La Federación Plataforma Trans y el Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya han solicitado por escrito a la Fiscalía General del Estado que investigue de oficio diversas actuaciones del partido Vox y manifestaciones de sus dirigentes por si constituyen "delitos de odio". "Si así fuese valorado a tener de la ley, exhortamos a que se proceda a la ilegalización de la formación política Vox", exigen en el escrito.

Este documento ha sido registrado en Fiscalía este miércoles antes de que la Fiscal General del Estado, María José Segarra, recibiera a los presidentes de ambas organizaciones, Mar Cambrollé y Eugeni Rodríguez, que durante la reunión han detallado a la Fiscal General "las constantes y reiteradas actuaciones de la formación política Vox en contra del colectivo LGTBI". Estas suponen, en opinión de estas organizaciones, "una vulneración de la Constitución Española, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales".

"El odio es odio y no puede ser libertad de expresión", ha sentenciado Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, en la puerta de la sede de la Fiscalía ante los medios de comunicación. "Nunca pueden ser lícitos en un Estado de Derecho y democrático los discursos de odio porque tienen una incidencia social que se convierten en agresiones en las calles y en acoso en las escuelas", ha explicado.

En ese sentido, el presidente del Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya, Eugenio Rodríguez, ha responsabilizado a la formación de Santiago Abascal de "reforzar" un "ideario" homófobo que promueve agresiones físicas contra personas LGTBI.

Para Rodríguez, en el "auge de las agresiones al colectivo LGTBI" en Cataluña, que casi alcanzan el centenar este año según el recuento de su organización, ha incidido la irrupción de Vox. "Sin duda se está generando un cojín ideológico en el imaginario de muchos jóvenes que antes no tenía y que es un refuerzo para salir a inculcar los derechos de las personas LGTBI", ha asegurado.

"Las leyes no son una subasta"

En el escrito presentado en la Fiscalía General del Estado, las dos organizaciones enumeran las peticiones de Vox en los parlamentos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid en las que solicitaban los nombres y apellidos de trabajadores de organismos contra la violencia de género, o de colectivos LGTBI que han impartido charlas sobre diversidad sexual y de género en centros educativos.

Además, la petición a la Fiscalía recuerda las "manifestaciones públicas sobre la intención de abolir la ley de violencia de género o de derogar las leyes trans y LGTBI aprobadas en las diferentes comunidades del Estado español" que atribuyen a Vox, y que en opinión de estos dos colectivos suponen una vulneración de la Constitución española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Las leyes no son una subasta. Los derechos son para siempre y no se pueden negociar ni quitar. Que Vox tenga muy claro que nos va a tener enfrente siempre y que no vamos a permitir que se discuta un ápice nuestros derechos", ha afirmado Eugeni Rodríguez.

Para la presidenta Federación Plataforma Trans, existen "herramientas legales" para actuar contra Vox que la Fiscal General del Estado podría poner en marcha. Además, ha pedido a María José Segarra que "evalúe si es posible" la ilegalización de la formación ultraderechista o que inste al partido a "modificar sus estatutos y conductas".