La desgracia que suele acompañar a la miseria no se acaba a veces ni aún después de haber muerto. Es el caso de Taufik Belassal, el temporero marroquí que murió en diciembre de 2019, con solo 23 años, en el incendio de un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera, uno de los municipios de Huelva más pujantes en la producción de fresa. Un año y medio después, sus restos aún permanecen en un depósito de la capital onubense, congelados, sin que su familia los haya podido recibir en Marruecos para darles sepultura.

La razón de que los restos de este joven temporero aún no hayan sido repatriados no está del todo clara, como tampoco lo está si lo que queda de su cuerpo en un depósito forense de Huelva es realmente el de Taufik Belassal. La burocracia judicial y diplomática que ha seguido a este caso ha ralentizado primero la identificación del cadáver y, como consecuencia, su entrega a la familia, que reside en Moulay Bousselham, localidad situada a 44 kilómetros al sur de Larache y a poco más de 120 de Tánger, no muy lejos de España.

Taufik falleció en el voraz incendio que en la madrugada del 14 de diciembre de 2019 destruyó gran parte de un poblado de chabolas en Palos, el único hasta ahora en el que ha habido una víctima mortal tras una larga lista de incendios que no han cesado en estos asentamientos, habitados por cientos de temporeros migrantes que trabajan en la recolección de la fresa en más de una decena de municipios de Huelva y no tienen acceso a una vivienda. Su cuerpo quedó totalmente calcinado por las llamas, irreconocible. Por eso resultaba más complicada la identificación. Y ahí empezaron los problemas y los retrasos. Y aún siguen.

Los restos de quien se presupone que es Taufik Belassal están guardados en un depósito bajo la custodia del Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva, según confirmaron a este periódico fuentes del departamento de Justicia de la Junta de Andalucía, de quien depende ese organismo. El IML realizó una prueba de ADN del cuerpo para compararlo con el de unos primos suyos residentes en el municipio de Palos, pero el resultado no fue concluyente y el Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer, encargado del caso, decidió entonces solicitar a Marruecos una nueva prueba de ADN con familiares directos del fallecido, la madre o los hermanos. Y a partir de ahí comenzaron a dilatarse los tiempos de este procedimiento, que aún no ha sido resuelto.

Según ha podido saber Público, la Policía Judicial solicitó a Marruecos en enero de 2020, a través de la Interpol y por orden del Juzgado número 1 de Moguer, el envío de material genético de la familia de Taufik residente en Moulay Bousselham para cotejar con el del fallecido. Sin embargo, tres meses después, en abril, la Administración marroquí respondió que esa solicitud adolecía de un defecto de forma, ya que debía realizarse a través de una comisión rogatoria internacional, y, por tanto, tenía que ser de nuevo formulada siguiendo los cauces pertinentes.

La comisión rogatoria internacional es, básicamente, un procedimiento de auxilio judicial entre diferentes estados que se sigue con la finalidad de obtener pruebas en otro país. De esa forma, se pide a la autoridad competente del país requerido la ejecución, dentro del territorio de su jurisdicción, de un acto de instrucción, fundamentalmente una diligencia probatoria. Y eso es lo que las autoridades de Marruecos consideraron que no se había seguido en este caso.

No ha habido más avances

Desde esa respuesta de la Administración marroquí no se conocen, sin embargo, nuevos requerimientos oficiados desde el juzgado de Moguer en contestación a la solicitud de seguir los cauces de una comisión rogatoria internacional para avanzar en el proceso de identificación de los restos congelados en el depósito de Huelva, supuestamente los del temporero Taufik Belassal. Este periódico preguntó por el estado de las diligencias que se estaban llevando a cabo con el caso, pero fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalaron que la titular de ese órgano judicial, la magistrada Elena Durán, no informa a los medios de comunicación de las causas que se siguen en su juzgado.

La presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón, Pepa Suárez, ha acudido en dos ocasiones al juzgado, una de ellas acompañando a los primos de Taufik que viven en esa localidad costera de Huelva, y también asegura haber llamado varias veces por teléfono solicitando información acerca del estado del procedimiento para la repatriación de los restos del joven temporero a Marruecos. "Siempre me decían que qué pena lo que había pasado, que estaban pendientes de un informe de la Policía Judicial, pero ya no me explicaban más. Siempre me daban respuestas muy vagas, hasta que ya dejé de insistir, porque no conseguía nada", dice.

