tragedia que aún tiene muchos frentes abiertos. 

La tensión e indignación este pasado domingo de decenas de personas en Paiporta durante la visita de los reyes salpica a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, pero también a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. La pregunta que flota en el ambiente es quién tiene o debe asumir la gestión de la DANA.

Mazón y Sánchez acompañaron el domingo a los reyes en su visita a Paiporta, considerada zona cero de la tragedia, y los dos pudieron comprobar de primera mano la rabia y el cabreo de una buena parte de las personas afectadas. Sánchez incluso sufrió una agresión.

La indignación de las víctimas de la DANA responde a dos motivos: por un lado, está el hecho indiscutible de que la Generalitat Valenciana lanzó la alerta tarde y mal, cuando ya habían empezado las riadas; por el otro, entre los afectados cunde una sensación de desamparo y abandono ante la lentitud con la que están llegando la ayuda y los recursos públicos, según denuncian ellos mismos.

La tensión política ha empezado a resquebrajar la imagen de unidad que han estado trasladando estos días Mazón y Sánchez. El presidente valenciano ha deslizado este lunes en una entrevista en la cadena Cope la idea de que el envío de las alertas antes de que llegara la DANA era responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. En esa misma entrevista, Mazón también ha querido dejar claro que él solicitó toda la ayuda desde el primer día, dejando entrever que tampoco se puede atribuir a la Generalitat Valenciana la tardanza de los servicios de emergencia en actuar en las zonas afectadas.

Ante este escenario, surgen varias preguntas: ¿Quién debía mandar las alertas? ¿Quién tiene las competencias para coordinar los servicios de emergencia en una catástrofe de este tipo? ¿Debía haber declarado el Gobierno de Pedro Sánchez el estado de alarma? ¿Por qué el nivel de alerta declarado por Mazón es el 2 y no el 3? ¿Ha fallado el Estado en hacer llegar con prontitud?

¿Quién debía mandar las alertas?

Con total seguridad, esta cuestión será objeto de un intenso debate en los próximos meses. Las víctimas de la DANA están convencidas de que la enorme tragedia en València podría haberse mitigado si se hubiera avisado con tiempo a la población. La Generalitat Valenciana lanzó la alerta a las 20.12 horas, cuando ya se había desencadenado la catástrofe. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología ya había decretado la alerta roja para la provincia de València a las 7.31 horas de la mañana de ese martes 29 de octubre, unas 11 horas antes de que las aguas se desbordaran.

Mazón se ampara en que fue la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, la que desactivó tres veces la alerta de peligro de desbordamientos el pasado martes entre las 13.00 horas y las 16.00 horas de la tarde del 29 de octubre, y que no fue "hasta las siete menos cuarto" ― es decir una hora y media antes de que la Generalitat enviara el mensaje a los móviles de los ciudadanos― cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar traslada la gravedad de la situación.

Más allá de que Mazón no explica por qué —en el mejor de los casos y siempre según su versión—, la Generalitat tardó hora y media en mandar las alertas a la población, lo cierto es que según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la encargada de mandar las alertas es la comunidad autónoma.

Es más, este mismo lunes el Ministerio de Transición Ecológica, ha desmentido a Mazón con una nota muy contundente en la que afirma: "Las confederaciones hidrográficas no lanzan alertas, el organismo competente para lanzar alertas hidrológicas son los servicios de emergencias autonómicos".

Por lo tanto, quien debía lanzar la alerta era la Generalitat Valenciana.

¿Quién tiene las competencias para coordinar los servicios de emergencia en una catástrofe de este tipo?

La Constitución obliga al Estado, es decir a todas las administraciones públicas, a "dar seguridad" a los ciudadanos ante catástrofes de este tipo, pero no concreta cómo deben atribuirse las responsabilidades entre los distintos niveles de las administraciones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya señaló en 1985 que debe reconocerse a las comunidades autónomas competencia en el tema. Y eso es así tanto en materia de protección civil, especialmente para la elaboración de los correspondientes planes de prevención de riesgos y calamidades, como para la dirección de sus propios servicios de emergencias.

