Rocambolesco, más por extraordinario que por inverosímil, pero también desesperanzador, por lo inalcanzable que la realidad de hechos parece situar la meta, y exasperante visto el motivo de enojo grande que está generando el caso de la cueva de Chaves (Huesca): la destrucción del principal yacimiento neolítico de la península ibérica, con permiso de la Cova d'Or alicantina en todo caso, sigue impune casi dos décadas después.

Se trata de la mayor agresión al patrimonio histórico que se ha documentado en los tribunales españoles, con una destrucción de piedras, una excavación del suelo y un traslado de materiales cuyos daños valoraron en 50,98 millones de euros el Gobierno de Aragón y la Fiscalía y por la que el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca acabó determinando una responsabilidad civil de 25,49 en 2016.

Tanto la sociedad civil como algunas instituciones de Huesca han comenzado, en medio de un atronador silencio de la Diputación Provincial y otro no menos llamativo del Gobierno autonómico, a movilizarse para activar la recuperación de la cueva y de su entorno.

El paraje resulta ser un claro candidato a convertirse en un atractivo de la zona y a aportar conocimiento sobre los primeros pobladores de la península, que ocuparon el abrigo rocoso, de 3.000 metros cuadrados, durante más de 4.000 años, del séptimo milenio antes de Cristo a la edad de bronce, en torno al tercero.

Eso la sitúa como uno de los parajes en los que se ha documentado un asentamiento humano más prolongado de toda la península ibérica, destruido a comienzos del siglo XXI para convertirlo en una especie de establo para cabras y para ejemplares de alguna especie invasora como el arruí en un coto de caza privado.

Juan Luis Arsuaga, uno de los directores de la excavación de Atapuerca (Burgos), miembros de cuyo equipo llegaron a trabajar en Chaves, se refirió en el juicio a la cueva oscense como "un yacimiento de referencia en los estudios arqueo-paleontológicos en la península ibérica y en Europa" del que "nunca sabremos lo que se ha perdido", aunque sí equiparó su interés científico con el del burgalés, en este caso para conocer la vida cotidiana y la fauna prehistóricas.

La comarca y la sociedad civil piden recuperar la cueva

La Comarca de La Hoya, de la que forma parte Casbas, el municipio en el que se encuentra la cueva, ha solicitado al Gobierno de Aragón, tras aprobarlo por unanimidad a propuesta de Chunta, que impulse "medidas de protección, restauración ambiental y recuperación del patrimonio cultural" en la zona para iniciar su recuperación.

Y, por su parte, un grupo de entidades sociales del que forman parte Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), Ecologistas en Acción, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Huesca y la Asociación Valle de la Gloria, ha presentado ante el juzgado un escrito en el que reclaman que, más de siete años después de la sentencia, la finca en la que se encuentra la cueva sea entregada por fin al Gobierno de Aragón como parte de la responsabilidad civil.

Las entidades, varias de las cuales ejercieron la acusación popular en el juicio, solicitan "la inmediata entrega de la propiedad y de la posesión [de los terrenos] al Gobierno de Aragón en tanto que representante de los aragoneses" con "el objeto de que tanto la Cueva Chaves como su entorno natural pasen a ser disfrutados por todos los ciudadanos".

El Gobierno de Aragón, que se mostró activo tanto en la persecución de los responsables de la destrucción del yacimiento como en la reclamación de la responsabilidad civil tanto en la etapa de Marcelino Iglesias (Psoe-Par) como en las de Luisa Fernanda Rudi (PP-Par) y Javier Lambán (PSOE-Cha-Par-Podemos), guarda silencio sobre el tema en el arranque de la de Jorge Azcón (PP-Vox).

Una evanescente condena al 'rey del carbón'

La sentencia, ya firme, llegaba diez años después de que Ecologistas en Acción presentara las primeras denuncias sobre los destrozos en la cueva de Chaves, pero, sin embargo, a fecha de hoy nadie ha pagado por la destrucción de ese templo del neolítico.

El empresario leonés Victorino Alonso, conocido como 'el rey del carbón, hoy preso en Soto del Real por los destrozos ambientales que causó al explotar sendas minas ilegales en Babia y Laciana, y por los que afronta otra responsabilidad civil de 24,3 millones, vio como su condena inicial de dos años y medio de prisión era reducida a dos años por la Audiencia de Huesca.

Eso, al carecer de antecedentes computables, aunque sí los tenía por fraude fiscal dentro de un amplio historial de procesos judiciales, le permitió acogerse a la remisión de la pena de prisión, cuya ejecución quedó definitivamente aparcada en 2023.

Tampoco ha pagado mucho de la responsabilidad civil, ya que, pese a dirigir un emporio empresarial que movía millones de euros y a aparecer en los Pandora Papers como administrador de tres sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes que acumulaban activos por valor de más de 25 millones de euros, el juzgado lo declaró insolvente.

