Una decena de organizaciones sindicales y sociales de Suiza, Alemania, Gran
Bretaña y España han dirigido un escrito a algunas de las mayores cadenas europeas de supermercados en el que denuncian el trato que reciben los trabajadores en los invernaderos de una empresa de la provincia de Almería, Eurosol, que les abastece de hortalizas. Los sindicatos exigen actuar "con contundencia" contra esas "violaciones de los derechos fundamentales", las cuales niega rotundamente la empresa, que ofrece una jornada de puertas abiertas para que puedan comprobar la situación de sus empleados.

Eurosol tiene una plantilla de 350 trabajadores, 250 de ellos en las naves de envasado y distribución y los otros 100 en los invernaderos donde se producen en torno a 23 millones de kilos anuales de tomates, pepinos, pimientos y otras hortalizas que van destinadas, fundamentalmente, al mercado de Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda, según sus responsables. Y son las condiciones laborales de los trabajadores de los invernaderos, ubicados en una finca de Níjar, denunciadas desde hace meses por el sindicato jornalero andaluz SOC-SAT, las que han propiciado ahora el escrito conjunto de las organizaciones sindicales Uniterre, Solifonds y Agrisodu, de Suiza, Landworkers Alliance, del Reino Unido, Interbrigadas, de Alemania, la Coordinación Europea de la Vía Campesina y el Sindicato Labrego Galego, entre otras entidades.

Estos sindicatos europeos afirman que a raíz de una sentencia de un juzgado de lo Social de Almería, dictada el pasado julio a favor de las reivindicaciones de los trabajadores sobre vacaciones y tiempo de descanso para el bocadillo, la empresa empezó las represalias contra quienes sustentaban al comité de empresa que entonces presidía el SOC-SAT. Eso derivó, añaden, en la revocación del comité en octubre, en la convocatoria de unas nuevas elecciones sindicales y después en el despido "injustificado" de hasta 19 empleados afiliados o simpatizantes de ese sindicato.

"La represión en Eurosol es una advertencia de la patronal sobre las represalias que son capaces de tomar contra quienes no quieren aceptar el régimen laboral explotador que imponen", señalan las organizaciones firmantes. A su denuncia se ha sumado la Federación de Consumidores de la Suiza francófona (FRC), que cuenta con 25.000 socios y que en un extenso comunicado señala a la empresa almeriense como un proveedor de Migros, la principal cadena minoritaria de supermercados de ese país, de Lidl, en Alemania, y Albert Heijn, en Holanda, "todos pesos pesados de la distribución" alimentaria, a los que advierte de que su suministrador de hortalizas "está violando los derechos básicos de sus trabajadores".

La organización de consumidores suiza, que relata los casos de algunos trabajadores que dicen haber sido despedidos sin causa justificada o tratados de manera inapropiada, critica también la auditoría que se ha realizado a la empresa almeriense a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Uniterre ante la cadena de supermercados Migros. "Si se llevó a cabo una auditoría el otoño pasado, el sindicato lamenta que los resultados comunicados por Migros en enero ignoren por completo el contexto y la historia de los conflictos en Eurosol", añade.

FRC entiende que la cadena suiza de supermercados debe "dar un ultimátum" a Eurosol, "exigiendo una mejora de las condiciones laborales y la reincorporación de los trabajadores despedidos indebidamente". Lo mismo piden los sindicatos europeos firmantes del escrito, que instan "encarecidamente al sector de la comercialización y distribución" de los productos de la empresa almeriense a "reaccionar con urgencia y
contundentemente" ante lo que consideran una violación de los derechos fundamentales.

Una sentencia pionera incluida en el convenio provincial

SOC-SAT, el sindicato que antes dirigía el comité de empresa y que ahora está en minoría después de las elecciones sindicales del otoño pasado que ganó CCOO, sostiene que todo cambió en Eurosol a raíz de que ganaran en julio el juicio sobre la organización de descansos y vacaciones. Ese fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Almería, que no ha sido recurrido por la empresa, reconoce el derecho de los trabajadores temporales a disfrutar de sus vacaciones proporcionadas a la duración de su contrato y el de los fijos discontinuos proporcionadas a la duración de la campaña, así como el derecho a disfrutar de veinte minutos de descanso retribuido entre el horario de mañana y tarde. La sentencia ha tenido tal relevancia que sus conclusiones han sido incluidas en el nuevo convenio laboral del sector del envasado de la producción hortofrutícola, la mayor de España en cultivo de invernadero.

"A partir de ahí, la empresa pasa al ataque", dice el portavoz de SOC-SAT en Almería, José García Cuevas. Ese ataque, según él, se recrudeció con la revocación del comité de empresa, decisión pendiente de una resolución judicial al haber sido impugnada, ya que, a su juicio, fue aprobada por una asamblea de trabajadores manipulada con la incorporación de nuevos empleados proclives a los intereses patronales. Tras esa impugnación hubo elecciones sindicales, en las que CCOO sacó tres delegados frente a
los dos del SAT, y a continuación se produjo una cadena de despidos de militantes y simpatizantes de este último sindicato, entre ellos uno que había sido durante un tiempo presidente del comité de empresa, asegura Cuevas.

