El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial convocado este lunes por la ministra de Sanidad, Mónica García, ha concluido sin acuerdo. Varias comunidades han rechazado la propuesta de Sanidad de recuperar el "uso universal" de las mascarillas en los centros sanitarios ante el repunte de contagios de virus respiratorios. 

La reunión, que ha tenido lugar a las 9.30 horas, se había organizado a petición de García con el fin de "unificar criterios" con las comunidades autónomas y coordinar medidas para hacer frente al colapso de las Urgencias hospitalarias y los centros de Atención Primaria en varios puntos del país. Sin embargo, no se ha alcanzado un consenso.

Desde Sanidad, no obstante, insisten en que seguirán "trabajando codo con codo con las comunidades". En unas declaraciones ofrecidas tras el pleno, García ha informado de que ha dado a las comunidades autónomas dos días para que presenten una contrapropuesta a fin de dar continuidad a ese diálogo.

Hasta el momento, la idea del ministerio era implantar las mascarillas en los centros sanitarios asistenciales, esto es, en hospitales y Atención Primaria; así como en aquellos lugares donde se trabaja con personas vulnerables. Pero, tras la reunión, el gabinete de García también ha recogido la propuesta de algunas comunidades de extenderlo a las farmacias.

El uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios ya fue decretado este viernes en el País Valencià, Catalunya y la Región de Murcia, mientras que Aragón ha optado por una implantación parcial, solo para profesionales sanitarios y de cuidados.

La Comunidad de Madrid es la que se ha mostrado más reacia y ha descartado la obligatoriedad. Otras autonomías, como Andalucía han acordado agilizar la vacunación, mientras que Castilla-La Mancha ha avanzado que adoptará una decisión "en función de lo que marquen los técnicos".

La Rioja, Asturies, Galicia, Castilla y León, Navarra o Euskadi se muestran, de momento, más favorables a la recomendación y en algunos casos, como la comunidad foral, argumentan que la obligatoriedad supone un ajuste normativo que "hay que estudiar a fondo". En Balears solo se aconseja para personas con síntomas respiratorios.