España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales a pesar de la objeción de sus padres, ha denunciado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Las autoridades españolas "no evaluaron los requerimientos específicos del niño" y "no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria" pese a las obligaciones al respecto establecidas en la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad, subrayó el comité en un comunicado.

El caso concierne a un chico llamado Rubén, ahora mayor de edad pero que tenía 10 años en 2009, año hasta el que según la investigación del comité había mantenido buenas relaciones con sus compañeros de clase y maestros en una escuela ordinaria de León donde contaba con un asistente de educación especial.

Ese año, en el que Rubén comenzó el cuarto curso, la situación comenzó a deteriorarse, se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su maestro, el alumno comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar y un informe del centro mencionó un "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down" del niño.

En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres, señaló hoy un comunicado del comité de Naciones Unidas.

Los padres de Rubén recurrieron sin éxito la decisión de las autoridades educativas y denunciaron posibles abusos que no fueron investigados, por lo que elevaron el caso ante el comité de la ONU en 2017.

Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité llegó a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva, concluyó el comunicado.

"No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén", detalló el miembro del comité Markus Schefer.

El organismo solicitó a España que garantice que Rubén, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen efectivamente las denuncias de abuso.

También instó a España a que eliminara toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.

Reclamación de más de un centenar de familias

El pasado mes de junio, más de un centenar de firmantes, principalmente familias de niños con necesidades educativas especiales, pero también representantes de organizaciones de diversidad funcional y expertos en educación, hicieron pública una petición colectiva. En ella denunciaban que España discrimina y vulnera derechos fundamentales de estos menores y de sus familias contenidos en las leyes nacionales y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Entre las irregularidades que se cometen destacan que los informes de valoración de los menores que realizan los equipos de orientación y los funcionarios de las consejerías de educación deberían considerarse nulos e ilegales.

El escrito, una "petición administrativa conjunta de carácter jurídico institucional" (porque una demanda colectiva no es posible en nuestro país en materia de educación), iba dirigida a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, a las consejerías de educación de las comunidades autónomas, al Defensor el Pueblo y al Ministerio de Educación.

Exigían una revisión en profundidad de la legislación educativa en cuanto al tratamiento de los alumnos con necesidades especiales, incorporar este apartado de forma más amplia en la ley de educación que se está tramitando en el Parlamento y que el Gobierno considere poner en marcha una ley integral específica para la educación inclusiva.

Las familias agrupadas han adoptado la denominación Frente por la Inclusión y la Diversidad (FDI) y llevan años denunciando situaciones de desamparo frente a las instituciones administrativas autonómicas, e incluso presiones y amenazas si siguen recurriendo los abusos.