MADRID. -Aproximadamente el 22% de los casos de racismo en España proviene de la discriminación institucional, según el último informe de la organización SOS Racismo, que cada año publica los datos de las denuncias recibidas en las oficinas que tiene repartidas por el territorio nacional.

Entre enero y diciembre de 2015, de los 247 casos registrados por la organización, 54 fueron relativos al racismo institucional, que constituye, por detrás de las agresiones y conflictos racistas, el segundo tipo de discriminación más frecuente en nuestro país.  En la mayoría de los casos, este tipo de racismo tuvo que ver con los trámites de extranjería para regularizar la situación administrativa (52%), con problemas en la concesión de la nacionalidad (28%) y los Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE, donde se registraron 6 denuncias (un 11%). 

Estos datos, en cualquier caso, suponen sólo una pequeña muestra de la situación de la discriminación en en Estado español. El miedo a denunciar o el desconocimiento por parte de las víctimas hace que el número de denuncias que llegan a las oficinas de SOS Racismo sean escasas, en comparación con la realidad de la situación, explican en la organización.

"Aunque no tenemos forma de llevar una contabilidad real por la fata de mecanismos en las instituciones, la percepción es que se observa un discurso cada vez más aceptado de rechazo hacia el fenómeno migratorio, que sumado al de los partidos políticos está creando un entorno de opinión", ha señalado el secretario general de la federación SOS Racismo, Mikel Mazkiaran.

Entre otros tipos de racismo identificados por la organización en el informe destacan los casos por agresiones (27,53%), problemas con la seguridad pública (17,81%), denegación a prestaciones y servicios públicos (11,47%), discriminación laboral (10,53%), denegación del acceso a servicios privados (6,48%), problemas con agentes de seguridad privada (3,24%), o casos relacionados con la extrema derecha y el discurso del odio (0,81%).

Racismo en los cuerpos de seguridad

Alba Cuevas, portavoz de SOS Racismo en Catalunya, ha destacado además un incremento en las denuncias por la vía penal, que en esa comunidad suponen ya más del 50% de los casos. En total, la organización registró el año pasado 96 casos de discriminación con relevancia penal, es decir, susceptibles de ser catalogados como un delito de odio. La mayor parte de ellos (49) se dieron en Catalunya, donde más de la mitad corresponden a abusos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad.

​"Estamos hablando de situaciones de agresión verbal, trato humillante o vejatorio, abuso de autoridad, agresión física, detención no justificada, acusaciones falsas, atestados policiales redactados para justificar una actuación policial incorrecta", señala el informe.
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Cuevas denuncia, además, la especial impunidad que impera en estos casos. "Muchas veces consideramos que se ha ganado un proceso cuando se consigue que no se criminalice a la víctima", lamenta.
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En este sentido, la organización ha reclamado una Ley Integral contra la discriminación, una medida que se intentó poner en marcha en 2011 y que finalmente no vio la luz. 

"Que a nivel nacional no exista un partido de extrema derecha con representación parlamentaria de corte racista o que las encuestas en el ámbito de la Unión Europea sitúen a nuestro país alejado de las opiniones más intolerables no debe conducir a la autocomplacencia. Lo recortes en materia de derechos sociales en un contexto de fuerte crisis económica pueden ser el caldo de cultivo para actitudes contrarias a la conviviencia entre diferentes", advierte la ONG.