Cuando los cuatro equipos españoles estén disputando la Supercopa de España en Arabia Saudí el próximo enero, probablemente Loujain al-Hathloul seguirá encarcelada. Fue detenida en abril de 2018 junto a otras 10 activistas por defender el derecho de las mujeres de su país a poder conducir. Algunas de ellas fueron liberadas tras un juicio, pero Hathhloul no. Durante el primer mes de reclusión, las autoridades saudíes la mantuvieron incomunicada y según denunció Amnistía Internacional recibió torturas físicas (descargas eléctricas) y psicológicas, con amenazas de muerte y de violación.

A pesar de que Arabia Saudí concedió a las mujeres finalmente el derecho a conducir y que se hiciera efectivo en junio de 2018, Hathloul continúa en prisión. Las autoridades la acusaron de realizar con otras una "actividad coordinada para socavar la seguridad, la estabilidad y la paz social del reino" y de haber contactado con diplomáticos y periodistas extranjeros.

También, cuando el 12 de enero los dos equipos de nuestro país jueguen la final del torneo, Raif Badawi seguirá cumpliendo condena. El periodista y bloguero fue detenido en 2012 y condenado dos años más tarde a 10 años de prisión y a recibir 1.000 latigazos. Su delito: haber abierto un blog de debate social y político, por el que fue acusado de violar la ley sobre información y tecnología, insultar al Islam e incluir en su sitio web artículos ofensivos para Arabia Saudí. 

Debido a la presión internacional de distintas instituciones y a las más de 100.000 firmas que se reunieron por su caso, finalmente sólo recibió 50 latigazos. 

No son los únicos. Son sólo un botón de muestra de las violaciones de derechos humanos y a la libertad de expresión que ejerce el país árabe al que la RFEF ha decidido llevar la Supercopa. Un negocio redondo según el presidente de este organismo, Luis Rubiales, que reportará unos ingresos de 40 millones de euros por temporada a lo largo de los próximos 3 años.

A cambio, Rubiales afirmó que había alcanzado un acuerdo para que las autoridades saudíes levantaran alguna de sus prohibiciones. Concretamente, la que obligaba a las mujeres a permanecer confinadas en un lugar del campo de fútbol aparatadas de los hombres y al que sólo pueden acudir si las acompaña un varón de su familia. Gracias al acuerdo alcanzado por la Federación, durante los cuatro días que dure la competición las mujeres podrán moverse a sus anchas dentro de un estadio. Rubieles también esbozó un principio de acuerdo para que se creara una escuela de fútbol femenino, pero aún no se conocen muchos de sus detalles.

"Las mujeres van a entrar en el campo en igualdad de condiciones que los hombres. Creo que es para sentirse orgullosos", afirmó recientemente Rubiales ante los medios. "Creo que puede ser el principio de un alianza estratégica muy importante para nosotros. Nuestro fútbol y nuestra Federación tienen que dialogar con todo el mundo". Muchos críticos con la decisión de la Federación han acusado Rubieles de buscar el interés a golpe de chequera, sin importarle el blanqueamiento de la violación de los derechos humanos. También algunas figuras del fútbol femenino como Verónica Boquete, y otros deportistas han sido muy críticos con la decisión de jugar el campeonato en un país que viola derechos humanos en general y de las mujeres en particular. 

Según Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional experto en Arabia Saudí, hay cuatro ámbitos principales en relación a la violación de los derechos humanos en el país. Por un lado, la participación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, en la que los saudíes llevan más de cuatro años liderando una coalición internacional junto a los Emiratos Árabes Unidos. "Una guerra ilegal que ha dejado más de 100.000 muertos entre los que se cuentan muchos menores debido a los continuos bombardeos". 

Otro aspecto preocupante para esta organización es la pena de muerte. "Es uno de los tres países del mundo que más ejecuciones realiza. Sólo el año pasado se contabilizaron unas 150, con la particularidad de que éstas se realizan en muchas ocasiones en plazas públicas y mediante decapitación".

Preocupantes también para los organismos internacionales son las continuas violaciones de la libertad de expresión. Cabe recordar que el pasado mes de octubre se cumplió un año del asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada que Arabia Saudí en Turquía. Su asesinato y descuartizamiento sigue aún sin reconocerse ni resolverse por las autoridades de aquel país.

