“Hay una amenaza seria para la supervivencia de las lenguas minoritarias en todo el Estado español”, sostiene el sociólogo Chabier Gimeno, miembro del Seminario Aragonés de Sociolingüística, que recuerda que “no hay en Europa constancia de que ninguna lengua minoritaria haya sobrevivido”. Todas han desaparecido, o están en vías de hacerlo, explica, “por falta de protección oficial”.

Siete idiomas con más de 250.000 hablantes se encuentran en esa situación en el territorio español, según las conclusiones del Foro de Debate sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias celebrado este verano en Santiago de Compostela con el apoyo del Consejo de Europa.

Se trata del aragonés que siguen utilizando algo más de 8.000 personas en el Pirineo oscense y del catalán que hablan de manera cotidiana otras 24.000 en las comarcas orientales de Aragón; del asturleonés o ‘bable’ que conserva algo más de 150.000 usuarios en Asturias, León y Zamora; de la fala extremeña que subsiste con más de 5.000 hablantes en un enclave occidental de esa comunidad y que distintas teorías emparentan filológicamente con la lengua anterior, con el portugués o con el bable; el tamazigh, de origen bereber, que utilizan más de 40.000 melillenses, el árabe que emplean un número similar de ceutíes y, por último, el caló, la variante del romaní que conservan varios miles de gitanos.

La ‘prueba del nueve’ del aranés

“La normalización y el apoyo oficial han favorecido el prestigio y el uso de lenguas como el catalán en Catalunya, el Pais Valencià o Baleares; el euskera en Euskadi y Navarra, o el gallego en Galicia”, añade el sociólogo Natxo Sorolla, profesor en la universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Una de las pruebas de la importancia del apoyo oficial está en el valle de Arán, el único territorio extrapeninsular por el norte del Estado español, un tercio largo de cuyos casi 10.000 habitantes utiliza en sus contactos cotidianos el aranés, una variante del occitano que tiene carácter oficial en esa comarca catalana.
“Europa ha aumentado la diversidad y está desarrollando políticas para favorecer el contacto y la interculturalidad”, recuerda Gimeno, que apunta que esos procesos “deben llevar a un reconocimiento explícito de la diversidad” y recuerda que las instituciones tienen la obligación de “garantizar el derecho a la alfabetización de los ciudadanos en su lengua materna”.

Lenguas de uso y políticas públicas

Gimeno, Sorolla y el lingüista de la universidad de Zaragoza Javier Giral comparecieron esta semana en las Cortes de Aragón, donde presentaron el estudio sobre “El aragonés y el catalán en la actualidad” que ha elaborado el Seminario, y en el que los expertos constatan una reducción de la transmisión familiar y un descenso del número de hablantes de ambas lenguas, para cuya conservación reclamaron “un consenso que evite esta pérdida de diversidad”.

“El castellano está penetrando como lengua de uso entre los catalanohablantes adolescentes de Aragón”, donde su uso como primer idioma alcanza al 70%, explica Sorolla, cuando apenas supera el 20% entre los adultos. En el caso del aragonés, el 38% de sus usuarios ha dejado de transmitírselo a sus hijos, lo que sitúa este idioma como “una lengua amenazada”, añade.

“Las políticas públicas han llevado a esta situación de involución en la transmisión de la lengua y de fragilización extrema”, apunta Gimeno, quien, no obstante, destacó la importancia que ha tenido para conservarlas su introducción en las escuelas aragonesas, a las que llegaron en los años 80 y en las que hoy pueden ser vehiculares. Algo más de un millar de alumnos cursan la asignatura de aragonés y casi 5.000 la de catalán en los centros de enseñanza de la comunidad este año.

“Nadie se plantea proteger modalidades”

Aunque todos los grupos agradecieron las aportaciones de los expertos y se mostraron formalmente partidarios del consenso para proteger esas lenguas y garantizar el derecho de sus hablantes a estudiarlas, su intervención en la Comisión de Comparecencias de las Cortes aragonesas resucitó el debate, cronificado en la política ´de la comunidad, sobre cómo llamarlas.

“Por su nombre, aragonés y catalán”, sostuvo Gregorio Briz (Cha). “Aragonés oriental y aragonés del norte”, replicó Lucía Guillén (Par), alegando el supuesto rechazo que otras denominaciones generan en sus zonas de uso. “Mientras discutimos qué son las estamos perdiendo”, apuntó Jesús Samsó (C’s).

Sólo el PP señaló en otra dirección. “La gente habla lo que quiere, y da la impresión de que se quiere imponer algo en zonas en las que la lengua materna es el español”, dijo su portavoz, Fernando Gálve, para quien las “modalidades lingüísticas” de la comunidad suponen “un patrimonio cultural que no se puede perder”. Sin embargo, añadió, “lo contrario puede llevar a un sentimiento nacionalista y ya estamos viendo qué resultado puede tener”.

Giral zanjó el debate sobre las denominaciones con un expeditivo argumento científico: “En Aragón tenemos el catalán con sus variedades y el aragonés con sus variedades, como ocurre con el castellano en toda España. Y nadie se plantea que haya que mantener esas modalidades”.