"La situación ahora en la empresa es tensa, porque hay una campaña internacional fuerte que le está haciendo bastante daño a su imagen. El sector hortofrutícola de Almería tiene su importancia en Europa y allí les preocupan las condiciones sociolaborales de la producción, como ha ocurrido con la fresa de Huelva. Pero de momento, lo que está haciendo la empresa es meter miedo a los trabajadores, decirles que si sigue la campaña, tendrán que cerrar, pero no están cediendo nada para empezar a respetar los derechos laborales", explica el portavoz sindical.

La dirección de la empresa sitúa en otro momento el comienzo de un conflicto laboral que ha traspasado las fronteras de España. Lo ubica no en la sentencia de julio favorable a las demandas de los trabajadores, sino en el resultado de las elecciones sindicales de otoño y en la revocación del anterior comité. "A partir de ahí empezaron las denuncias de la violación de derechos y contra todos los trabajadores que votaron en la asamblea, porque decían que era un complot y porque no aceptaron el resultado de las elecciones sindicales", asegura la responsable de Recursos Humanos, Mari Carmen Cano.

Según la representante de la empresa, que dice que para que se pudieran celebrar las elecciones tuvo que intervenir un observador de los foros internacionales de comercio ético, la auditoría que encargó la cadena suiza Migros el pasado mes de diciembre no reveló ninguna irregularidad laboral. "Salió que estaba todo correcto", subraya.

Los despidos, asegura Mari Carmen Cano, fueron motivados por la negativa de algunos empleados a recoger sus equipos de protección individual para trabajar en el invernadero durante la utilización de productos fitosanitarios. "La potestad de la empresa es poner orden y para eso necesita medidas disciplinarias", explica la responsable de Recursos Humanos.

“Tendremos que echar a gente”

La portavoz de Eurosol asegura que se han dirigido a la organización de consumidores FRC y al sindicato agrícola suizo Uniterre para que visiten sus instalaciones y comprueben libremente cómo trabajan sus empleados en una jornada de puertas abiertas. También dice que han solicitado a la Inspección de Trabajo en Almería para que medie en este conflicto y se ponga fin a las denuncias que se están haciendo llegar a las principales cadenas europeas de distribución alimentaria.

"Si perdemos a los supermercados, no te compran tus productos y tendremos que echar a gente. Eso es lo que están consiguiendo. Esto es un sinvivir. Estamos sufriendo muchísimo y los trabajadores están indignados", se lamenta Mari Carmen Cano, quien se jacta de que las relaciones con los otros sindicatos que tienen representación en la empresa, CCOO, UGT y CSIF, son fluidas, aunque haya diferencias de planteamientos y desencuentros. 

Uno de esos sindicatos, CCOO, cree que este conflicto viene del pasado, de un enfrentamiento que no se ha acabado de resolver entre la delegación sindical que antes presidía el comité y la dirección de la empresa. Según su secretario provincial de Industria, Javier Castaño, el riesgo que se corre con este enfrentamiento es que se puede poner en peligro la viabilidad de la empresa y, por tanto, el trabajo de muchas personas.

Trabajadores ucranianos sin conexión con la familia

Otra de las denuncias de SOC-SAT, de la que se ha hecho también eco la organización suiza de consumidores, es que la empresa almeriense ha impedido a empleados ucranianos tener el teléfono móvil durante el trabajo pese a que necesitaban estar pendientes de las llamadas de sus familias que residen cerca de la frontera rusa, en medio de la guerra. La FRC cuenta el caso de un trabajador ucraniano despedido a principios de marzo: "Mi madre, mi hermana y mis sobrinos viven en la ciudad de Ivano-Frankivsk, donde bombardearon el aeropuerto. Este trabajo me permitió mantener a mi familia. Ahora que lo he perdido, ¿qué voy a hacer?".

La empresa reconoce que está prohibido usar el móvil durante el trabajo, pero afirma, sin embargo, que ningún trabajador solicitó la autorización para acceder a su teléfono durante la jornada laboral, como se concede para casos de urgencia médica o para atender emergencias de hijos en centros escolares. "Todo se puede demostrar con documentación", subraya Mari Carmen Cano, quien resalta, además, que Eurosol ha hecho un donativo a Cruz Roja para ayudar a la población de Ucrania.

El conflicto que se vive en esta empresa hortofrutícola forma parte, a juicio del portavoz de SOC-SAT, de la situación en la que se encuentra la mano de obra de la agricultura en esta provincia del sureste español. "El campo en Almería (afirma) está al margen de la ley. Hay muchas empresas que no cumplen absolutamente nada en los invernaderos, ni el salario, ni la duración de las jornadas, ni las horas extra ni los equipos de protección ni el transporte". Según José García Cuevas, las condiciones son peores incluso en la otra parte de la provincia, en la zona del Poniente, en Roquetas o El Ejido, donde el jornal medio diario se sitúa entre 32 y 40 euros, muchas veces por debajo del salario mínimo interprofesional vigente.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la agricultura almeriense dio trabajo en el último trimestre de 2020 a más de 73.000 personas, cerca del 10% del total de empleo nacional en este sector, dato que la convierte en la provincia, junto a la Comunidad de Murcia, que más empleo agrícola demanda. Son en torno a 32.000 hectáreas de cultivo de invernadero que proporcionan, según el informe de Caja Rural Cajamar de la temporada 2018-19, una producción hortofrutícola anual de más de 3,5 millones de toneladas, con unos ingresos totales de 2.228 millones de euros.