Por último, explica De las Heras, están todas las violaciones de derechos de las mujeres. "Ellas siguen sufriendo un sistema de tutela por el cual necesitan el permiso y la autorización de un familiar varón para poder casarse, estudiar o para acceder a muchos trabajos". Hasta hace poco las mujeres necesitaban de este permiso para conducir y para sacarse el pasaporte. "La prohibición de conducir se levantó en 2017, pero no entró en vigor hasta junio de año pasado. Sin embargo el régimen sigue manteniendo a activistas que reclamaban este derecho en las cárceles".

Un decreto ley estableció que las mujeres no necesitaran permiso de un varón de la familia para sacarse el pasaporte, "lo que les dará más posibilidades de viajar solas. Pero a pesar de haberse aprobado en agosto pasado, esto aún no entró en vigor", afirma el experto de Amnistía.

Con este panorama, el acuerdo alcanzado entre la RFEF con Arabia Saudí para la celebración del torneo deja un sabor amargo. "Es algo tan mínimo que no puede ocultar la realidad que tiene Arabia Saudí en cuanto a la violación de derechos humanos", afirma De las Heras. "La realidad de lo que sucede dentro del torneo, no puede ocultar lo que sucede fuera. Llamarlo un avance es una exageración", añaden desde Amnistía.

Este experto lamenta que en el ningún momento del proceso de negociación la RFEF haya accedido a reunirse con Amnistía. "Les mandamos una carta en octubre pidiéndoles una reunión para poder hablar de las condiciones que exigirían al país anfitrión, pero nunca nos respondieron y la reunión no se realizó".

Blanqueando a Arabia Saudí

No cabe duda de que la celebración de la Supercopa de fútbol supone una forma de lavado de cara para el país árabe. Ya el año pasado, la Supercopa italiana se jugó allí, pese a la oposición generalizada que generó la decisión.

Desde hace tiempo las autoridades de Arabia Saudí intentan vender al mundo un proceso de reforma y apertura que sus actos niegan. El reciente asesinato (en octubre se cumplió un año) del escritor y periodista Jamal Khashoggi en su embajada en Turquía, conmocionó al mundo y sigue aún sin aclararse ni resolverse. Este crimen ha sido parte de su ofensiva por acallar las voces disidentes y negar la libertad de expresión. Las pequeñas concesiones en materia de derechos chocan contra un muro de represión y arbitrariedades por parte del sistema.

La semana pasada la cuenta de Twitter de un organismo oficial del Gobierno saudí, publicaba un vídeo que listaba el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo entre las ideologías que entraban dentro de la categoría de "extremistas" y mostraba mediante animaciones una larga lista de comportamientos que podían ser castigados con prisión o flagelación y que echaba por tierra la imagen reformista que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, quiere dar al exterior. El martes pasado el vídeo fue eliminado y las autoridades afirmaron que su contenido era "inexacto" y que se habían cometido errores en su publicación.

La realidad es que si bien se permite a las mujeres conducir, se sigue prohibiendo que una mujer baile en público, y quién lo hace (varias activistas han subido vídeos en protesta) lo más probable es que acabe en la cárcel. Lo mismo ocurre si una mujer muestra afecto a un varón fuera de su hogar. Por otro lado, el ateísmo sigue siendo un crimen que se puede castigar con la pena capital. 

Recientemente una agencia gubernamental, el Directorio General para Combatir el Extremismo, denunció como "falso" un informe en una agencia de noticias estatal Al Watan, que afirmaba que las feministas podrían ser encarceladas y azotadas. La gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita, también emitió una declaración confirmando que "el feminismo no es criminalizado en Arabia Saudí y que el reino otorga la mayor importancia a los derechos de las mujeres".

Sin embargo, muchas voces críticas acusaron al Gobierno de hipocresía por estas afirmaciones mientras mantiene a cientos de defensoras de los derechos de las mujeres en las cárceles. 

Un activista, Iyad el-Baghdadi, crítico con el régimen y que aboga por la apertura de un porceso democrático preguntó en su cuenta de Twitter:  "Si los derechos de las mujeres son tan importantes, ¿por qué las principales activistas que defienden estos derechos en Arabia Saudí están en la cárcel?"