Cuarenta africanos, víctimas de los incendios que asolaron los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, han dormido en la calle de la población de Lepe, mientras piden soluciones para sus problemas de alojamiento. La situación en la que se hallan se asemeja sospechosamente al descontrol que dio lugar en el Segrià y en la zona oriental de Huesca al mayor de los rebrotes de coronavirus registrado tras la cuarentena.

"Tenemos miedo, claro, de que las condiciones en las que nos hemos visto obligado a concentrarnos puede extender la enfermedad entre nosotros. Mucha gente no puede mantener las necesarias medidas de higiene", ha asegurado Amadou Doumbia, portavoz de la coordinadora Solución Asentamientos y de la Asociación de Trabajadores Africanos.

El Ayuntamiento de Lepe se ha comprometido a recibirlos el próximo lunes. Su petición es clara: quieren una solución a sus problemas de vivienda. "Se ha dicho que queríamos que nos dieran casa gratis. Eso es completamente falso. Queremos un piso en alquiler, un módulo, lo que sea. Y pagaremos por ello", asegura Doumbia.

"Estamos hablando de las víctimas de los dos incendios posteriores al de Lucena, del que tuvo lugar el pasado lunes y el pasado jueves", precisa Diego Rodríguez, afiliado de la CGT y también miembro de Solución Asentamientos. "En el primero hubo dos heridos, y uno más, en el segundo. En ambos, la gente lo perdió todo. Tratamos de contactar con el Ayuntamiento y se negaron a hablar con nosotros pese a que había un montón de gente por la calle que no sabía ni a dónde ir. Si se han concentrado de esa forma es porque están desesperados. No tienen ni un lugar donde ducharse o hacer sus necesidades. La situación es caótica. Esta noche han dormido como cerca de medio centenar de trabajadores africanos, pero otros más están llegando".

La situación que menciona Rodríguez tiene muchos puntos en común con la desbandada que, en parte, provocó los dos brotes de la comarca de Lleida, La Litera, el Cinca Medio y el Baix Cinca. También allí, como en Huelva, las distintas administraciones han optado por culparse mutuamente y alegar que carecen de competencias para arrostrar el problema. Quedan avisados los políticos. "Los concentrados están utilizando mascarillas quirúrgicas con una caducidad de cuatro horas y, sin embargo, están pasando mucho tiempo", advierte Rodríguez. "Las administraciones se están tirando la pelota de unas a otras y al final se limitan a darles tres kilos de arroz. Lo que aquí se precisan son viviendas".