La presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y codirectora de 'Público', Virginia Pérez Alonso, ha denunciado "el deterioro de la libertad de expresión en España en los últimos años", en el marco de su intervención este miércoles en la Conferencia global sobre Derechos Humanos que se está celebrando en Túnez con participantes de 115 países, la 'RightsCon'.

Según ha informado la plataforma, Pérez Alonso ha intervenido en el panel dedicado a la legislación sobre terrorismo en Europa y el resto del mundo -en particular la destinada a regular la difusión de contenidos terroristas online-, y su impacto en la libertad de expresión, que ha sido moderada por Joan Barata, jurista experto en esta materia en Stanford, asesor de diversos organismos internacionales y miembro también de la PDLI.

La presidenta de la PDLI ha explicado que el caso de España es "especialmente significativo para demostrar cómo una normativa demasiado abierta termina siendo utilizada para acallar discursos críticos y no para combatir actos violentos".

Así, ha recordado los casos de los integrantes de un grupo vegano que fueron juzgados por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales por proclamas como 'Goku vive, la lucha sigue', y que fueron enviados a prisión por, supuestamente, integrar una organización criminal de "radicalizada ideología anarquista". También ha comentado las condenas del líder del grupo musical Def con Dos César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el colectivo de rap La Insurgencia.

Para la PDLI, además del propio análisis de la norma, "los hechos demuestran que la regulación de los delitos terroristas, y la existencia de delitos de opinión, en España carece de los requisitos básicos que los estándares internacionales de DDHH exigen para este tipo de normativa: proporcionalidad y concreción, principalmente".

En cuanto al Reglamento Europeo sobre difusión de contenidos online, que no llegó a aprobarse por las elecciones, la PDLI "comparte las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos digitales europeas, a pesar de que, en su tramitación final, se hayan logrado eliminar algunos de sus aspectos más amenazantes para las libertades".