En esa línea, tanto la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana, de noviembre de 2010, establecen que es la comunidad autónoma la competente en esta materia.

En suma, las competencias en materia de protección civil y prevención de emergencias sobre catástrofes ocurridas en el interior de una determinada comunidad autónoma corresponden al Gobierno de esa autonomía, tanto en alertas y prevención, como en reacción inmediata, según los planes que se hayan establecido al respecto.

¿Por qué la Generalitat Valenciana ha declarado el nivel de emergencia 2 y no el 3?

Ante una catástrofe, existen tres niveles de emergencia, el 1, el 2 y el 3. En los dos primeros niveles es la comunidad autónoma afectada quien se ocupa de la gestión: en el 1, lo hace con recursos propios y en el 2 cuenta también con los recursos que le provee el Gobierno central, como puede ser el Ejército.

El Gobierno de Carlos Mazón ha activado el nivel 2 de emergencia en respuesta a la DANA. Este no es, sin embargo, el máximo nivel de respuesta. Existe un tercer nivel, pero activarlo implicaría ceder la dirección y la gestión de los servicios de emergencias al Ministerio del Interior. Según la Ley del Sistema de Protección Civil este nivel 3 está reservado para emergencias de gran magnitud.

La Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat también establece que al no solicitar el Gobierno central que se active el artículo 116 de la Constitución —relativo al estado de alarma—, "el president de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica" y ceder la dirección al Gobierno central cuando se considere que la intensidad de los daños sea "particularmente grave".

Mazón no ha activado el nivel, su Gobierno sigue dirigiendo todos los servicios de emergencia y coordinando todos los recursos puestos a su disposición por el Gobierno de Pedro Sánchez, incluida la Unidad Militar de Emergencias y el resto de los miembros del Ejército.

¿Debía haber declarado el Gobierno de Pedro Sánchez el estado de alarma?

La Ley del Sistema de Protección Civil y la Constitución permiten al Gobierno tomar las riendas en casos como la DANA de València. En cualquier momento se puede pasar al nivel 3 de emergencia. Fernando Grande-Marlaska, ministro del interior, podría declarar una emergencia de interés nacional, y desde ese momento su departamento asumiría la dirección de la emergencia. A este respecto, Alberto Nuñéz Feijóo solicitó este lunes la declaración de "emergencia nacional".

Otra vía para que el Gobierno asumiera el control sería a través de un estado de alarma. La Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, permiten que el Gobierno pueda decretar un estado de alarma en todo el país, o en una parte del mismo.

Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo ha hecho es porque no ha querido. Desde Moncloa no han dejado de repetir estos días que su apuesta es por la cooperación entre administraciones públicas y que prefieren gestionar desde el consenso antes que desde la división.

¿Ha fallado el Estado en hacer llegar la ayuda con prontitud?

Esta es la otra gran polémica que sobrevuela la gestión de la catástrofe. El malestar de los afectados es más que evidente. Acusan tanto a Mazón como a Sánchez de no haber puesto con celeridad los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a los estragos de la DANA.

Mazón también ha cambiado este lunes su versión de los hechos en la entrevista con la COPE. Ha asegurado que pidió "toda la ayuda posible" a las 15.21 horas del martes 29 de octubre, antes de lo que ha denominado "revolución meteorológica". Además, Mazón ha añadido que una vez se pide esa ayuda son los mandos operativos militares los que detectan si hace falta que vengan más destacamentos y que no depende de los políticos que vengan más medios ni hace falta "ninguna consigna política" para ello, pues actúan de oficio. 

Sin embargo, esta versión de los hechos se compadece mal con sus peticiones de ayuda en los días anteriores. Fue pidiéndola a cuentagotas. El viernes, 1 de noviembre, en presencia del ministro afirmó: "Conforme vamos necesitando tenemos todos los canales abiertos, hoy 500 [efectivos] más, mañana 500 más, y todas las opciones abiertas. Si en cualquier momento se actualiza en base a una radiografía seria y confirmada, se solicitan y están viniendo [más efectivos]".

Mazón ha venido pidiendo ayuda al Estado a medida en función de las necesidades que iban surgiendo en el día.