El Ministerio de Sanidad ha propuesto que, en un plazo de nueve meses, cerca de un millón de funcionarios que actualmente reciben atención médica a través de aseguradoras privadas se integren en el sistema público de salud. La medida afectará a los beneficiarios del modelo Muface, el cual, según el ministerio, ya no resulta viable en las condiciones actuales.

El informe MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Ministerio de Sanidad, informa que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) cuenta con aproximadamente 1,5 millones de afiliados. De este total, 1.007.322 personas, equivalentes al 67,3% de los mutualistas, optan actualmente por recibir atención sanitaria a través de aseguradoras privadas como Asisa, Adeslas y DKV.

El Ministerio de Sanidad sostiene en su estudio que "el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso". Por grupos de edad, el informe revela que el 42,4% de los usuarios del modelo Muface se encuentran en la franja de 35 a 64 años, mientras que el 32% corresponde a mayores de 65 años. 

El informe destaca la reticencia de las aseguradoras privadas de salud a participar en el acuerdo propuesto por el Gobierno y subraya que estas empresas exigen un aumento superior al 40% en las condiciones de financiación vigentes. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad propone una prórroga de nueve meses del concierto actual, en línea con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Durante ese plazo, se llevaría a cabo un proceso de internalización de la atención sanitaria de los mutualistas de Muface, transfiriendo su gestión al Sistema Nacional de Salud.

Pacientes en terapia, los últimos en el traspaso

Durante esos nueve meses, el ministerio considera una incorporación gradual, priorizando a los pacientes que se encuentran en procesos terapéuticos en curso. Dado que requieren continuidad en su tratamiento, estos pacientes deberían ser los últimos en ser transferidos al sistema sanitario público.

Para este tipo de pacientes, y en caso de que se presenten contraindicaciones para la transferencia al sistema sanitario público −como situaciones de final de vida o casos de alta complejidad en procesos oncológicos−, podría evaluarse una vía excepcional. Esta alternativa consistiría en renegociar de manera temporal un aseguramiento extraordinario, permitiendo extender la cobertura durante un año adicional más allá del vencimiento de la prórroga inicial.

Asimismo, el informe plantea la posibilidad de implementar, durante estos nueve meses, un plan de transición que asegure la continuidad de la atención para pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia. Esto permitiría que dichos pacientes accedan directamente a sus servicios habituales, sin necesidad de someterse al procedimiento estándar de una primera consulta.

El estudio también prevé un plan para la transferencia de la información clínica, con el objetivo de evitar la duplicación de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Además, incluye un plan de comunicación destinado a resolver cualquier duda que pueda surgir durante el proceso, garantizando así una transición más fluida y eficiente.

Las aseguradoras dan plantón a Muface

El pasado 8 de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde a Muface para suscribir nuevos conciertos destinados a garantizar la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios que elijan recibirla mediante entidades aseguradoras. Para este propósito, se presentó una oferta de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que representaba un incremento del 16% en comparación con el concierto anterior. Sin embargo, ninguna empresa aseguradora mostró interés en participar, por lo que el proceso quedó desierto.

En Muface, el 65% de los mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que un 17% pertenece a los cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Como resultado, las comunidades autónomas con mayor número de mutualistas coinciden con aquellas que tienen un mayor ratio de docentes o una significativa presencia de funcionarios de la AGE.