El movimiento social Yo Sí Sanidad Universal reclama la derogación del decreto de exclusión sanitaria del año 2012 que ”deja fuera de la sanidad pública a grupos de población como adultos, menores y embarazadas sin papeles e incluso a víctimas de trata reconocidas sin permiso de residencia”. Además provoca que el acceso a la tarjeta sanitaria esté centralizado a nivel estatal a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que impide que las regulaciones de las comunidades autónomas contra dicha exclusión tengan efecto, como denuncia la organización.

La plataforma expone que aquellos que tenían la tarjeta sanitaria antes de 2012 y las que no se las ha desactivado no se han visto afectadas, pero las que se han quedado sin ella han sido “forzadas a contratar seguros privados o directamente no pueden ir al médico” al no ser atendidos por el INSS. Arguyen además que el “sistema de sanidad universal ya no existe” al pasarse con el decreto de exclusión a un modelo de “aseguramiento individual para cada persona que varía según su residencia, ingresos o situación familiar”.

Este decreto ley contempla diferentes excepciones para las personas sin papeles en situaciones concretas, como adultos en urgencias, menores, embarazadas durante el parto y el postparto junto a personas con protección reconocida. Pero desde Yo Sí Sanidad Universal critican que estas excepciones son “incumplidas sistemáticamente” ya que estas personas son “incapaces de obtener en el INSS una tarjeta sanitaria” lo que les “deja sin derecho de recibir atención”.

Además el decreto en un inicio excluía también a todos los jóvenes españoles mayores de 26 años que no cotizaran, pero más tarde se les volvió a incluir si no superaban un límite de ingresos anuales fijado en 100.000 euros. La organización que en el caso de los extranjeros "una instrucción interna del INSS hace que los que hayan obtenido los papeles a partir de 2012 no pueden optar a la tarjeta a través de este límite por ingresos". 

También se excluye a las personas de nacionalidad española que no tienen trabajo y se desplazan fuera de España por periodos variables de tiempo. 

Por ello la organización sostiene que el INSS es un “instrumento de segregación sanitaria” en especial para aquellos en “una situación más precaria”. Y sentencian que el “órgano se ha convertido en un laberinto INSSANO”.

Situaciones "kafkianas" y sentencias que no son aplicadas

Una de las fundadoras de la organización, Marta Pérez, explica que “el decreto provocó que la sanidad pública se centralizase a través del INSS con unos criterios basados en la Seguridad Social, cuando en realidad el sistema sanitario no se financia con las cotizaciones, sino con los impuestos que toda persona, trabaje o no, tenga permiso de residencia o no, paga”.

Asimismo, Perez cuenta que se “han dado situaciones kafkianas” con algunas personas tienen un permiso de residencia por circunstancias excepcionales como puede ser una enfermedad. Pero según el INSS “como he obtenido mi permiso de residencia a partir del 2012, no tengo derecho a tarjeta sanitaria”. Ante esto Pérez expone que “a pesar de que la Delegación del Gobierno me permite estar en España para tratarme en el sistema público el INSS me dice que no”.

Pérez observa que muchos de estos casos en base a la instrucción del INSS han sido recurridos y hasta ahora se han ganado seis sentencias en diversos tribunales. Pero a pesar de ello “cuando hemos ido a preguntar a trabajadores del INSS por qué siguen aplicando esta instrucción, explican que a ellos les dicen desde arriba que sigue estando en vigor”. “Si estos juicios han sido ganados, que pueden llegar a durar un año, con personas que pueden morirse por el camino, por qué no se les atiende” remacha.