Los dos juzgados de Moguer arrastran una sobrecarga de trabajo desde hace años, que en 2020, durante la pandemia, llegó al 15% por encima del módulo de número de causas establecidas como deseables por el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de lo civil y del 24% en lo penal, según el responsable del área de Justicia en CCOO de Huelva, José García Zapico. Esta sobrecarga es "un mal endémico" de Moguer y de otros partidos judiciales de la provincia onubense, para los que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha pedido reiteradas veces un nuevo juzgado, señala Zapico.

Este periódico también preguntó el pasado mes de enero al Consulado General de Marruecos en Sevilla, que se encarga igualmente de los casos de la provincia de Huelva, si había hecho alguna gestión para la repatriación de los restos del temporero marroquí fallecido en el incendio de Palos. Un funcionario de Rabat llamó días después a este periodista por teléfono pidiendo los datos de la familia de Taufik en Huelva para ponerse en contacto con ella. Más de tres meses después, la consulta figura en la web del Consulado con el enunciado "tratamiento en curso".

"Lo que está ocurriendo con los restos de Taufik es lo mismo que ocurre cada día con los trabajadores migrantes en la fresa. Es la misma dejadez de las administraciones que miran para otro lado, en este caso de la Administración de Justicia, que les da igual los problemas que tengan estas personas. Es un racismo institucional. Si Taufik hubiera sido alemán, holandés o francés, no habrían tardado más de una semana en devolver el cuerpo a su familia. Pero como es migrante... A nadie le importa un migrante de un país pobre", afirma Pepa Suárez.

Los incendios en los asentamientos siguen

La desidia de las administraciones se ha repetido, según la presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón, con el incendio que el pasado mes de febrero asoló de nuevo el mismo asentamiento donde había perdido la vida Taufik Belassal un año antes. Esta vez, no hubo víctimas entre los ocupantes de las chabolas de plástico y cartón, pero sí muchos daños materiales, el primero de ellos que las llamas dejaron a la intemperie a unas 400 personas. El Ayuntamiento de Palos, asegura Pepa Suárez, se limitó a dar mantas y agua a una ONG para que las repartiese entre los damnificados.

El alcalde de Palos es Carmelo Romero, el diputado del PP que le gritó a Íñigo Errejón que fuera al médico cuando el portavoz de Más País estaba hablando de las deficiencias en la atención a la salud mental en España. Romero, después del nuevo incendio que había dejado sin techo a decenas de personas en su término municipal, declaró a los medios de comunicación: "la inmigración legal es una competencia del Estado y es el Gobierno central el que debe erradicar el chabolismo y controlar el paso de las fronteras".

Taufik Belassal llegó en diciembre de 2014 a la costa de Cádiz en una patera que había partido de Moulay Bousselham, una localidad donde la fresa también es una de las principales fuentes de empleo, aunque con unos salarios que no llegan ni a diez euros por jornadas de trabajo de diez horas. De allí se fue al poco de morir su padre en busca de un sustento para la familia, fundamentalmente para cuidar a la madre, que no puede valerse por sí misma a causa de una grave enfermedad.

El mismo día del incendio que acabó con su vida, Taufik tenía previsto mandar una remesa de dinero y comida a la familia en Marruecos, según le había contado a sus primos cuando estuvo comiendo con ellos en su casa de Mazagón, la última vez que lo vieron. La familia, la madre y seis hermanos, siguen ahora esperando al otro lado del Estrecho, ya no esa remesa, sino, simplemente, que les envíen los restos de su ser querido.

Las chabolas que arden en esos incendios están habitadas por una parte de la mano de obra de los cultivos de los frutos rojos (fresa, frambuesa y arándanos), que constituyen uno de los sectores económicos más importantes de la provincia de Huelva. Según datos del Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, esta provincia acaparó en la última campaña analizada el 97% de la producción nacional fresera, con más de 6.843 hectáreas cultivadas y una producción superior a las 341.000 toneladas. Esa producción va destinada en un 70% a la exportación, fundamentalmente Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con un valor total de 471,5 millones de euros en la campaña 2018-2019.

En la provincia de Huelva, dos décadas después del comienzo del boom de la fresa, solo se ha abierto un albergue para temporeros que trabajan en esos cultivos, el que ha construido en Lepe la ONG Asnuci, y gracias a una campaña de recogida de donativos para poner en marcha un alojamiento con capacidad para 40 personas. Ningún ayuntamiento ni organización empresarial han sido capaces, hasta ahora, de abrir un albergue que acabe con los asentamientos chabolistas, cuyas condiciones de vida describió el relator especial de la ONU sobre la Pobreza y los Derechos Humanos como "las peores" que había visto en el mundo, tras hacerles una visita a principios de 2020.