"Los servicios sociales están envueltos en una tela de araña de burocracia de la que son víctimas las personas", señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. No es algo nuevo, sino que viene de atrás y se ha manifestado con intensidad con la llegada de la pandemia y de la crisis asociada a esta, que llevan año y medio provocando la llegada de nuevos usuarios faltos de recursos tanto a los centros oficiales como a las entidades asistenciales.

Ahora, ese desmesurado peso de la faceta procedimental se está revelando como un lastre para el sistema de atención a la dependencia, que continúa atascado pese a la histórica inyección de 566,39 millones a través de los Presupuestos del Estado con la que, a la espera de asignarle otra de 482,4 procedente de los fondos europeos, quedan prácticamente revertidos los sistemas que vino sufriendo desde los recortes de 2012 .

Los datos que maneja la asociación, procedentes del Ministerio de Asuntos Sociales y del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), indican que al cierre de julio, siete meses después de ese aumento de recursos, seguían en lista de espera 433.466 personas y habían fallecido 29.157 solicitantes, 11.424 sin haber sido valoradas y otros 17.733 sin haber llegado a recibir las prestaciones que les correspondían, lo que da una media de 139 cada día, casi uno cada diez minutos.

Esos registros muestran cómo la tendencia al atasco se ha intensificado en relación con los de 2019, el año previo a la aprobación de las inyecciones económicas y también a la llegada de la pandemia, que alteró buena parte de los parámetros de los servicios sociales.

En 2019, según señala el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora la asociación, permanecían en lista de espera 426.000 dependientes, alrededor de 7.000 menos que este verano, y el tiempo de tramitación de los expedientes era de 426 días, casi un mes menos que ahora.

Más de 900 días de espera en Canarias

Ese dato responde a una media que el año pasado tenía sus extremos en los 138 días que transcurrían entre la presentación de la solicitud y la resolución con la prestación en Euskadi, que era la única comunidad que no superaba el máximo legal de 180 días para tramitarlos y los 927, más cercanos a los tres años que a los dos, de Canarias.

A esos plazos, no obstante, hay que añadirles el tiempo que transcurre entre la emisión de la resolución y el comienzo de la percepción de la prestación económica o el servicio, lo que se conoce como ‘el limbo de la dependencia .

Por el contrario, sí se ha reducido el ritmo de muertes  en esa lista de espera, que pasó de las 111 diarias de 2019 a las 83 de los primeros siete meses de 2021 en el colectivo de quienes ya han sido valorados pero no han llegado a recibir la prestación económica ni los servicios derivados del reconocimiento de la situación de dependiente. No hay datos comparables para los pendientes de valoración.

El informe del primer año pandémico sitúa el tiempo de tramitación en 430 días, 25 días inferior al actual, y recoge cómo "durante 2020 han fallecido 21.005 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 34.370 personas pendientes de resolución de grado de dependencia", cifras netamente superiores a las de otros años y ‘alteradas’ al alza por la mayor intensidad de la mortandad por coronavirus entre los mayores.

"Es necesaria una mayor agilidad administrativa"

"La burocracia opera en contra de las personas, en la dependencia y también con el IMV (Ingreso Mínimo Vital) y las ayudas de emergencia", señala Ramírez, que llama la atención sobre los escasos efectos que tienen los aumentos de dotación presupuestaria en materia de servicios sociales cuando esta no va acompañada de una agilización de los trámites. "Es necesaria una mayor agilidad administrativa", insiste.

En este sentido, los datos de la entidad indican que la lista de espera únicamente se ha visto reducida en un 2,2% (5.044 solicitantes) en los primeros siete meses de este año mientras el número de beneficiarios del sistema aumentaba el doble, un 4,2% (47.617), aunque con grandes diferencias entre territorios: Asturias incorporaba a 2.690 y Madrid a 14.054, con incrementos por encima del 10% en ambos casos, mientras Navarra y Euskadi registraban sendos retrocesos de 79 y de 266.

Algunas comunidades han agilizado esos procesos incorporando a su tramitación a las entidades locales, aunque el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pone el acento en dos medidas, una de competencia autonómica aunque extensible a todo el Estado y otra de ámbito estatal.

La primera consiste en unificar en un solo acto administrativo la valoración del dependiente y la asignación de la prestación económica o el servicio en lugar de diferir en el tiempo la segunda. La otra estriba en añadir flexibilidad al sistema y poner en marcha la "prescripción social facultativa", con la que el trabajador social podría modificar las prestaciones sin necesidad de poner en marcha un nuevo procedimiento. Ahora, para asignar una ayuda domiciliaria cuando se clausura un centro de día, algo frecuente con la pandemia, es necesario un nuevo expediente.