Eso hace que únicamente aporte en las dos causas, la de Chaves y la de las minas leonesas, en torno a 500 euros mensuales de la pensión de minero que cobra desde 2009 y que, oficialmente, constituye su única vía de ingresos.

"Siempre hemos defendido que la pena no podía suspenderse porque nunca mostró intención de reparar el daño", señala Pilar Vilellas, abogada de Apudepa, en un criterio que ha venido compartiendo el Gobierno de Aragón pero no la Fiscalía ni la Audiencia de Huesca.

Siete años de espera para tasar las fincas

La empresa que gestionaba la finca de 2.000 hectáreas en la que se encuentra la cueva, Fimbas SA, tampoco ha pagado nada pese a figurar como propietaria de esos terrenos y a haber sido declarada responsable civil subsidiaria de los destrozos.

Durante la instrucción, tras pedir el juez que quedaran avaladas las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse del caso, Fimbas ofreció en prenda los terrenos con una valoración de parte que las tasaba en 12.665.639 euros.

Tras la condena, presentaron un informe que valoraba la cueva en 25 millones y propusieron su entrega como indemnización bajo la fórmula de la dación en pago, un planteamiento al que se opusieron las acusaciones, que pidieron una valoración independiente de todos los terrenos del coto.

Sin embargo, a fecha de hoy, el perito judicial designado para realizar esa valoración sigue sin recibir la relación de las fincas que conforman la propiedad para poder valorarlas y, a partir de sus conclusiones, tramitar la liquidación, cuando menos parcial, de la indemnización.

"Con esas fincas se podría pagar parte de la indemnización, aunque esta ya no es de 25,49 millones de euros porque habría que aplicarle el interés legal del dinero", señala el escritor Víctor Pardo Lancina, de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Huesca.

Efectivamente, en esos siete años y dos meses transcurridos desde la sentencia el interés legal del dinero ha elevado en algo más de cinco millones de euros la cuantía de la indemnización, que ahora se situaría en 30,59, como puede comprobarse en cualquier calculadora de intereses.

En septiembre de 2021, fecha de la última actualización efectuada por el juzgado, el rey del carbón había entregado un total de 45.423,16 euros, lo que situará la cuantía pendiente en algo más de treinta millones y medio de euros una vez sea oficialmente actualizada.

Riesgos ambientales por las cabras alóctonas

Todavía queda algún otro fleco pendiente de resolver, entre los que destaca el ambiental, que parece entrañar algunos riesgos para la zona en la que se encuentra el llamado coto de Bastarás, en el que se halla la cueva de Chaves.

El Tribunal Supremo avaló la orden por la que el Gobierno de Aragón decidió en 2009, con el proceso judicial ya en marcha, suspender la autorización del coto y eliminar las vallas que lo rodean.

El coto ya no aparece en la relación de espacios cinegéticos del Gobierno de Aragón, aunque la valla sigue instalada y nadie sabe a ciencia cierta si en los terrenos siguen viviendo los arruís o cabras africanas, llevados allí hace dos décadas con el objetivo de matarlos en batidas de caza.

"No se puede acceder a una finca que debería ser pública, y al mismo tiempo hay un riesgo latente si esa valla se abre y comienzan a salir al monte ejemplares de especies alóctonas", apunta Pardo Lancina.

Restos arqueológicos para represar un barranco

"No sabemos qué está pasando dentro, ni si Fimbas está explotando económicamente la finca", anota Vilellas, que recuerda que en ella hay otros tres abrigos rocosos, conocidos como Solencio I, II y III, que han sido declarados Bien de Interés Cultural, "y eso obliga a abrirlos al público un mínimo de cuatro días al mes".

La cueva, un abrigo rocoso de 3.000 metros cuadrados orientado hacia el levante y que se ubica en el barranco de Solencio, dotado de un microclima que favoreció su población por el hombre hace 9.000 años, se considera el principal yacimiento europeo sobre la fauna neolítica, a lo que se suma el ser clave también para estudiar la vida del hombre en esa época.

Datada de la primera mitad del siglo XIX y declarada BIC autonómico desde 2003, además de formar parte del entorno del arte rupestre mediterráneo que la Unesco declaró patrimonio de la humanidad, fue excavada por vez primera en los años 70.

Quedaban por explorar 115 de sus 225 metros de profundidad cuando, en 2007, eran extraídos sin permiso ni supervisión más de mil metros cúbicos de tierra de valor arqueológico y otros tanto de otro nivel, parte de los cuales fueron utilizados para desviar un barranco, al tiempo que se movían rocas y se instalaban comederos para habilitarla como establo de cabras, autóctonas y alóctonas, de ciervos, de corzos y de gamos.

"El 80% del suelo que queda es investigable, y todavía es posible indagar los restos con los que se fabricó la represa", señala Pardo; aunque, obviamente, para que eso ocurra sería imprescindible poder acceder a la finca, y eso es algo que sobre lo que solo pueden pronunciarse el propietario, el juzgado y el Gobierno de Aragón.